Algunas preocupaciones del expresidente Uribe con respecto a la economía

Presidente Juan Manuel Santos, expresidente Uribe y alias Timochenco.

Modificar acuerdos para evitar riesgo de incumplir a Farc o afectar competitividad de la economía y del sector privado

La economía colombiana muestra indicadores preocupantes en endeudamiento, déficits fiscal y de cuenta corriente, y caída de la inversión privada, además atemorizada por los elevados impuestos.

Se desconoce la cifra de gasto público adicional por año que se derivaría de los acuerdos con Farc, sin embargo, algunos funcionarios del Gobierno, estiman algo cercano a un punto del PIB.

Los acuerdos además desmotivan la inversión. Traen más impuestos, más organismos del Estado, más de 20 nuevos casos de consultas a las comunidades, etc.

Sin vigorosa inversión privada es imposible producir los recursos para cumplir a Farc.

Por eso hemos propuesto que los compromisos económicos con Farc se cumplan en la medida que la situación fiscal-financiera lo permita, sin afectar la regla fiscal, la competitividad del sector privado y su confianza.

Hemos propuesto que el Estado disponga de facultades para tomar decisiones cuando haya transcurrido un tiempo prudente de las consultas comunitarias. Solamente hay petróleo y gas natural para 5 o 6 años, y más grave, la exploración está reducida a mínimos.

Haciendo a un lado que se negocie el futuro del campo con la Farc que ha sido uno de sus verdugos, el acuerdo necesita modificaciones. La seguridad alimentaria, dada la creciente demanda mundial, no se garantiza con una economía pequeña de estado gigante.

El acuerdo no debería incluir compromisos de impuestos prediales o de avalúos catastrales. Estos últimos, en lo rural, han pasado aproximadamente de 32 billones de pesos en 2002 a más de 150 billones en la fecha. Muchos incrementos han ignorado la productividad potencial y aplican un concepto de especulación inmobiliaria, contrario a la economía productiva.

En materia de expropiación no solamente se repite la norma existente sino que se agregan motivaciones de reparto, fracasadas en el pasado.

Las zonas de reserva campesina dejan de ser discrecionales para el Estado, su inclusión en los acuerdos y la obligación de regularlas con la comunidad, las hace imperativas. La congelación de la comercialización de inmuebles, dentro de su perímetro, que hoy existe, espanta la inversión.

La planeación imperativa del uso agropecuario causa más temores a la inversión.

En las materias anteriores, en restitución de tierras y en baldíos, se debe proteger a propietarios y poseedores honestos, cuya buena fe debe ser una exclusión de culpa, no desvirtuable.