Así fue como cayó el llamado gigante “Cerromatoso”

La derrotade un gigante, Cerromatoso.

Un verdadero impacto de grandes proporciones causo la sentencia T – 733 del 2017 a través de la cual la Corte Constitucional tuteló los derechos fundamentales a la consulta previa, a la salud y al disfrute de un medio ambiente sano de las comunidades indígenas y afros pertenecientes al Consejo Comunitario de comunidades negras de San José de Ure.

Desde el año 2012 estas comunidades decidieron emprender una batalla jurídica en contra de Cerro Matoso, esto como consecuencia de las múltiples afectaciones en salud y al medio ambiente que soportaban desde hacia mas de 40 años.

Es así como los representantes del Resguardo Indígena Zenú del Alto San Jorge y del Consejo Comunitario de Comunidades negras de San José de Ure interpusieron una acción de tutela ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, quien en primera instancia denegó la acción constitucional por considerarla improcedente, fallo este impugnado y que fue confirmado por el Consejo de Estado en segunda instancia.

En cumplimiento de la normatividad el Consejo de Estado envió la acción de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión, en principio esta no fue seleccionada por la Corte razón por la cual los tutelantes se vieron en la obligación de enviarle solicitudes al defensor del pueblo y a cada uno de los magistrados integrantes de la Corte Constitucional para que se insistiera en la revisión de los fallos de primera instancia habida consideración de la gravedad de la situación que se estaba presentando en el Alto San Jorge Cordobés.

La defensoría del pueblo muy a pesar de generar un informe defensoría donde dejaba expresa constancia de las ilegalidades sobre las cuales operaba la mina de Cerro Matoso, guardo silencio ante la solicitud de las comunidades para que insistiera ante la Corte Constitucional y así provocar la escogencia de la acción de tutela.

Muy a pesar de todas estas dificultades un magistrado de la Corte; el Doctor; Luis Ernesto Vargas Silva escucho el clamor de las víctimas de Cerro Matoso y presentó la insistencia, y es de esta forma como la acción de tutela interpuesta por las comunidades es seleccionada por la Corte para revisión.

La Corte Constitucional, máximo órgano de la jurisdicción constitucional del país encontró aberrantes situaciones al estudiar el fondo del asunto planteado; tales como que, la llamada licencia ambiental de Cerro Matoso no se ajusta a los estándares constitucionales, el principal instrumento de evaluación ambiental de Cerro Matoso DEMA (DOCUMENTO DE EVALUACION Y MANEJO), presenta graves ilegalidades, el DEMA tiene como fundamento un decreto declarado nulo por el consejo de estado hace 20 años, el DEMA pese a las inocultables irregularidades fue el principal instrumento de gestión ambiental durante mas de dos décadas de explotación minera.

De trascendental importancia y suprema gravedad fueron los resultados presentados ante la Corte por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses los cuales prueban la presencia de elevadísimos niveles de Níquel en sangre y orina en miembros de las comunidades étnicas vecinas de Cerro Matoso y que superan los estándares establecidos en el contexto internacional.

El dictamen de medicina legal probo además la existencia de las siguientes patologías: Neumoconiosis reumatoide, fibrosis pulmonar, cáncer, Irritación en fosas nasales, boca, faringe, laringe, globo ocular, tráquea, bronquios y pulmones, manifestaciones dermatológicas como brotes, manchas, rasquiñas, así mismo se encontraron granulomas, engrosamiento de la cisura, cardiomegalia, tuberculosis, ganglios linfáticos, colapso parcial y general de los pulmones, insuficiencias del corazón, tumor del tejido que cubren los pulmones, el corazón y el estómago.

El 41% de las personas examinadas por el Instituto de medicina Legal tenían afectaciones cutáneas, pero además enfatizó la gravedad de las alteraciones pulmonares destacando el cáncer.

Estimado lector; estos son solo pequeños apartes extractados de la histórica sentencia proferida por la Corte Constitucional la cual crea un verdadero precedente en materia de protección ambiental en nuestro país y que se profiere después de años de luchas de estas comunidades del sur de Córdoba; este fallo judicial pone de presente el fracaso del Sistema Nacional Ambiental.