Autonomía Territorial y Proyectos de la Nación

José Javier De La Hoz Rivero. Abogado Especialista en Derecho Ambiental Territorial y Urbanístico Magister en Derecho Ambiental y urbano Territorial josedelahoz@lawyersenterprise.com

El ordenamiento del territorio se refiere a las acciones que buscan el desarrollo armónico, equilibrado e integral de las distintas autoridades existentes al interior de un estado.  En Colombia la principal norma sobre el tema es la ley 388 de 1997 la cual actualizo la ley 9 de 1989 y ley 3 de 1991.

La ley 388 de 1997 establece los instrumentos que habilitan a los municipios para ordenar su territorio manteniendo un uso equitativo y racional del suelo teniendo siempre presente la preservación y defensa del patrimonio ecológico, esto a través de un conjunto de acciones políticas y administrativas que sumadas a las de planificación física buscan regularizar el uso del espacio teniendo siempre como determinante trasversal la conservación del medio ambiente.

En lo que se refiere a la autonomía territorial y los proyectos provenientes del gobierno nacional, debemos tener presente que la Constitución Política desde el articulo 1 nos enseña que Colombia es un estado social de derecho organizado en forma de república unitaria, descentralizada con autonomía de sus entes territoriales, en este orden de ideas, el modelo unitario de estructuración territorial adoptado por la Constitución nacional fija criterios y parámetros generales que deben respetarse en todo el territorio nacional, mientras que la autonomía salvaguarda las decisiones de las autoridades territoriales.

El desarrollo de estos principios se da por intermedio de la ley, la distribución de competencias entre la nación y los entes territoriales es regido por un conjunto de reglas que están orientadas a garantizar una adecuada articulación entre el principio unitario y la garantía del respeto de la autonomía territorial, en otras palabras, el principio unitario no puede ser usado para dejar de lado la autogestión ejercida por las autoridades territoriales, pero, la autonomía no puede ser aplicada de forma ilimitada de tal manera que termine anulando las competencias asignadas a las autoridades del orden nacional.

La ley 388 de 1997 determina las competencias en materia de ordenamiento territorial correspondiéndole a la nación el señalamiento de la política general y a los municipios les corresponde la adopción de los planes de ordenamiento territoriales.

En este orden de ideas mal podría el gobierno nacional imponer proyectos cualquiera sea su modalidad desconociendo el ordenamiento del territorio que previamente se efectuó en los municipios a través de los POT, no pueden seguir convencidos algunos funcionarios que el solo hecho de que determinado proyecto u obra este incluido por ejemplo en un documento CONPES es justificación para desconocer las normas de ordenamiento del territorio establecida por los municipios, la justicia nos viene dando la razón a quienes defendemos esta tesis legal.

Pero lo anterior, si bien es cierto la autonomía territorial implica un empoderamiento del municipio, no es menos cierto que el nivel de responsabilidad de los entes municipales al diagnosticar, formular y adoptar sus POT no es una tarea menor, por el contrario es la tarea básica y fundamental de los alcaldes que debe ser desarrollada con fundamentos técnicos.