Autonomía universitaria vs orden público

Abogado, Carlos Frasser- Columnista de Río Noticias.
Comparte en tus redes sociales.
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email

La autonomía universitaria está fundamentada en dos ejes de acción que permiten la realización material de su razón de ser; el primero de ellos tiene que ver con la autorregulación que se da en el contexto de la libertad de pensamiento y pluralismo ideológico del proceso educativo; y el segundo, está relacionado con los procedimientos de autogestión administrativa, es decir, la facultad que tienen las instituciones educativas para darse sus propios reglamentos y elegir sus autoridades.

El artículo 69 de la Constitución Política la consagra en los siguientes términos:

“Se garantiza la autonomía universitaria. Las universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley.”

La Jurisprudencia Constitucional la ha desarrollado en reiterados pronunciamientos del siguiente tenor:

Sentencia C-829-02, Corte Constitucional, M. P., Dr., Alfredo Beltrán Sierra. “(…) la autorregulación que a las universidades garantiza el artículo 69 de la Carta no podrá, en ningún caso prescindir de quienes integran la comunidad educativa (docentes, estudiantes, personal administrativo), y, en cambio, será indispensable establecer mecanismos internos que les permitan expresarse sobre todos los asuntos que interesan a la vida académica y administrativa de la universidad.

Así como la posibilidad de participar efectivamente en las decisiones correspondientes. Se abandona pues un criterio autoritario en la universidad para dar cabida de manera concreta al principio de la democracia participativa en los claustros”

La autonomía universitaria se erige entonces como, la facultad que tienen las instituciones de educación superior para autodeterminarse y autorregularse de conformidad con la visión y misión que quieran desarrollar en el marco del Estado Social de Derecho,en total concordancia con la estructura del Estado consagrada en el artículo 113 de la Constitución Política.

En consecuencia, a pesar de su naturaleza constitucional y de su importancia jurídica y práctica, esta autonomía no es absoluta, tiene límites, por lo tanto, no es dable predicar un carácter absoluto de ella.

Lo anterior, en interpretación sistemática con las normas de policía y orden público, nos lleva a la convicción de que las fuerzas del Estado, en especial los agentes de la Policía Nacional, se encuentran constitucional y legalmente habilitados para ingresar a cualquier lugar del territorio nacional, incluyendo campus universitarios, para salvaguardar la vida y los bienes de los habitantes.

En este sentido, el literal v) del Art 163 código nacional de policía – ley 1801 de 2016 – prevé la posibilidad del ingreso de la Autoridad Policiva a inmueble sin orden escrita, en el evento en que “desde el interior de una casa o edificio se proceda por la vía de hecho contra persona o propiedad que se halle fuera de estos.”

Resulta obligatorio y representa un deber legal en cabeza de la Policía Nacional, extender su campo de acción a los predios que ocupan las universidades, y establecer planes de prevención e intervención en dichos inmuebles, en los eventos en los cuales se presenten actos ilícitos en su interior;bajo tratamiento igualitario al resto de las calles y predios de la Nación.

Viola la Policía Nacional las obligaciones que le imponen la Constitución y las Leyes de Colombia, si al ver que se comete un delito en los predios de una universidad o en sus inmediaciones, no actúa capturando a quienes cometen el delito.

La finalidad de la autonomía universitaria es la de evitar que el Estado, a través de sus distintos poderes, intervenga de manera ilegítima en el proceso de creación y difusión del conocimiento y no se trata de otorgarle inmunidad o impunidad a los delitos y a las alteraciones del orden público que se cometen en la misma o a los delincuentes que hoy día moran en la misma.