Buscan freno a contratos de prestación de servicios

Contratos

Raquel* es profesional y lleva cinco años como contratista de una entidad pública en Bogotá. Aunque es eficiente, tiene experiencia y conocimiento, sólo pudo acceder a su cargo por recomendación de un político. La meritocracia es un mito donde labora. Su sueldo es de $2 millones, que no sería malo si fuera empleada de planta. Sin embargo, está vinculada por prestación de servicios. Mientras sus compañeros reciben 15 salarios al año (primas y cesantías), tienen vacaciones y les descuentan 8,3 % por salud y pensión, ella recibe 10 sueldos y una larga lista de descuentos. (LEA: El plan para evitar otro carrusel de la contratación)

No le pagan seguridad social, primas, cesantías, festivos, incapacidades… nada. Eso sí, no puede colgarse con el pago de salud y pensión, porque eso retrasaría su sueldo. Como ante la ley es considerada independiente, debe pagar el 28,5 % de lo que gana por seguridad social, pero para no ver mermado su sueldo (ya que pagaría $570.000 al mes), cotiza como si ganara $800.000, para pagar sólo $228.000. En su dinámica sabe que trabaja gratis los dos primeros meses del año, mientras firma un nuevo contrato. Y cuando llega ese momento, debe conseguir prestados $1,4 millones para las estampillas, $90.000 para una póliza y $200.000 para comprarle al político que la recomendó unas boletas (que nadie se gana), para apoyar a su partido. (LEA: Advierten “graves irregularidades de contratación” en alcaldías locales de Bogotá)

Al final, en promedio, recibe $1,3 millones netos, que están acompañados de la zozobra de saber que en cualquier momento podría quedar desempleada. El temor incrementa en época electoral, cuando la obligan a asistir a reuniones, a recoger firmas u organizar encuentros en su casa, que debe financiar con su salario. Su historia es la de miles de contratistas no sólo del Distrito, sino de todo el país. Lo grave es que el contrato de prestación de servicios se ha vuelto tan frecuente que, incluso hoy, por cada empleado de planta hay hasta cinco contratistas en esta situación.

De acuerdo con la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), al menos el 62 % de los trabajadores que laboran en entidades públicas son contratistas. Lo que sustenta el reciente llamado de atención de la Corte Constitucional: “El uso indiscriminado de contratos de prestación de servicios constituye una violación sistemática de la Constitución”, indicó hace menos de un mes el alto tribunal.

La Corte agregó que “los poderes públicos han usado de forma abierta y amplia la figura del contrato de prestación de servicios para enmascarar relaciones laborales y evadir el pago de prestaciones sociales, desconociendo así las garantías especiales de la relación laboral que la Constitución consagra, dejando de lado, además, la excepcionalidad de este tipo de contratación”.

No es la primera vez que la Corte Constitucional se pronuncia frente al tema. En 2009, por medio de la Sentencia C-614, el alto tribunal prohibió los contratos de prestación de servicios para los trabajadores que tengan funciones de carácter permanente. De esta manera “se impide que se oculten verdaderas relaciones laborales y se evita que se desnaturalice la contratación estatal, pues el contrato de prestación de servicios es una modalidad de trabajo con el Estado de tipo excepcional, concebido como un instrumento para atender funciones ocasionales”

La acción popular

Para tratar de cambiar esta situación, Jorge Enrique Buitrago, vicepresidente de la organización sindical Asoméritos (defensores del mérito del Estado colombiano), radicó una acción popular que fue admitida el 10 de julio por un juzgado administrativo de Bogotá. Su meta es que no se abuse de este tipo de contratos, y menos en detrimento de los ciudadanos. Para el accionante, este tipo de contratación se ha convertido en una forma de “explotación laboral y política”.

Antes de la acción popular, Buitrago le había solicitado al Distrito que ampliara su planta de personal, que se publicaran las vacantes de carrera administrativa y las de contratación mediante prestación de servicios, y que se creara un banco de elegibles para contratistas, producto de mecanismos de selección transparentes, para que cada entidad elija en caso de vacancia. A la petición, la Alcaldía le respondió exponiendo las leyes que explicaban los cargos de planta, los trámites para ampliarla y las normas que justificaban los contratos de prestación de servicios. Dijeron que la administración cumplía todos los requisitos formales.

Como no hubo acciones ni compromisos concretos, Buitrago presentó la acción popular que está en trámite e hizo solicitudes puntuales: formalizar a los contratistas que llevan más de tres años vinculados a través de esta figura y que se reglamente la forma de vinculación de contratistas con meritocracia, “para garantizar la igualdad de oportunidades para los ciudadanos y que éstos puedan acceder a los cargos públicos” sin empeñar su dignidad, tranquilidad e independencia a un político.

La ley

Según la ley, el contrato de prestación de servicios se debe celebrar con personas naturales, siempre y cuando la tarea no pueda realizarse con personal de planta o se requiera a un especialista. La vigencia debe ser breve y excepcional, por la cual “no generan relación laboral ni prestaciones sociales, y se celebren por el término estrictamente indispensable”.

El Consejo de Estado ha dicho que estos contratos “son un instrumento especial de colaboración y no están previstos para ejercer funciones ordinarias de naturaleza pública ni para sustituir la planta de personal”. El Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) ha explicado que, si las funciones que desarrollará el personal a contratar son de carácter permanente, “la entidad debe adelantar los estudios técnicos para modificar la planta de personal y crear los empleos que se necesitan para cumplir su objetivo.

TOMADO DE EL ESPECTADOR