Cambio Climatico e Incorporacion de la Gestion del Riesgo en los Planes de Ordenamiento Territorial

El abogado José Javier de La Hoz.

El fenómeno de la Niña cambio la visión de cambio climático en Colombia; dejamos de ver este fenómeno como algo lejano y solo hasta que se presentaron los hechos acaecidos en el año 2011 entendimos que el ser humano es el centro y fin, este fenómeno afecto al 96% de los municipios del país, inundo más de un millón y medio de hectáreas, afecto más de 2300 edificaciones institucionales, al menos 500 acueductos, dejo 4 millones de damnificados y 486 personas muertas.

Es en este contexto se expide la ley 1523 del 2012 a través de la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el sistema nacional de gestión del riesgo de desastres luego se expide el decreto ley 019 del 2012 el cual en su artículo 189 estableció que la gestión del riesgo se debía incorporar a los planes de ordenamiento territorial, posteriormente se expidió el decreto 1807 del 2014 (compilado en el decreto 1077 del 2015) el cual incorporo las escalas y como se debe hacer la gestión del riesgo, pero también debemos sumar el documento CONPES 3700 del 2011 a través del cual se expidió la estrategia interinstitucional para la articulación de políticas y acciones en materia de cambio climático en Colombia.

Muchos aun se preguntan, ¿qué tiene que ver gestión del riesgo, cambio climático y planes de ordenamiento territorial?, la respuesta es que tienen que ver en todo¡¡¡, no podemos concebir o visionar nuestras ciudades sin planes de ordenamiento territorial adecuados, pero estos instrumentos de gestión territorial van mucho mas lejos de lo que en ocasiones se plantean los entes territoriales, los POT no son simples mapas o dibujos, son mas que eso; este instrumento de gestión es el que le va a permitir a los municipios una adecuada administración y gestión de su territorio, por una definición inadecuada de suelos de protección el municipio se puede ver expuesto a que se desarrollen proyectos urbanísticos en zonas bajo amenaza de riesgo y consecuencialmente se verán en la obligación de asumir cuantiosas condenas judiciales; recuérdese el caso del barrio Campo Alegre en la ciudad de Barranquilla.

Podemos definir el cambio climático como el proceso acelerado de calentamiento de la tierra producto de los gases de efecto invernadero.

No cabe la menor duda que el cambio climático es uno de los grandes retos que debemos asumir debido a sus causas y consecuencias globales, pero también por sus impactos regionales.

La evolución histórica y las proyecciones esperadas de la temperatura sugieren un aumento de la temperatura proyectado al año 2100 de entre 1 ºC y 3.7 ºC , con una alta probalidad de aumento de aumento mayor de 1,5 ºC y con escenarios extremos de hasta 4,8 ºC 2 . Pero no solo debemos mirar el cambio climático con un fenómeno global, en nuestras regiones debemos tener en cuenta las consecuencias locales, esas que se ven reflejadas en la vida diaria de las personas, es decir los cambios sutiles que afectan al ciudadano como son mares de leva, sequias, inundaciones, aumento del nivel del mar, campesinos que deben mover sus lugares de cultivo porque ya en determinados sitios no se produce lo mismo, playas que se reducen, etc.

Es en este contexto local que se debe incorporar el concepto de cambio climático a la ordenación del territorio, y esto se hace a través de la gestión del riesgo, no es un simple capricho, incluso existe expresa disposición legal que así lo dispone, articulo 39 de la ley 1523 del 2012.

En este orden de ideas es obligación de los entes territoriales adaptarse e incorporar, medidas de mitigación al cambio climático, entendida esta adaptación como un ajuste de la infraestructura para mejorar la capacidad de rescilencia de los territorios, es decir; una verdadera acción de adaptación y mitigación del cambio climático implica una seria revisión del ordenamiento territorial para así poder definir que tipo de infraestructura priorizar y así evitar los desastres que año tras año se repiten.

Ahora bien, en la ley 388 de 1997 conocida como la ley de ordenamiento territorial y la ley 1454 del 2011, a través de la cual se incorporaron normas orgánicas sobre ordenamiento territorial observamos que se establecen una serie de objetivos entre los que me permito destacar, el uso racional y equitativo del suelo, romover y velar por la prevención de desastres en asentamientos de alto riesgo, complementar planificación económica y social con la dimensión territorial.

Pero además de los objetivos mencionados se establecieron tres principios fundamentales como son: La función social y ecológica de la propiedad, la prevalencia del interés general sobre el particular y la distribución equitativa de las cargas y beneficios.

El decreto 1077 del 2015 (decreto 1807 del 2014) el cual reglamenta como ya se dijo la incorporación de la gestión del riesgo a los POT establece una serie de estudios que el ente territorial debe adelantar obligatoriamente; los estudios básicos que son los que se adelantan en el marco de revisión o formulación del POT, en estos se delimitan y zonifican las áreas de amenaza, de riesgo, pero además se establecen determinaciones encaminadas a establecer restricciones que se verán concretadas a través de la expedición de normas urbanísticas, estos estudios básicos permiten determinar donde priorizar estudios mas detallados.

La norma obliga también a unos estudios detallados que son aquellos que se adelantan en la implementación del POT, estos están orientados a establecer la categorización del suelo y a señalar y establecer las medidas de mitigación, estos estudios se deben priorizar conforme a la identificación que se debió llevar a cabo en el desarrollo de los estudios básicos.

El ente territorial debe establecer normas encaminadas a orientar y regular el uso del suelo, esto como ya se dijo a través de normas urbanísticas, pero también a través de socialización y concientización basados en los principios de responsabilidad y precaución, pero también establecer medidas físicas entendidas estas como obras para atender las condiciones de riesgo existentes.

En conclusión la normatividad sobre cambio climático y su incorporación al ordenamiento territorial a través de la gestión del riesgo es abundante, y no podría ser menos en un tema de tal importancia pero que desafortunadamente en ocasiones no se le da la trascendencia que este amerita.