Casa por cárcel para Oneida Pinto

La exgobernadora de la Guajira, Oneida Pinto, podrá enfrentar el juicio por corrupción desde su casa. La decisión la tomó en las últimas horas un juzgado de Soacha (Cundinamarca), que ordenó la detención domiciliaria para la exmandataria departamental, por ser madre cabeza de familia. El funcionario judicial pidió también investigar al fiscal del caso por no asistir a las diligencias que se programaron para tomar esta determinación.

Pinto, quien se encuentra recluida en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá, es procesada por las supuestas falencias halladas en un contrato por $18.600 millones, el cual celebró días antes de renunciar a la Alcaldía del municipio de Albania para postularse como candidata en las elecciones para la Gobernación de La Guajira.

En desarrollo de la investigación sobre los contratos celebrados por la Alcaldía, el ente investigador evidenció irregularidades en los convenios interadministrativos No. 008 y No. 004, con adición No. 001, que fueron suscritos con la ESE Hospital San Rafael de Albania, cuyo objetivo principal era la reducción de la mortalidad infantil en el municipio. Sin embargo, los convenios fueron ejecutados parcialmente, sin que se cumpliera a cabalidad el objetivo para el cual habían sido suscritos.

También estableció la Fiscalía, que en el proceso de ejecución de estos convenios se designaron diez coordinadores, quienes, a su vez, subcontrataron con aproximadamente 1.600 personas para la materialización de la mencionada obligación contractual.

Los subcontratados presuntamente recibieron la suma de $1.200.000 cada uno, para la ejecución, que consistía en dictar charlas y visitas a madres gestantes, lactantes y adelantar jornadas de vacunación. “Entre estos últimos había personas que no tenían el perfil ni la idoneidad requerida para el desarrollo de los programas, como albañiles, mecánicos, técnicos en sistemas, entre otros”, según reveló la Fiscalía.

Por estos hechos, ya son procesados varios servidores públicos, entre ellos el exalcalde Yan Keller Hernández, quienes habían estado en el periodo de los convenios y nueve particulares que subcontrataron para la coordinación de los programas. Él, además, había sido subordinado de Pinto.

En contra de la exgobernadora Pinto Pérez continúa otro proceso por su supuesta autoría en las amenazas en contra del exsuperintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez, cuando fungió como gobernador encargado de La Guajira después que la Sección Quinta del Consejo de Estado anulara la elección de Pinto por considerar que se presentó una violación al régimen de inhabilidades.