Cese al fuego con Eln debe ser hasta elecciones de 2018, según la MOE

Después de que se conociera el anuncio del cese al fuego bilateral entre el Gobierno y el Eln, la Misión de Observación Electoral dijo que este debe extenderse, y no terminar el próximo 12 de enero, como se acordó, sino comprender también las elecciones que se realizarán el próximo año. Según la MOE, así se garantizarían unas “elecciones más pacíficas”.

Alejandra Barrios, directora de la misión, afirmó que “para nosotros sería muy importante que el cese bilateral fuera extensivo hasta la segunda vuelta de las elecciones presidenciales”. Dijo, además, que esto se justificaba en el hecho de que, cuando el Eln declaró el cese al fuego unilateral durante la jornada del plebiscito en octubre de 2016, “quizá tuvimos las elecciones más pacíficas en las últimas décadas”.

Pero no tomó solo como ejemplo el plebiscito de 2016, sino que lo contrastó con las elecciones presidenciales de 2014 y las regionales de 2015. En la segunda vuelta de los primeros comicios, el Eln, explicó la MOE, decretó un paro armado en el sur del Chochó que afectó, entre otros, a los municipios de Istmina, Alto Baudó, Medio San Juan y Sipí, donde hubo quema del material electoral, bloqueo de vías y se bloqueó el acceso a centros de votación.

En las elecciones de alcaldes y gobernadores en octubre de 2015, relató también la misión, hubo “hostigamientos, ataques a la fuerza pública, retenes y quema de material electoral alterando antes, durante y después el proceso electoral”. Estos también afectaron a varios municipios de Chocó, además de Anorí (Antioquia), Morales (Bolívar), Güican (Boyacá) y El Tarra (Norte de Santander).

Por eso, la MOE, además de resaltar el cese al fuego, pidió que no fuera solo entre el 1 de octubre y el 12 de enero. Este acuerdo entre el Gobierno y el Eln se alcanzó al cierre del tercer ciclo de conversaciones entre ambas partes, que se están realizando en Quito (Ecuador).

Según Juan Camilo Restrepo, jefe del equipo negociador del Gobierno, este “no es un acuerdo sobre un silenciamiento de los fusiles, es también y, sobre todo, un acuerdo para ir aliviando las tribulaciones de la sociedad civil que es la que más duramente recibe los golpes”.

En ese sentido, el Gobierno se comprometió a mejorar el sistema de alertas tempranas para prevenir ataques a líderes sociales, poner en práctica un programa de tipo humanitario para la población carcelaria, ejecutar la ley que despenaliza la protesta social y escuchar las opiniones de los distintos sectores sociales sobre estos diálogos. Por su parte, la guerrilla se comprometió a suspender todos los secuestros, frenar los ataques a los oleoductos y demás infraestructura, no reclutar menores ni instalar minas antipersonales.

Tomado de El Espectador.