¿Colombia demandada por proteger caño cristales?

El titular de un diario de circulación nacional publicado esta semana decía; “Millonaria demanda a Colombia por proteger caño cristales” , sea lo primero advertir que si en realidad el objetivo de las autoridades ambientales fuera proteger caño cristales; nunca y bajo ninguna circunstancia se hubiese expedido el acto administrativo contentivo de la licencia ambiental que autorizo a la empresa Hupecol a adelantar actividades de exploración petrolera, la millonaria demanda no nace precisamente por el animo de proteger el área de conservación ambiental; por el contrario la demanda tiene su origen precisamente en la irresponsabilidad de la autoridad ambiental que otorgo la licencia; es de esta circunstancia que se desprende la probable responsabilidad patrimonial del estado; si te otorgo una licencia ambiental te genero derechos adquiridos y si luego te la revoco; obviamente el particular va a reclamar sus derechos vía judicial.

La compañía Hupecol; reclama del estado una suma que asciende a mas de $83.000. mil millones de pesos por concepto de lo que ella considera perjuicios que se le causaron como consecuencia de la revocatoria de la licencia ambiental en la que se autorizaba la exploración de 150 pozos petroleros en la sierra de la macarena.

La licencia ambiental fue otorgada por la ANLA a través de resolución Nº 0286 del 18 de marzo del 2016 en este acto administrativo se autorizaba a la compañía Hupecol Operating LLC CO para adelantar el proyecto denominado “Area de Interés de Perforación Exploratoria Serranía” ubicado en la Macarena en el meta y San Vicente del Caguan en el Caquetá.

Caño Cristales es conocido en el mundo entero como el rio de los 7 colores ubicado en un ecosistema privilegiado que podría verse afectado por las actividades exploratorias autorizadas por la ANLA, otros opinan que como quiera que las actividades que pretendían desarrollar se encontraban a 68 Kilómetros de caño cristales no se causaría ningún daño.

La discusión que se genero por este tema puso en evidencia la total descoordinación de las entidades del sistema nacional ambiental, por cuanto la Agencia Nacional de Licencias Ambientales autorizaba el proyecto contrariando o desconociendo como lo manifestó el director de la entidad, el plan de manejo integral de la zona de la macarena , documento técnico este elaborado por la autoridad ambiental regional, Cormacarena, obviamente con este tipo de situaciones se genera inseguridad jurídica al inversionista privado quien después de un largo proceso de licenciamiento ve frustradas sus aspiraciones económicas, no obstante, reitero , situación esta que se genera no por tratar de proteger el medio ambiente, estas se generan por la irresponsabilidad de algunas autoridades al autorizar proyectos desconociendo la normatividad.

Ahora bien; si bien es cierto se había expedido una licencia ambiental que autorizaba unas actividades, licencia esta que luego fue revocada por la misma autoridad ambiental que la había expedido; no es menos cierto que la Corte Constitucional en Sentencia de Constitucionalidad C – 293 del 2002 nos enseña lo siguiente: “no se violan los artículos constitucionales mencionados por el actor (trabajo, propiedad, derechos adquiridos), si, como consecuencia de una decisión de una autoridad ambiental que, acudiendo al principio de precaución, con los límites que la propia norma legal consagra, procede a la suspensión de la obra o actividad que desarrolla el particular, mediante el acto administrativo motivado, si de tal actividad se deriva daño o peligro para los recursos naturales o la salud humana, así no exista la certeza científica absoluta. Una teórica discusión jurídica en materia ambiental, sobre cuáles derechos prevalecen, la resuelve la propia Constitución, al reconocer la primacía del interés general, bajo las condiciones del artículo 1º. Al señalar que la propiedad privada no es un derecho absoluto, sino que “es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica” (art. 58, inciso 2). Además, señala la Constitución, que el Estado debe “prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados.” (art. 80). Así mismo, establece dentro de los deberes de la persona y del ciudadano la obligación de “proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano” (art. 95, ordinal 8)”

En ese orden de ideas; la jurisprudencia constitucional le da un fuerte argumento al estado Colombiano para que se defienda ante las pretensiones planteadas por la empresa demandante; esperemos que el equipo de la defensa ejerza una defensa acorde a la importancia y magnitud del litigio que se plantea.