Comunidades étnicas dicen ser “excluidas” en el posconflicto

En un comunicado suscrito por varias organizaciones, la Comisión Étnica para la Paz y la Defensa de los Derechos Tradicionales alertó sobre “exclusión de los pueblos étnicos del proceso de implementación del Acuerdo Final de Paz con graves consecuencias para los derechos conquistados, en particular los derechos territoriales”.

La alerta surgió, porque, según las comunidades étnicas, la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación de la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI) la aprobación de un plan marco para la implementación, como se fijó en La Habana. En ese plan se debe contemplar “indicadores específicos que permitan identificar y medir avances en políticas públicas, programas y reformas que respondan a las necesidades y derechos particulares de los pueblos étnicos”.

El problema es que tales indicadores no estarían siendo contemplados. Tal situación podría en riesgo de que el plan no incluya “resultados estructurales para los pueblos étnicos, que hemos sufrido los impactos desproporcionados del conflicto”. La preocupación de las organizaciones que conforman la comisión étnica es que esta situación deje sin piso los programas y recursos dirigidos a la reparación de las víctimas.

También llaman la atención sobre el hecho de que las próximas decisiones de la CSIVI haría que en el postacuerdo se incremente “el trato desigual y discriminatorio que han sufrido y continúan sufriendo nuestros pueblos”. Por eso, calificaron la actitud del Gobierno de ser “racista, excluyente y violatoria de los pueblos étnicos, mediante la no implementación del capítulo étnico en el cual está representada nuestra propuesta de paz con enfoque de derechos étnicos”.

Pero las críticas de la comisión étnica no se centraron solo en lo que pasa en la actualidad. Recordaron, por ejemplo, que durante los diálogos entre el Gobierno y las Farc en La Habana tuvieron que “empujar la puerta en el último minuto para incluir el Capítulo Étnico”, lo mismo que, dicen, está pasando en el fast-track, donde además se está “violando el derecho a la consulta previa, libre e informada”, pues el Gobierno, en su opinión, está ejerciendo una “especie de apartheid frente a lo étnico”.

Entre algunas de las organizaciones que suscribieron el comunicado están: la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), las Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia – Gobierno Mayor, el Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano (CONPA), la Autoridad Nacional Afrocolombiana (ANAFRO), la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (ACONC) y la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (AFRODE).

Tomado de El Espectador.