Con audios, chats y fotos, Otto Bula entregó a ‘Ñoño’ Elías

Para obtener una rebaja sustancial e inmunidad penal de un pariente, el exsenador Otto Bula decidió entregarle a la Fiscalía la que puede ser la prueba reina contra senadores, excongresistas y empresarios que se lucraron con los sobornos de la multinacional Odebrecht.
Se trata de un segundo teléfono celular con el que Bula grabó conversaciones, tomó fotos de cheques y archivó decenas de chats con todos los involucrados en la millonaria repartija de coimas, incluido su examigo, el poderoso senador de Sahagún, Córdoba, Bernardo ‘Ñoño’ Elías.

El iPhone guardaba, además, los contratos que Odebrecht le hizo firmar a Bula y la Fiscalía obtuvo los que su primo Mauricio Bula suscribió a través del exbanquero Eduardo Zambrano, para mover las coimas.

La información consignada en el aparato –16 gigas de datos–, sumada a las declaraciones de ejecutivos de Odebrecht y a las que Bula viene entregando, le permitió a la Fiscalía establecer que fueron 84.000 millones de pesos los que se pagaron en Colombia para la adjudicación de la Ruta del Sol II, en el 2009, y por el otrosí de la Ocaña-Gamarra, en el 2014.

La evidencia fue suficiente para compulsar copias a la Corte Suprema, que, además de ‘Ñoño’ Elías, investiga a los congresistas Musa Besaile y Antonio Guerra, así como al exparlamentario Plinio Olano.

Pero el escándalo, que esta semana sacudió el Congreso, no se detiene. El viernes, Luis Fernando Andrade, presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), uno de los funcionarios estrella del gobierno Santos, fue llamado a imputación de cargos por interés indebido en la celebración de contratos.

En marzo pasado, EL TIEMPO reveló que varios de los investigados por este escándalo visitaban su despacho, entre ellos el senador ‘Ñoño’ Elías. Entre enero del 2013 y agosto del 2015 estuvo en cinco ocasiones preguntando por varios proyectos, entre ellos el de la vía Ocaña-Gamarra.

A Andrade lo enredan los chats que intercambió con el senador de Sahagún y un par de reuniones privadas que Bula monitoreaba. Una de ellas, con el chef de Otto Bula a bordo.

Aunque Andrade asegura que nunca accedió a presiones y que la vía Ocaña-Gamarra se ajusta a las exigencias técnicas y legales, la Fiscalía considera que en ese contrato, por más de 900.000 millones de pesos, se incluyeron cláusulas hechas a la medida del concesionario privado, como la inclusión de al menos dos peajes más de los que técnicamente estaban justificados y mayores valores por kilómetro/obra, en comparación con otras licitaciones.

Lo que los fiscales tienen claro es que los interesados en favorecer a Odebrecht usaron al asesor del presidente de la ANI y su enlace en el Congreso, Juan Sebastián Correa, para llegar hasta él.

La Fiscalía considera que lograron ese cometido; de allí el cargo contra Andrade por interés ilícito en la celebración de contratos, que en plata blanca significa que un funcionario, por acción u omisión, buscó favorecer intereses de un contratista.

El mismo viernes, Andrade aseguró que en seis años en el Gobierno no ha hecho “nada diferente a buscar el desarrollo de la infraestructura del país, de forma transparente”.

Y en el caso puntual de la obra Ocaña-Gamarra, agregó que “se tomó un especial cuidado de hacerlo dentro del marco de la ley”.

Pero la Fiscalía sostiene que por ese negocio Odebrecht pagó no solo los 4,6 millones de dólares de Bula, sino 34.653 millones de pesos con contratos fantasmas.

Por ahora, la situación más compleja es la del asesor Correa, quien se convirtió en la ficha de Bula dentro de la ANI: mientras le entregaba información privilegiada, movía hilos en favor de los brasileños. Su situación es tan difícil que sondea un posible arreglo con la justicia.

“Inicialmente, el Departamento de Justicia habló de 11,5 millones de dólares en sobornos. Sin embargo, esa cifra tan solo corresponde a giros desde Odebrecht Brasil. Pero ya está probado que su filial en Colombia también desembolsó dinero a través de contratos ficticios y pagos a familiares de los involucrados”, le explicó a EL TIEMPO el fiscal Néstor Humberto Martínez.

TOMADO DE EL PAÍS.