¿Contra quién apuntaría Otto Bula?

Otto Nicolás Bula Bula está listo para contar todo lo que sabe con respecto al escándalo de corrupción de Odebrecht en Colombia. Desde su captura, el exsenador ha estado negociando con la Fiscalía para firmar un principio de oportunidad en el que, para recibir beneficios en la reducción de su pena, estaría dispuesto a testificar en contra de 18 personas. De 10 de ellas, Bula asegura haber sido testigo directo de los delitos, y del resto, le dijo a la Fiscalía que un tercero le contó sobre los supuestos sobornos.

conoció la lista completa en la que figuran personas como tres empresarios brasileños, un excongresista, dos senadores, cuatro empresarios, dos exfuncionarios de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), el gerente de la campaña reeleccionista de Juan Manuel Santos, entre otros. El acuerdo con Bula es que tiene que dar todos los detalles de cómo ayudó a que la multinacional ingresara el dinero para el pago de sobornos a funcionarios públicos y de cómo se relacionó con ellos y con particulares para repartir las coimas. ¿A cambio de qué? Un preacuerdo para que, por los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito y cohecho — por los que se puede pagar hasta 30 años de cárcel- sólo sea condenado a cinco años y medio de prisión. Además, la Fiscalía estaría negociando un principio de oportunidad por el delito de tráfico de influencias.

El senador Bula ya confesó que ingresó al país US$1 millón a través de empresas en el exterior, que recibió $200 millones por hacer esa “vuelta”. Para la Fiscalía, Otto Bula es uno de sus testigos estrella en la investigación. Según las pesquisas del ente investigador, el exsenador era el encargado de hacer los contactos entre los congresistas, funcionarios y empresarios para que Odebrecht se quedara con el contrato de la Ruta del Sol 2, sin licitación. De llegar a un pacto con la Fiscalía, sus declaraciones, una vez más, darán de qué hablar.

Bula confesó que fue contratado por Odebrecht para “pedalear” en el Congreso y el Gobierno para que se aprobara un nuevo contrato para la Ruta del Sol II de manera directa, es decir, sin licitación. Por eso, en su acuerdo se compromete a decir todo lo que sabe de los empresarios brasileños Eder Ferracuti, presidente de la Concesionaria Ruta del Sol, procesado por los delitos de concierto para delinquir agravado y lavado de activos; Amilton Ideaki, ejecutivo de la multinacional y a quien la Fiscalía también le imputará los mismos caros de Ferracuti, y Eleuberto Martorelli, expresidente de Odebrecht en Colombia, quien ya confesó que realizó pagos a las campañas presidenciales en 2014 y que tuvo relación con los exsenadores Bula y Plinio Olano, y con el senador “Ñoño” Elías. Los tres están en Brasil. (Eder Paolo Ferracuti y la vía del soborno).

El senador Bernardo Miguel Elías estaba en la mira de las autoridades desde que el expresidente de la ANI Luis Fernando Andrade le dijera a la Fiscalía que se reunió con el congresista para hablar sobre la licitación del contrato de la Ruta del Sol II, y porque en el celular de Bula encontraron varias conversaciones con el “Ñoño”. El 26 de julio pasado, el ente investigador le pidió a la Corte Suprema que investigara si Bula cometió el delito de tráfico de influencias y si sabía del pago de sobornos por parte de Odebrecht. Varios testigos ya le confesaron a la Fiscalía que el “Ñoño” habría recibido por lo menos $1.600 millones para conseguir que la empresa brasileña se quedara con el contrato. Bula fue clave en el enlace entre los brasileños y el “Ñoño”, quien fue capturado por este caso. Hasta ahora es el primer congresista en la cárcel.

Son cuatro los empresarios que están en la lista del preacuerdo de Bula. El primero es Federico Gaviria, quien aceptó el pasado 21 de julio que fue el encargado de “estructurar” el pliego de condiciones en la licitación para beneficiar directamente a Odebrecht. Por otra parte, Eduardo Zambrano, quien era procesado por los mismos delitos que Gaviria —cohecho, concierto para delinquir, lavado de activos, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito— sólo aceptó el último, pero dijo que estaba dispuesto a colaborar con la justicia. Ambos fueron detenidos el pasado 18 de julio. En este grupo también están los dos representantes del consorcio Sion, Gabriel Dumar y Mauricio Vergara. Ambos ya fueron capturados y aceptaron haber prestado su empresa para canalizar los sobornos de Odebrecht.

Juan Sebastián Correa organizó la reunión entre el empresario Andrés Giraldo y Otto Bula, en la que supuestamente se entregó US$1 millónque tenía como destinatario Roberto Prieto, gerente de la campaña reeleccionista de Juan Manuel Santos. La Fiscalía ya le imputó los delitos de tráfico de influencias, uso de información privilegiada, abuso de la función pública, amenaza a testigo y falso testimonio. Pero no aceptó. Para los investigadores, lo que sucedió fue que Correa asumió un rol que su función pública no le permitía: convertirse en informante de Otto Bula y en un intermediario de Odebrecht ante la ANI para conseguir información relevante. Correa está preso en La Picota y comparte celda con Bula y el “Ñoño”.

La Fiscalía abrió una investigación preliminar al gerente de la campaña presidencial reeleccionista de Santos, Roberto Prieto, en la que se ha enfocado en probar si cometió el delito de fraude procesal o no. En abril pasado trascendió la noticia de que el ente investigador estaba listo para pedir una audiencia de formulación de cargos. Sin embargo, no ha sucedido. Prieto ya aceptó el pago de US$400.000 por parte de Odebrecht a la campaña presidencial de Juan Manuel Santos en 2010 para la impresión de unos afiches. Por este caso también es investigado el empresario Andrés Giraldo, amigo de Prieto y a quien Bula lo acusa de haber recibido US$1 millón para que se lo entregara a Prieto. La Procuraduría también lo investiga por 66 contratos que su empresa Marketmedios firmó entre 2011 y 2016 con 31 entidades del Estado.

El próximo 21 de septiembre, la Fiscalía imputará a Luis Fernando Andrade, director de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), el delito de interés indebido en celebración de contratos. De acuerdo con la investigación, Andrade habría participado en las irregularidades del otrosí para la construcción de la vía Ocaña-Gamarra en 2014, firmado entre la ANI y el concesionario de la Ruta del Sol II, que forma parte de Odebrecht. Andrade ha dicho que es inocente. Es más, el director de la ANI le manifestó a un fiscal de la Unidad Anticorrupción que no había recibido sobornos por parte de la empresa brasileña para beneficiarlos con la adición del contrato por $900 mil millones. Por este mismo caso Andrade ya tiene abierta una investigación disciplinaria en la Procuraduría.

El senador Antonio Guerra y Plinio Olano fueron mencionados por primera vez por las autoridades a finales de julio pasado, cuando el fiscal general anunció que con base en evidencias testimoniales y documentales recaudadas por el ente investigador iba a pedir a la Corte Suprema que los investigara junto con otros tres congresistas por presuntamente haber recibido dineros para beneficiar a Odebrecht. Los dos han negado haber tenido cualquier tipo de relación con la multinacional brasileña. Otro de los señalados de haber ayudado a Odebrecht en Colombia es el exministro de Transporte Miguel Peñaloza, quien le dará su versión de los hechos a la Fiscalía en los próximos días. (Bula testificaría en su contra como testigo directo).

Además de ser el representante legal de Odebrecht en Colombia, Arocha también ha sido uno de los principales testigos ante la Procuraduría y la Fiscalía desde que estalló el escándalo de los sobornos. El exprofesor de derecho de la Universidad Externado se encargó de tender los puentes con el Gobierno. Éste se vinculó a Odebrecht desde 1998 como abogado. De ahí pasó a ser asesor jurídico y luego director de esa dependencia, y en 2010 se convirtió en representante legal. Sobre los hechos de corrupción que rodearon la licitación del sector II de la Ruta del Sol en 2009, Arocha explicó que el entonces presidente de Odebrecht, Luiz Bueno, fue citado por el exviceministro de Transporte Gabriel García, para que le pagaran US$6,5 millones con el fin de asegurar la licitación.