El clan Úsuga y sus negociaciones

Con el reciente debut ante las cámaras del jefe máximo del clan del Golfo, Dairo Antonio Úsuga David, alias Otoniel, quedó sobre la mesa una petición que hace varios años viene haciendo ese grupo armado ilegal al Gobierno. El hombre más buscado del país, identificándose como líder de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), le reiteró su intención al presidente Santos de entregarse a la justicia. Sin embargo, el primer mandatario, quien aseguró que el Ministerio de Justicia y la Fiscalía están evaluando la situación, volvió a responderle que no hay posibilidad de que exista una negociación ni de darles el estatus político que esperan.

Esta petición no es nueva. Desde septiembre de 2013, el clan del Golfo ha intentado con vehemencia hacerse a este estatus para negociar con el Estado. La cúpula de esa organización ilegal estableció entonces sus estatutos, en los cuales señalaba que recurrían a las armas a raíz de los incumplimientos del Gobierno a los paramilitares desmovilizados. Otras razones serían la falta de garantías jurídicas y la ausencia de políticas claras para su reincorporación, o el exterminio al que, según ellos, se vieron sometidos durante su tránsito a la vida civil. Pero aclaran estar dispuestos a sentarse con el Gobierno. En 2015, la Fiscalía confiscó documentos de la organización que daban cuenta de las intenciones de negociar con el Gobierno a partir de 2018.

Sin embargo, algunos investigadores de este grupo, como Teófilo Vásquez, del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), señalan que las Agc están conformadas por varias estructuras narcotraficantes politizadas por quienes ostentan poderes locales. En un reciente informe del CNMH, Grupos armados posdesmovilización, coordinado por Vásquez, señala que una de las acciones a las que recurrió el clan para adquirir ese carácter político fue realizar paros armados como las guerrillas. El más recordado fue en abril de 2016, cuando lograron paralizar a 36 municipios de Antioquia, Chocó, Bolívar, Santander, Córdoba, Sucre y Norte de Santander por cerca de tres días. También han recurrido a los llamados “planes pistola” cada vez que las autoridades matan a uno de sus líderes. (Vea: “Saboteadores armados, la mayor amenaza de la paz”)

El más reciente fue en mayo pasado, cuando murió en combate con las autoridades Uldar Cardona, alias Pablito, líder del clan en Córdoba. La cúpula de esa organización habría ofrecido más de $2 millones por cada uniformado ejecutado. La consecuencia: diez policías terminaron muertos en ocho departamentos del país. Hace pocos días, cuando se anunció que alias Gavilán, número dos de la organización, también murió en enfrentamiento con la Fuerza Pública, se prendieron las alarmas por la posible puesta en marcha de un “plan pistola”.

Aunque empezó a circular un panfleto en el que supuestamente las Agc anunciaban ataques contra la Policía, la organización lo desmintió desde su cuenta de Twitter.En otro reporte reciente, de julio de 2017, la Fundación Ideas para la Paz (FIP) identificó que el clan del Golfo tiene un componente armado que opera en el Urabá, sur de Córdoba y algunas zonas del Bajo Cauca, y otro de “subcontratación”, distribuido en otras regiones del país, como Meta y Casanare. En diálogo con El Espectador, el coordinador del área de dinámicas del conflicto y negociaciones de paz de la FIP, Eduardo Álvarez, aseguró que es “muy difícil” dar un estimado de cuántas personas hacen parte de la organización. Aunque las cifras del Gobierno dicen que el clan tiene unos 1.900 integrantes, la FIP estima que la cifra podría llegar a los 3.500.

Tanto en el informe de la FIP como en el del CNMH se plantea que, por su conformación tan variada y “difusa”, ha sido difícil encasillar al clan del Golfo. También, por los diferentes nombres que ha adoptado y aquellos con los que las autoridades han tratado de denominarlo. Según los informes, por ejemplo, el Gobierno asegura que el clan del Golfo es un grupo armado organizado (GAO), por ende, puede ser bombardeado, y está asociado al crimen organizado y el narcotráfico. Por otra parte, para sectores de la academia y las ONG, lo que se podría estar gestando con este grupo es una tercera generación de paramilitares. “Trazar hoy una línea roja entre qué tan criminales o qué tan políticos son no parece ser una discusión muy fructífera, pues estos dos ejes continúan superponiéndose”, aseguró la FIP.

La génesis del clan del Golfo

Para entender sus orígenes hay que remontarse a 2006, cuando seguían las desmovilizaciones de grupos paramilitares durante el gobierno de Álvaro Uribe. En detalle, el 15 de agosto de 2006, en Unguía (Chocó), se desmovilizó Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario. Lo que se ha indagado es que, a finales de ese mismo mes, por orden del jefe paramilitar Vicente Castaño, Don Mario volvió a tomar las armas y ocupar los terrenos recientemente abandonados por los paramilitares en el Urabá. El entonces jefe de la casa Castaño veía con suspicacia el proceso de paz que se adelantaba con el Gobierno. En octubre de 2008 nacieron las Autodefensas Gaitanistas. (Lea: “El nacimiento de los Urabeños, según “Don Mario”)

En este rearme Don Mario estuvo acompañado por los hermanos Juan de Dios (muerto en un operativo de la Fuerza Pública en enero de 2012) y Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel. Incluso, antes de que Don Mario fuera capturado por las autoridades en 2009, no cesó en la búsqueda de caminos para negociar con el Gobierno. El clan del Golfo ha sido conocido igualmente como los Urabeños y el clan Úsuga, y mientras Eduardo Montealegre estuvo a la cabeza de la Fiscalía intentó encontrar mecanismos para negociar. Jorge Perdomo, su vicefiscal, fue designado como mediador con la gente de Otoniel ante una eventual rendición. Apenas ahora, cuando el propio Otoniel le escribió al presidente Santos, el tema vuelve a tomar forma.