El expediente de Santiago Uribe Vélez y la confirmación por su supuesta pertenencia a los 12 Apóstoles

Santiago Uribe Vélez. Foto: El Tiempo.

Detalles de la decisión que acaba de tomar la Fiscalía: confirmar la acusación contra el ganadero y hermano del expresidente Uribe, por su supuesta pertenencia a los 12 Apóstoles.

A Santiago Uribe Vélez se le agotaron los caminos legales para recorrer y evitar su llamado a juicio por supuestamente pertenecer al grupo paramilitar los 12 Apóstoles. Hace cuatro días, el 9 de junio, la vicefiscal María Paulina Riveros confirmó la decisión que el pasado 21 de octubre tomó un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia: acusarlo formalmente por los delitos de homicidio y concierto para delinquir. La Fiscalía quiere que sea un juzgado el que determine si el ganadero antioqueño hizo o no parte de los 12 Apóstoles, hasta dónde llegó su influencia sobre el grupo y cuál fue su responsabilidad frente a los crímenes que cometió esa organización ilegal en los años noventa.

Por lo general, los 12 Apóstoles siempre han sido tratados con un manto de duda, como si se tratara de un mito urbano. Para la Fiscalía, sin embargo, a estas alturas no hay ninguna duda de que este grupo paramilitar existió, que fue patrocinado con recursos de habitantes “prestantes” de Yarumal y Campamento (Norte antioqueño), que se alió con miembros de la Fuerza Pública y que, en especial, se dedicó a cometer asesinatos selectivos tanto de quienes consideraban “indeseables sociales” (drogadictos, vendedores de droga, prostitutas) como de supuestos auxiliadores de la guerrilla. Así lo reiteró la vicefiscal Riveros en su decisión, un documento de 165 páginas conocido por El Espectador.

Si algo se reitera con este documento es que el Estado sabía de los 12 Apóstoles desde su génesis. “En el acta del consejo de seguridad realizado el 12 de diciembre de 1995 (…) se hace alusión a la existencia de un grupo de ‘limpieza social’ en el municipio de Yarumal, el cual estaba causando zozobra y temor en la comunidad”. La oficina de Asuntos Especiales de la Procuraduría también dejó constancia desde el inicio de un grupo armado en Yarumal y de su connivencia con uniformados, quienes se involucraron incluso “utilizando sus propias armas de dotación y ocultando su identidad a través del uso de pasamontañas”. Y Santiago Uribe Vélez, han declarado testigos, era el “comandante” de los 12 Apóstoles.

Testigos acusadores 

Uno de los declarantes contra Santiago Uribe Vélez ha sido el agente de la Policía Alexánder Amaya Vargas. “Cuando salían a operar, Santiago se quedaba pendiente del radio y Rodrigo le daba los informes a él por radio, los resultados de los operativos. Santiago a todo momento andaba con una ametralladora Ingram dentro del carro. Era el jefe porque todos lo llamaban como el patrón y era el que coordinaba…”. Amaya señaló que él mismo había sido testigo de una reunión de los 12 Apóstoles: vio al padre Gonzalo Palacio —quien en 1997 fue absuelto de la investigación en su contra y hoy da misa en una parroquia de Medellín—, al oficial Juan Carlos Meneses, al “del restaurante San Felipe”, Álvaro Vásquez, y a Santiago Uribe Vélez.

Amaya era el escolta del entonces teniente Juan Carlos Meneses, cuando éste era el comandante de la Policía en Yarumal. La defensa de Santiago Uribe Vélez, sin embargo, ataca su testimonio con vehemencia. Señala que no tiene ninguna credibilidad, pues se trata de “una persona que desde 1996 —año en que declaró por primera vez como testigo protegido, identificado como ‘Código 002’— viene mintiéndole a la justicia colombiana (…) 22 mentiras le ha dicho a la justicia (…) sus declaraciones se encuentran direccionadas a obtener beneficios punitivos, en detrimento de la verdad y sobre todo de la justicia”, como argumentó ante el organismo investigador Jaime Granados, abogado de Santiago Uribe.

Aunque nadie lo afirma oficialmente, el mayor (r) Meneses es justamente la razón por la cual existe este expediente: en mayo de 2010, el oficial retirado y prófugo apareció en escena dando una entrevista al diario estadounidense The Washington Post en la que abiertamente denunciaba la supuesta relación entre Santiago Uribe Vélez y los 12 Apóstoles. En ese momento Álvaro Uribe Vélez, su hermano, todavía era presidente de la República, por lo que la pieza periodística causó una gran conmoción. Desde entonces, la defensa del ganadero antioqueño ha expresado una y otra vez que este expediente es “fraguado por la izquierda colombiana y sobre todo por sus contradictores políticos (de Álvaro Uribe Vélez)”.

Considerado testigo clave en el expediente de Santiago Uribe Vélez, el mayor (r) Juan Carlos Meneses se entregó a las autoridades en enero de 2014 en Cúcuta. Para la defensa del ganadero antioqueño, la Fiscalía pasó por alto sus antecedentes penales y los de Amaya, ambos procesados por el asesinato del conductor de bus Camilo Barrientos. “Resulta a todas luces desproporcionado descalificar lo manifestado por un declarante, basándose únicamente en haber tenido antecedentes judiciales (…) el análisis que se hace del testimonio y de quien lo rinde no es insular, sino en conjunto con todos los medios de prueba”, contestó la Fiscalía.

A Juan Carlos Meneses, un juez le acaba de negar su petición de acogerse a la Jurisdicción Especial para la Paz, por considerar que los crímenes en los que está involucrado no son por causa del conflicto sino de una retaliación personal, informó la revista Semana. Él le contó a la justicia que Santiago Uribe Vélez tenía en su finca La Carolina “un sitio de entrenamiento, tal como se puede encontrar en las guarniciones militares”; que recibió instrucciones precisas de parte suya, como trasladar de Campamento a Yarumal a Alexánder Amaya Vargas, con el fin de que siguiera trabajando para los 12 Apóstoles; que el ganadero hacía todo por medio de lugartenientes, y que le pagaba al grupo paramilitar $1’500.000 mensuales de la época.

Supuestamente, Santiago Uribe Vélez les dio dinero a Meneses y a su antecesor, el coronel retirado Pedro Benavides, “para omitir el cumplimiento de las funciones que legalmente les correspondían, permitiendo, en consecuencia, que se presentara una serie de homicidios selectivos en la región”. Benavides, sin embargo, le dijo a la Fiscalía que en una ocasión Meneses lo citó en Bogotá, pagando los tiquetes aéreos de su traslado, para presentarle a gente del cartel del Norte del Valle interesada en que él declarara “en contra de Álvaro y Santiago Uribe Vélez”. Benavides, como el propio Santiago Uribe, cree que las declaraciones de Meneses están motivadas “por fuerzas de izquierda, como contradictores políticos del expresidente”.

La Fiscalía, por su parte, sostiene que tiene entre sus manos un caso sólido, no sólo por los testigos directos, que van más allá de Amaya y Meneses, sino también por los testigos indirectos, como el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso. El 11 de mayo de 2016, desde una prisión federal de los Estados Unidos, Mancuso aceptó hablar del tema de los 12 Apóstoles, no sin antes manifestar su renuencia al respecto: “El desmovilizado de las Auc, Salvatore Mancuso (…) manifestó en esta investigación que la experiencia le ha enseñado que no es conveniente declarar en contra de los intereses del expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez”. Mancuso indicó que, por boca de Vicente y Carlos Castaño Gil, había sabido de la existencia de un grupo en el Norte antioqueño. Su propósito era “contrarrestar el accionar de los delincuentes que tenían afectados a ganaderos en la región, el cual era liderado, según lo escuchó de ellos (los Castaño), por parte de Santiago Uribe Vélez”. El exjefe paramilitar contó igualmente que era Rodrigo Pérez Alzate, alias Julián Bolívar, quien les vendía las armas a los 12 Apóstoles. Mancuso dijo que tal vez Uribe Vélez operaba bajo el alias del Mono Rodrigo. Pero Julián Bolívar, el señalado por Mancuso, indicó en un reconocimiento fotográfico a alguien más como el Mono Rodrigo.

El expediente de Santiago Uribe Vélez, por tratarse del hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez, tiene un componente tanto judicial como político. Uribe ha insistido hasta la médula en que la investigación es una represalia en su contra, una manera de buscar atarlo de manos. La Fiscalía, por su parte, a través de decisiones judiciales, documentos oficiales y pruebas, ha indicado que este es un expediente lleno de pruebas y testimonios, frente al cual tendrá la última palabra un juez de la República. Pronto se sabrá cuándo será la primera audiencia y entonces será el turno de la justicia para que ponga el punto final de esta historia.

Vía El Espectador –  

Foto: El Tiempo –