En un clínica de garaje empezó el ‘cartel de los enfermos mentales’ en Sucre

Foto tomada de Google.
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Tomado de EL HERALDO.

EL HERALDO conoció el fallo de la Contraloría contra el exgobernador de Sucre, Julio César Guerra Tulena.

Primero crearon una clínica de mentira con un capital de un millón de pesos. Luego cogieron pacientes de los hospitales con dolores de estómago, heridas en un dedo o embarazadas y los hicieron pasar como enfermos mentales y farmacodependientes. Después pusieron a médicos a registrar que los pacientes falsos habían sido hospitalizados y tratados y finalmente consiguieron auditores de cuentas que dejaran los números listos y de esta forma hacerse, entre 2013 y 2015, a la suma de $2.398 millones del Sistema General de Participaciones, que es la plata que la Nación envía a los departamentos y de las regalías, que son los recursos que pagan las compañías por explotar los recursos naturales en las regiones.

Así lo estableció la Contraloría al fallar fiscalmente en contra del ex gobernador de Sucre, Julio César Guerra Tulena, varios de sus funcionarios y el representante de la Clínica Nuevos Amaneceres, en el caso que todo el país conoce como el Cartel de los Enfermos Mentales.

EL HERALDO tuvo acceso a la decisión, de 169 páginas, y aunque está fechada desde el pasado 18 de enero de 2019, solo se dio a conocer a la opinión pública a mediados de julio pasado.

Julio Guerra Tulena, exgobernador de Sucre.

La condena es contra Guerra Tulena; gobernador entre 2012 y 2015; Nayibe Padilla, ex secretaria de Salud; Efraín  Suárez, ex secretario de Salud; Samir Serpa, líder del programa de auditoría; Oswaldo Contreras, auditor médico; Samuel Palencia, médico; Jorge Ramírez, médico; Nadín Farak, auditor de cuentas; Ana Vergara, profesional de autorizaciones; a la Clínica Nuevos Amaneceres y a su representante legal Ernesto González. Y se falló sin responsabilidad fiscal a favor de Ana Ríos, auditora de cuentas.

Una clínica de garaje

Todo empezó cuando el 4 de octubre de 2013, el secretario de Salud de Sucre habilitó a la IPS Nuevos Amaneceres para “prestar servicios de atención psiquiátrica y rehabilitación en farmacodependencia intrahospitalaria”.

Posteriormente, durante 2014 y 2015, la clínica radicó en la Secretaria de Salud de Sucre varias decenas de cuentas de cobros por los servicios prestados en salud mental, durante los años 2013, 2014 y 2015 a población pobre no asegurada del departamento.

Según los soportes, los pacientes tenían “trastornos del comportamiento por el consumo de sustancias psicoactivas”. Por eso, conforme a los documentos adjuntos, inicialmente recibieron atención de urgencias en el Hospital Regional de Corozal, Sucre, y posteriormente fueron remitidas para su internación psiquiátrica a la Clínica Nuevos Amaneceres.

Pero ni los pacientes, ni la atención de urgencias ni las internaciones psiquiátricas existieron.

De un dolor de estómago a drogadictos

En cada una de las facturas que pasó la clínica de papel se cobraron “servicio de habitación, atención intrahospitalaria por especialista en psiquiatría, consulta ambulatoria de medicina especializada, valoración por psicólogo, sesiones de psicoterapia individual y de grupo por psiquiatría, sesiones de psicoterapia individual y de grupo por psicólogo, secciones de psicoterapia de familia, exámenes de laboratorio y suministro de medicamentos”.

Ninguno de estos servicios se prestó realmente.La Contraloría, al respecto, determinó que tampoco hubo atención inicial de urgencias por parte del Hospital Regional de Corozal.

De hecho, la gerente del hospital, Eugenia Díaz, afirmó al ente de control que esa empresa social del Estado “no prestó la atención inicial de urgencias, ni remitió para valoración o internación psiquiátrica a las personas relacionadas, ni expidió las hojas de remisión, ni las supuestas órdenes de hospitalización” que había adjuntado a las facturas IPS Nuevos Amaneceres.

Agregó la gerente, en medio de una sorprendente revelación, que “algunas de las personas relacionadas en nuestra solicitud sí fueron atendidas en el hospital pero por causas diferentes a la farmacodepencia, tales como dolor abdominal, embarazo, cefalea crónica, consulta por ginecología, consulta por ortopedia, dolor toráxico, traumatismos múltiples, consulta externa, apendicetomía, cesárea, dengue, dolor en el pecho, sutura en abdomen, herida en un dedo, fractura antebrazo, ecografía abdominal, fiebre, parto, pero ninguno fue remitido para atención psiquiátrica”.

“Guerra faltó a su deber”

La Contraloría cuestiona en la decisión que Guerra Tulena “faltó a su deber de garantizar la administración y debida utilización de estos recursos destinados a la salud, pues no desarrolló una gestión eficiente, tendiente a supervisar y controlar su correcta inversión, ocasionando el desmedro de los recursos”.

El exgobernador, de 86 años –uno de los mandatarios departamentales con mayor edad elegidos en el país-, nació en San Andrés de Sotavento, Córdoba y estudió medicina. Fue representante y senador por el Partido Liberal desde 1991 hasta el 2002, cuando no pudo lograr la reelección. En 2007 aspiró a la Gobernación pero fue derrotado. En diciembre del año pasado la Procuraduría lo destituyó e inhabilitó por 12 años por modificar arbitrariamente y sin publicidad las condiciones de experiencia para participar en la adjudicación de un contrato de capacitación a población vulnerable, que superó los $3.853 millones de pesos.