“¿Es responsable argos por los vertimientos efectuados en el río Sinú?”

En días anteriores un vehículo vinculado a la empresa ARGOS fue captado en video mientras efectuaba vertimientos ilegales en el rio Sinú, luego de esto y como quiera que el video fue expuesto en las redes sociales y en medios de comunicación nacional se inicio una aguda polémica mezclada con la indignación propia que producen estos actos.

En principio la empresa involucrada en el asunto emitió un comunicado de prensa en el cual exponía su versión y luego el presidente de la compañía a través de un video reitero sus explicaciones y en un acto que en pocas ocasiones se dan en este tipo de casos; pidió públicamente disculpas y anuncio algunas medidas.

No obstante lo anterior y valorando las disculpas presentadas por ARGOS debemos poner de presente algunas consideraciones en aras de dar claridad a la ciudadanía sobre la normatividad aplicable en estos casos.

La Constitución Política en sus artículos 78 a 79 consagra los llamados derechos colectivos y del ambiente; derechos estos que en ocasiones son reconocidos por la Corte Constitucional como fundamentales.

El decreto ley 2811 de 1974 conocido como el Código Nacional de Recursos Naturales en sus artículos 134 y siguientes nos pone de presente normas sobre la prevención y control de la contaminación del agua, esta norma fue reglamentada en principio a través del decreto 1594 de 1984, es decir, pasaron 10 años para que el estado ejerciera su potestad reglamentaria y así emitir norma especifica sobre el asunto.

En el año 1979 fue expedida la ley 9; conocida como el código sanitario nacional el cual en su titulo primero consagra normas para la protección del medio ambiente, específicamente normas sobre control sanitario de las aguas, residuos líquidos, solidos, etc.

Luego se expide el decreto 3930 del 2010 el cual deroga el 1594 de 1984; nótese que pasaron 26 años para que la norma fuera actualizada; esto muy a pesar de los cambios sociales e industrialización que sufrió nuestro país en ese periodo de tiempo, esta circunstancia entre muchas otras pone de presente la poca o nula importancia que se le venia dando al tema no solo a nivel estatal sino en el sector privado.

En el año 2015 se expide la resolución 0631 a través de la cual el Ministerio de medio Ambiente establece parámetros y los valores limites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de agua.

Se hace esta reseña histórica de normas para poner de presente que la protección al medio ambiente; específicamente en lo que se refiere a las aguas se encuentra normado, la protección e imposición de sanciones con ocasión de las conductas que causan daños al ambiente es mas bien un tema de voluntad, se trata de que las autoridades ambientales procedan a la aplicación de las normas vigentes , de lo contrario, los estantes seguirán repletos de normas que en la practica no se aplican.

Volviendo al asunto puntual de ARGOS es evidente la existencia de una infracción ambiental razón por la cual la autoridad ambiental debe iniciar un procedimiento sancionatorio conforme lo regula la ley 1333 del 2009, la cual faculta para imponer las respectivas sanciones y si es del caso medidas preventivas.

La ley 1333 del 2009 en su articulo 5 establece que se consideran infracciones ambientales toda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el código nacional de recursos naturales , en la ley 99 de 1993 y demás normas reglamentarias, agregando esta norma que también será constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar responsabilidad civil extracontractual establece el código civil y la legislación complementaria.

Ahora bien el código civil colombiano en sus artículos 2349 consagra la llamada responsabilidad extracontractual por el hecho ajeno, este tipo de responsabilidad es el que se imputa a una persona la cual a pesar de no causar directamente el daño esta llamada a repararlo por cuanto no cumplió con los deberes de vigilancia, educación, o de cuidado al elegir al causante directo del daño.

En consecuencia; los comunicados y disculpas se le abonan a ARGOS y muchas empresas infractoras deberían tomar ese ejemplo; no obstante la autoridad ambiental debe iniciar de oficio el procedimiento sancionatorio en contra de ARGOS y no limitarse a darle tramite a la queja que la empresa anuncio instauraría en contra del causante directo del daño.

El balón esta en el campo de la autoridad ambiental.