Familia de Jaime Garzón espera que se “aporte a la verdad plena” sobre el asesinato del periodista

La familia del periodista Jaime Garzón – asesinado en Bogotá el 13 de febrero de 1999 – pidió que personas como el general Rito Alejo del Rio, a quien se le otorgó la libertad por cuenta de los beneficios de la Jurisdicción Especial para la Paz, “asuman con altura el deber de aportar a la verdad plena, se arrepientan por el daño causado y se comprometan a reparar el dolor y no repetir estas conductas”.

Los familiares del comunicador, por cuyo asesinato es investigado el general del Rio, expresaron por medio de un comunicado sus tres preocupaciones con relación al proceso jurídico que adelanta el tribunal de la JEP.

Según dicen, al exmilitar se le concedió la libertad “sin antes verificar el cumplimiento de los compromisos que conlleva el sometimiento a esta jurisdicción especial. Compromisos que, vale la pena recordar, son de vital importancia para las víctimas porque implica que quienes participaron en hechos de violencia deben, entre otros aspectos, decir la verdad y aceptar su responsabilidad”.

La segunda preocupación de la familia Garzón, tiene que ver con la aplicación de la ley 1820 de 2016. Según dicen, dicha ley “no prevé nuestra participación como víctimas en el procedimiento para la obtención de las libertades transitorias, y solo nos enteramos de las decisiones a través de los medios de comunicación. Al respecto, es pertinente recordar que el principio de centralidad de las víctimas consagrado en el Punto cinco del Acuerdo Final debe irradiar las actuaciones y postulados de la Jurisdicción Especial para la Paz”.

Para la familia del periodista asesinado, señala que “aún no existen reglas claras sobre el funcionamiento de la JEP. El trámite de la Ley estatutaria que delineará los procedimientos, los mecanismos para la participación de las víctimas, y sobre todo, la forma en que deben cumplirse las exigencias del sometimiento a la misma, se encuentra obstaculizado por partidos políticos que quieren obtener ventajas electorales poniendo en riesgo nuestros derechos como víctimas”. Esta es su tercera preocupación.

En el texto, hablan del futuro. “Esperamos que personas como Rito Alejo del Río que se han sometido a la JEP y han obtenido la libertad, realmente asuman con altura el deber de aportar a la verdad plena, se arrepientan por el daño causado y se comprometan a reparar el dolor y no repetir estas conductas”.

“Finalmente, consideramos importante recordar que la libertad de Rito Alejo del Río esta sujeta al cumplimiento de las condiciones impuestas por Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Esos compromisos entrañan la obligación de decir la verdad sobre los hechos en los que participó y las garantías de no repetición de conductas similares”.

El general (r) Rito Alejo del Río pagaba una condena de 25 años de prisión, proferida el 23 de agosto de 2012. El crimen por el que fue sentenciado, el homicidio de Marino López Mena, cometido en zona rural de Riosucio (Chocó) el 26 de febrero de 1997. El asesinato fue cometido por hombres del bloque paramilitar Élmer Cárdenas, comandado por Freddy Rendón Herrera, alias el Alemán; y evidenció una práctica que, tal parece, se ejecutó en repetidas ocasiones a lo largo del conflicto: a López —contaron quienes sobrevivieron a la incursión “para”— lo decapitaron y su cabeza fue usada como como si fuera un balón de fútbol.