Gran marcha el día 26 de julio por los líderes de Colombia

Líderes asesinados en Colombia.
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Este viernes, los colombianos saldrán a las calles para respaldar a líderes y defensores de derechos humanos en el país y rechazar su asesinato. Las últimas cifras demuestran un panorama cada vez peor para estos héroes.

Los asesinatos y amenazas contra líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia no paran. Por el contrario, como revelará un informe de la Defensoría del Pueblo, sigue aumentando el número en toda la geografía nacional. Desde finales de 2016, activistas ambientales, líderes de restitución de tierras, promotores de la sustitución de cultivos ilícitos y defensores de sus comunidades han sufrido nuevas formas de violencia que salieron a flote con el posconflicto.

#MarchemosPorLosLíderes

La situación parece no ceder. El Gobierno anunció esta semana que la tasa de asesinatos a líderes disminuyó un 35 por ciento en el último año, lo que provocó discusiones por la metodología usada en el conteo. Pero es claro que no coincide con las que tienen otras entidades del Estado y ONG.

Más allá de quién tenga la razón, la situación es inaceptable y escandalosa. Cualquier muerte, en especial la de los líderes, amenaza la democracia, la tranquilidad y la vida de miles de colombianos, especialmente, de los que viven más lejos de los centros del poder.

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Desde hace varias semanas, el grupo multipartidista  Defendamos la Paz impulsa una marcha para el próximo viernes 26 de julio en todo el país a fin de protestar contra este flagelo. La iniciativa surgió después del estupor ocasionado por el asesinato de la lideresa María del Pilar Hurtado, en Tierralta, Córdoba, delante de su hijo.Por cuenta de las dramáticas imágenes del menor, quien gritaba y lloraba de pánico por lo ocurrido, muchos han bautizado la movilización del 26 como la marcha del Grito.

Defender la vida de los líderes sociales y de los defensores de derechos humanos debe ser un asunto trascendental y de importancia para todos los sectores de la sociedad. Para los que votaron Sí a la paz, para los que lo hicieron por el No, para los gobiernistas y la oposición, para los religiosos y los ateos, para quienes están en diferentes orillas culturales, políticas o religiosas. Con esta idea en mente, SEMANA se sumó a la convocatoria a dicha movilización, e invitó a líderes y analistas de opinión, intelectuales, periodistas y reconocidas figuras públicas para que también se incorporen, con el propósito de defender la vida de los líderes, y de participar, sin pretensiones políticas, del clamor que pide que esta tragedia termine ya.

La situación en los territorios es cada vez más compleja. Pese a los anuncios, medidas y programas, las amenazas y muertes de líderes sociales en el país no ceden. En los próximos días, la Defensoría del Pueblo dará a conocer el seguimiento a la advertencia hecha en febrero de 2018 (Alerta Temprana n.º 026-18) y la situación de esta población en Colombia.

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Tras hacer un profundo monitoreo, entre el 1 de marzo de 2018 y el 17 de mayo de 2019, esta entidad encontró que se presentaron 1.608 conductas contra la vida e integridad de líderes sociales y defensores en 334 municipios. Toda una sorpresa y una decepción, ya que el informe de alertas tempranas, presentado en febrero de 2018 –que cubría el periodo de enero de 2016 a enero de 2018–, denunciaba afectaciones a 697 líderes sociales en 322 municipios. Estas y otras cifras llevaron a Carlos Alfonso Negret, defensor del Pueblo, a notificar que hay un preocupante aumento del 52 por ciento de las acciones contra estos colombianos, y que se extienden a otros sectores geográficos, ya que los ataques pasaron de registrarse en 322 municipios a 334.

Los reportes de la Defensoría, que tiene presencia e información de prácticamente todo el territorio nacional, advierten que los atentados aumentaron un 47 por ciento, y los homicidios, un 13 por ciento. En cuanto a la distribución territorial, los departamentos de Cauca, Magdalena, Norte de Santander, Atlántico, Antioquia, Nariño, Quindío, Cundinamarca, Putumayo, Chocó, Santander y Cesar, junto con Bogotá, concentran el 73 por ciento de las conductas registradas desde el último informe de la entidad, de febrero de 2018, así como el 86 por ciento de todos los homicidios.

El capítulo de los asesinatos merece un análisis aparte, ya que muestra las fallas a la hora de proteger a los líderes sociales. Según la Defensoría, la mayoría de las víctimas no denunciaron amenazas: de los 196 asesinados, solo 17 lo hicieron. Y, además, “ninguno de estos líderes previamente amenazados contaba con medidas de protección”, dice el informe.

Los defensores de derechos humanos y los líderes sociales tienen un papel esencial en la democracia, en la construcción de paz y en el progreso de las naciones. Como advirtió el defensor Negret, “Cualquier acción violenta contra sus derechos tiene un impacto negativo para las comunidades, pues genera daños profundos para el tejido social. De ahí que cuando se quiere acallar a una colectividad que busca cambios o la mejoría de sus situaciones, que afectan intereses de diversos sectores, el mensaje más contundente es segar la vida de sus líderes o los activistas por sus derechos”.

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