Investigan al juez que le dio casa por cárcel a Emilio Tapia

El juez primero de ejecución de penas de Barranquilla, Jorge Enrique Gómez Urueta enfrenta varias críticas ante la opinión pública tras haber tomado la determinación de concederle el beneficio de casa por cárcel a Emilio Tapia, contratista involucrado en el escándalo del denominado ‘Carrusel de la Contratación’.

A través de un auto, Gómez Urueta señaló que Emilio Tapia cumplió más del 50% de la condena física, al señalar que desde el pasado 10 de julio el excontratista cumplió con la mitad de la condena y que además “estuvo hasta el 19 de diciembre, 5 meses y 11 días más”.

De hecho, algunos vecinos del condenado manifestaron a las autoridades que Tapia Aldana “es una persona con quien se puede convivir en sociedad”. Actualmente Emilio Tapia cumple su pena en la vivienda de su hermano Farid Tapia Aldana, junto a su compañera sentimental y su hijo.

Jorge Enrique Gómez Urueta, juez primero de ejecución de penas. Foto: Google

Los cuestionados fallos del juez Gómez Urueta

Jorge Enrique Gómez Urueta; quien concedió casa por cárcel a Emilio Tapia, que se encontraba recluido desde el 2016 en el Batallón de Ingenieros de Combate en Malambo; no es la primera vez que se encuentra bajo la lupa de la Fiscalía y los medios de comunicación.

En el año 2014, el Gobierno Nacional le solicitó al Consejo Superior de la Judicatura investigar los fallos del juez Gómez Urueta a favor de Melquisedec Henao Ciro, alias ‘Belisario’, quien fue jefe de “Los Urabeños” en Santa Marta y primo de de alias ‘Don Mario’.

También, la Fiscalía imputó cargos en septiembre del 2018 contra este juez, por prevaricato por acción, al haber concedido irregularmente una tutela en un proceso de justicia transicional, dejando sin efectos medidas cautelares sobre un inmueble, esto se dio a conocer en las Redes Sociales de la Fiscalía General de la Nación.

En el 2015 la Fiscalía dio a conocer que varios funcionarios judiciales en Barranquilla, entre los que estuvo Gómez Urueta, fueron investigados porque habrían incurrido en prevaricato por acción, al obligar al Distrito a desembolsar 25 mil millones de pesos a un grupo de 75 pensionados, en el sonado caso de la “tutelitis” o “mesada 15”.