Juez de Bogotá resuelve hoy si Marcos Daniel y Carlos Eduardo, son o no cobijados con medida de aseguramiento.

Este lunes (4 de septiembre) un juez en Bogotá resolverá el recurso de apelación presentado por la Fiscalía a la decisión de una jueza que dejó en libertad al alcalde de Montería, Marcos Daniel Pineda García y el exalcalde de la capital de Córdoba, Carlos Eduardo Correa, por considerar que la detención preventiva no fue bien argumentada.

Tanto como Correa y Pineda, ganaron la libertad y les permitieron, mediante la decisión inicial, defenderse sin estar cobijados con medida de aseguramiento invocada por la Fiscalía en desarrollo de la investigación que se les sigue por presuntos actos de corrupción en la ejecución de obras de reconstrucción del coliseo Miguel ‘Happy’ Lora y la Villa Olímpica.

La audiencia donde se resolverá la apelación se realizará a las dos de la tarde en la capital de república y abre dos escenarios:

1) Que confirme la decisión inicial que contempló que no hay méritos para cobijarlos con medida de aseguramiento y que los investigados no son un peligro para la sociedad.

2) Que revoque la decisión inicial, los cobije con medida de aseguramiento y determine si los envía a prisión o les concede detención domiciliaria.

El pasado 23 de junio de 2017, Un juez de Bogotá dejó en libertad a Carlos Eduardo Correa y Marcos Daniel Pineda.

Para el juez de la República, ambos funcionarios no representan un peligro para la sociedad o para el proceso, por lo que podrán defenderse en libertad. La Fiscalía General apeló la decisión judicial.

El ente acusador le imputó a los investigados los delitos de peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, prevaricato por omisión y falsedad ideológica en documento público por las supuestas irregularidades en la celebración de contratos.
El alcalde de Montería en el periodo 2012-2015 y hoy alto consejero Presidencial para las Regiones, Carlos Correa, fue señalado de haber firmado el contrato entre la Alcaldía y el Fondo Mixto para la Promoción del Deporte y Gestión Social por valor cercano a los 12.500 millones de pesos.

Dicho convenio tenía como finalidad el mejoramiento del Coliseo para que fuera sede en los Juegos Nacionales de 2012.
Para la Fiscalía General, en la ejecución de la obra se presentaron sobrecostos y demoras injustificadas.