Justicia o circo

José Javier De La Hoz Rivero. Abogado Especialista en Derecho Ambiental Territorial y Urbanístico Magister en Derecho Ambiental y urbano Territorial josedelahoz@lawyersenterprise.com

Mientras escribía esta columna recibí una llamada de un gran amigo a quien le conté que pensaba hablar de los acontecimientos sucedidos en Montería en la ultima semana y me decía “No te metas en eso , tu eres un profesional técnico y te van a terminar marcando en un tema político” , mi pensamiento fue; esto no es político es un tema de solidaridad.

Los últimos días fueron especialmente convulsionados en el departamento de Córdoba, y no es para menos, el alcalde actual de su capital Montería y su antecesor fueron según algunos capturados; otros decían que se presentaron voluntariamente, en fin, independientemente de cómo lo quieran llamar, lo cierto es que fueron privados de la libertad a petición de un Fiscal de la ciudad de Bogotá, todo esto en medio de un caudal inusitado de filtraciones en medios de comunicación que anticipaban las capturas.

Durante el mandato de Carlos Eduardo Correa como abogado litigante sostuve fuertes enfrentamientos jurídicos con la administración, litigios estos que trascendieron ante la comunidad monteriana y en los cuales fije posiciones claras sobre algunas decisiones en materia de ordenamiento del territorio que eran contrarias a la normatividad vigente , y que como era de esperarse causaba muchísima molestia en algunos miembros de la administración municipal encargados de tomar estas decisiones, no obstante este tipo de situaciones no son excusa o justificación para alegrarse o celebrar como hicieron algunos a raíz de la privación de la libertad de la que fue objeto esta semana que termina.

El 4 de enero del año 2016 recibí una llamada telefónica que en realidad me sorprendió, era el recién posesionado alcalde Marcos Daniel Pineda quien me invitaba a una reunión al día siguiente en el despacho de la alcaldía municipal.

Asistí puntualmente a esta reunión interrumpiendo las vacaciones de fin de año, para sorprenderme aun mas con la propuesta que me hacia el alcalde en ese momento , y era que el suscrito se encargara de brindar asesoría jurídica al despacho de la secretaria de planeación, precisamente el despacho que con mas empeño enfrenté en mi ejercicio profesional, hasta el punto que me catalogaron como enemigo de la administración en su momento, olvidando quienes emitían esos calificativos que los abogados, por lo menos en la firma a la que tengo el honor de pertenecer, ejercemos la profesión con pasión, convicción y sin ser vergonzantes.

Pensé y consulte con varias personas si aceptaba o no el ofrecimiento del alcalde Marcos Daniel Pineda porque tenia claro que aceptar además de ser un reto inmenso traería como consecuencia criticas y señalamientos de algunos malquerientes que nunca faltan, pero como le dije hace unos meses a un periodista a quien admiro y aprecio; mis posiciones jurídicas no se negocian, son las mismas por cuanto la norma que me facultaba para sostener que determinadas actuaciones eran ilegales no cambian aun; por ende siguen siendo ilegales las actuaciones según mi concepto.

Expongo este contexto porque para nadie es un secreto que quizás esta semana que termina fue la semana mas dura en la historia política y administrativa de montería, sus dos últimos alcaldes privados de la libertad sumían en una verdadera incertidumbre administrativa a la ciudad, no faltaron las celebraciones por las privaciones de la libertad del alcalde y su antecesor.

Quien se alegra de la desgracia ajena en mi humilde opinión debería revisarse interiormente para superar esos padecimientos, nada bueno debe generarse de celebrar que alguien sea privado de su libertad y aclaro, quien viole la ley debe pagarlo y que la justicia actué, no obstante; la justicia no puede ser convertida en una especie de circo romano destinado a espectáculos y representaciones para alegrar la tribuna, actuaciones estas donde el encargado de administrar justicia olvida un principio elemental y es que toda decisión judicial debe fundamentarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso.

 

Por: JOSE JAVIER DE LA HOZ
Abogado Especialista En Derecho Ambiental Territorial y Urbanístico
Magister en Derecho Ambiental y Urbano Territorial
josedelahoz@lawyersenterprise.com