La corrupción cuesta billones y la consulta solo millones

La “gran preocupación” de algunos falsos defensores de las arcas públicas, es el costo de la Consulta Anticorrupcion; y con este cuento que sólo se lo creen ellos, ofertan en el mercado de las ideas un sartal de argucias, con una fundamentación tremedal, en contra de dicha Consulta, logrando canalizar hacia ese propósito, el pensamiento incauto de muchos compatriotas; y, también de otros, que aunque de pensamiento escrutador siguen al pie de la letra, todo lo que diga “Él mandacallá” de una secta política.

Como loros amaestrados frecuentemente mucha gente dice que la corrupción en Colombia tiene un costo de 50 billones de pesos, cifra por demás alta; pero no debe olvidarse que es un dato suministrado por el Contralor General de la República, funcionario del Estado colombiano.

Y, además, es bueno saber que “la corrupción es funcional al modelo de Estado capitalista como medio perverso de financiarse y perpetuarse”. Es parte de su esencia y de su razón de ser. Así lo afirma el profesor Ernesto Tuta Alarcón, de la Universidad del Rosario, en temas de control a la Hacienda Pública.

Razón tenía el extinto expresidente de Colombia, Julio César Turbay Ayala cuando dijo, que había que reducir la corrupción a su mínima expresión o a sus justas proporciones. No preciso con exactitud la cita. Pero como decía el CHAVO. Eso, Eso…..

Presumo que la corrupción cuesta más, no sé cuánto, pero sí sé que es más por la cifra y por las gravísimas consecuencias que ocasiona. Y porque es muy difícil penetrar y cuantificar los intríngulis de la “corrupción legal”, porque ésta pasa por todos los renombrados controles como “un rayo pasa por un cristal, sin romperlo y sin mancharlo”, así como fue concebido Jesús en el vientre de María.

La Consulta del próximo domingo 26 de agosto del presente año cuesta 310.479 millones de pesos, cifra insignificante ante el astronómico costo de la corrupción, y es un ejercicio democrático, ciudadano y pedagógico, y un paso importante de participación del constituyente primario en el combate a la corrupción y a los corruptos; tiene la Consulta, toda la validez y la justificación debida.

Es un acto democrático limpio, de inauguración de un episodio eleccionario ejemplar, sin la presencia de la única persona que presuntamente compra votos en Colombia, la desdichada y bella Aida Merlano, que es una típica “chiva expiatoria” de una bien conocida y consentida, ya costumbre electoral, “descubierta” por el acucioso Fiscal General de la Nación, presuntamente “ciego, sordo y mudo”, como la “ublime” barranquillera Shakira. “No hay peor ciego que el que no quiere ver, ni peor sordo que el que no quiere oír”. Es la compra y venta del voto, uno de los tantos vertederos de la corrupción en el país Santanderista.

Hay muchas más argucias, aparte de los costos de la Consulta, para restarle importancia y considerarla inoficiosa, por parte de quienes se abstendrán de votar o votaran NO.

De no alcanzar los 12.142.000 votos necesarios, quiere decir que Colombia le dijo NO, al propósito de votar contra la corrupción. Qué dirán otros países de lo que es Colombia? Porque el 2 de octubre del 2016 en el plebiscito por la Paz, votó NO, y ahora quiera el constituyente primario que no gane el NO, prohijando la corrupción. Serian dos NO, vergonzosos e inexplicables.

En esta situación “Quién podrá defendernos?

Revisando la historia universal, puedo afirmar que la corrupción no es sólo funcional al modelo de Estado capitalista como medio perverso de financiarse y perpetuarse; es una verdadera lacra presente en los siglos de existencia de la historia.

Así lo registran obras tales como: Breve Historia de La Corrupción escrita por Alberto Brioschi en el año 1.500 A.C; La Corrupción en el Mundo Romano de Sabino Perea Yébenes, escrita en los tiempos de la antigua Roma. La historia está plagada de connotados actos de corrupción, hasta en lo papados. Creo que con todo esto, es necesario pensar en formar profesionales Corruptólogos.

Concluyó, invitando a votar el domingo 26, siete veces SI, en la Consulta Anticorrupción.