La farsa del inventario

El “inventario” de bienes y dineros que entregaron las Farc sería motivo de risa, si no estuviera en juego la reparación a sus víctimas. Pero lo está. En un proceso de altísima impunidad, en el cual los responsables de crímenes de lesa humanidad y de guerra no pagarán ni un solo día de cárcel, la reparación, de suyo fundamental, es aún más importante. Es intolerable que esa fortuna criminal quede en manos de los victimarios.

El infame decreto 903 de este año, montaba la más colosal operación de lavado de activo de la historia. En la versión original, esos bienes y dineros ilícitos se destinarían a que las Farc hicieran política y actividades económicas después de su desmovilización, entre otros propósitos. Al menos parece que, como resultado de la reacción de Fiscal, del Procurador y de quienes hemos alzado nuestras voces contra semejante vergüenza, el Gobierno ya corrigió el entuerto. Con todo, como sabemos bien que este Gobierno ha hecho del conejo su alimento diario, no hay que aplaudir hasta no conocer, leer y revisar el decreto corregido. Hay que estudiar si le están dando la vuelta al palo y al final, aunque parezca que no, han encontrado una manera de que las Farc se quedan con su fortuna. Dirán que somos desconfiados. No puede ser de otra manera. Una y otra vez, Santos ha engañado a los ciudadanos. Lo hizo haciéndose elegir con una doctrina y unas banderas y gobernando con otras, lo hizo cuando se inventó el plebiscito y después hizo lo que “le dio la gana”, lo hizo cuando dijo que no se incluiría el pacto con las Farc en la Constitución y, sin embargo, ahí está. La desconfianza es cosecha de lo que este Gobierno sembró.

Pero aunque se hubiera corregido la reglamentación, el asunto está lejos de haberse arreglado. Lo que se conoce del listado de bienes y dineros muestra que, en realidad, las Farc no están entregando mayor cosa y lo que dicen entregar es indeterminado y de imposible ubicación. Hay una solución para tal problema: enviar el mensaje claro de que si se ocultan bienes o dineros, si no se entregan, no solo el Estado mantienen el derecho de ir por ellos por vía de la extinción de dominio, sino que el guerrillero que los oculte o no los entregue perderá todos los beneficios políticos, económicos y judiciales que les regalaron en el pacto. Solo una sanción efectiva y costosa incentivará la entrega de semejante fortuna.

Por cierto, el comportamiento de las Farc no debería sorprender. Las Farc han incumplido una y otra vez, sin que Santos haya dicho nada y sin que haya tenido costos para ellas. No entregaron todas las armas (se desmovilizaron más guerrilleros y milicianos que armas entregadas), no han devuelto a los menores reclutados, no han señalado donde se encuentran los secuestrados desaparecidos, no informaron sobre la ubicación de cultivos ilegales, laboratorios y pistas, ni sobre sus socios mafiosos. No hay razón para sorprenderse de que ahora tampoco cumplan. El mal ejemplo, la permisividad, la aquiescencia tácita del Gobierno a las violaciones del pacto, solo incentivan los incumplimientos subsiguientes. Es el mismo grave problema que hemos señalado en relación con la impunidad que consagra el pacto: es antiético, es antipedagógico, y termina por invitar a la reproducción de nuevas violencias, es germen de los crímenes del futuro.

En cualquier caso, es indispensable que las Farc no se queden con su fortuna criminal. No solo porque debe ser usada por la reparación de las víctimas sino porque un partido político con semejante riqueza genera un desequilibrio peligrosísimo para la democracia. Con las mañas de ilegalidad que siempre los han caracterizado, además, podrán aprovechar las prácticas corruptas de muchos politiqueros y comprar votos y voluntades.

La denuncia hecha por los expresidentes Pastrana y Uribe sobre el ingreso masivo de dineros a la campaña reeleccionista en el 2014 es de enorme gravedad. Todo parece indicar que los Rodríguez Orejuela fueron a Samper lo que Odebrecht lo fue a Santos. En este último caso, la plata sale de nuestros bolsillos por vía de los contratos dados a la firma brasilera de ingeniería.