La Fiscalía y la Personería de Montería investigan presunta violación del POT

Panorámica de Montería.

La Fiscalía recibió la denuncia sobre presuntos actos de corrupción con la autorización de permisos de planes de implantación que habría violado del Plan de Ordenamiento Territorial en Montería.

El ente investigador incluso llamó a varias personas a declarar en dos oportunidades, entre ellas al expresidente del Concejo de Montería y actual cabildante, Carlos Zapata, quien promovió un debate en noviembre de 2016 desde esa corporación hizo serias denuncias que comprometían al entonces secretario de planeación, Carlos Montoya Baquero.

Por su parte, la Personería de Montería profirió auto de investigación disciplinaria contra el señor Carlos Domingo Montoya Baquero, ex Secretario de Planeación Municipal, para la vigencia 2015, por presunta violación del Plan de Ordenamiento Territorial haciendo mal uso de la figura de planes de implantación.

El personero, Jorge Mario Galofre, aseguró que como consecuencia de una indagación preliminar que de oficio inició la Personería, atendiendo al debate que se llevó a cabo en el mes de noviembre de 2016 en el Concejo Municipal, además de una serie de denuncias públicas y requerimientos ciudadanos se tomó la decisión.

Explica el vocero del Ministerio Público, que durante el trámite de la indagación preliminar obtuvo el informe de hallazgos disciplinarios de la auditoría realizada por la Contraloría Municipal a la Secretaría de Planeación, vigencia 2015, en el cual se indicó que las resoluciones que aprobaron los planes de implantación de proyectos urbanísticos no estuvieron legalmente motivadas, puesto que en ellas no se especificaron las normas aplicables, como tampoco los criterios, ni formulas cuantitativas para determinar la exigencia de compensaciones urbanísticas a los proyectos de construcción.

Para la Personería las pruebas obtenidas indican que presuntamente la Secretaría de Planeación, en cabeza del señor Carlos Domingo Montoya Baquero, para el año 2015, habría omitido el deber de garantizar que la utilización del suelo se ajustara a la función social de la propiedad, actuación que presuntamente puso en riesgo la afectación de derechos constitucionales como el de vivienda y los servicios públicos.

Por Gustavo Santiago