Los retos políticos de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común

Los compromisos del Acuerdo de Paz entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las Farc se siguen cumpliendo. Dígase lo que se diga, la guerrilla concentró a sus integrantes, entregó las armas, suministró una lista de bienes y activos (que está en revisión) y, en ese trasegar hacia su reintegración a la vida civil, realizó esta semana en Bogotá su congreso fundacional de su partido político, pasando a llamarse a partir de este momento Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, manteniendo el acrónimo Farc.

El Gobierno, a su vez, ha cumplido con llevar al Congreso, con uno que otro tropiezo, los proyectos de ley y actos legislativos necesarios para la implementación de lo pactado en La Habana, entre ellos, los que le aseguran a ese nuevo movimiento político tener, como mínimo, una representación de cinco senadores y cinco representantes a la Cámara, por ocho años, además de la correspondiente financiación, que incluye la promoción de su ideario a través de un centro de pensamiento.

El reto político ahora es pararse de cara a Colombia, no tanto a la rural, donde en algunas regiones dejaron sembradas fuertes bases, sino a la urbana, esa a la que, como dice la antropóloga Joanna Castro, durante 52 el Estado educó con una visión de la guerra en la que las Farc eran el demonio, mientras los medios de comunicación azuzaban el odio.

Un Estado que ahora se ve a gatas para decirle a la gente que hay que hacer la paz con ese demonio. Y también un país en el que más allá de la lucha por el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, hoy más que nunca conjuga intereses electorales y desde el plebiscito refrendatorio del 2 de octubre de 2016 convirtió el Acuerdo de Paz en uno de los principales frentes de batalla para tratar de ganar el apoyo ciudadano de cara a la conquista del poder en 2018. (Lea también: “Queremos ser gobierno”: conclusiones del partido político de las Farc)

Por ahora, ateniéndonos al informe presentado por el Estado Mayor Central de las Farc al congreso, los ideales de la lucha política se mantienen intactos con respecto a lo que fueron los de la lucha revolucionaria en armas. Y el objetivo es ser gobierno. “Nuestra estrategia política tiene como sustento y referente nuestra aspiración de contribuir a conformar un nuevo poder político y social, de transformación y superación del orden social existente. En desarrollo de ese propósito, concebimos nuestra acción política como el engranaje de la disputa por el poder del Estado, incluido el acceso a posiciones de representación y de gobierno en los diferentes niveles, por una parte; con la producción de nuevo poder social ‘desde abajo’ por el conjunto de los diversos sectores sociales, por la otra”, dice el documento.

Primeros pasos que ya generan polémica. La decisión de conservar las siglas de Farc y adoptar como símbolo una rosa roja con una estrella en el centro ha traído una ardua controversia que ha servido para que la oposición enfile baterías con sus críticas en las redes sociales. “Dejar el nombre Farc demuestra que no aprendieron nada. Dejar unas siglas que significan sangre y vidas destrozadas no ayuda a reconciliar”, señaló la periodista Salud Hernández. “Así quieran esconderse detrás de una rosa, Colombia no puede olvidar que Farc significa muerte, sangre, secuestros, narcotráfico”, trinó por su parte la senadora y precandidata presidencial uribista María del Rosario Guerra. Muchos de los que se niegan a ver a las Farc como partido político y no como una guerrilla lo ven como un desafío.

Cuestionamientos que tuvieron respuesta. “Iván Márquez”, segundo de la ahora exguerrilla, reconoció que, si bien para algunos las siglas Farc tienen una carga negativa, para ellos representa el acumulado histórico de ese pasado revolucionario que no quieren desdibujar. Y sobre la rosa roja como símbolo de la nueva colectividad, aseguró que lo que se quiso es tener una imagen que fuera conocida por todo el mundo, que se encontrara en todas partes: “Queremos que lo asocien con nosotros, que cuando vean una rosa roja vean a las Farc. Una rosa es hermosa, significa amor, amistad, corazón abierto, brazos abiertos para acoger a todo el mundo, y queremos que a este nuevo partido se vinculen de una u otra manera todos los colombianos que quieran cambio”.

Lo claro que las decisiones que adopten quienes ahora tendrán a cargo la jefatura del nuevo del partido (se definió una dirección de 111 personas) serán claves para determinar si la nueva organización es un partido de exguerrilleros o es un partido más amplio, que involucra a otros actores de la vida nacional, como intelectuales, artistas, dirigentes sociales, defensores de derechos humanos y otras expresiones de las nuevas ciudadanías. Y el proceso electoral de 2018, así tengan asegurada las 10 curules, servirá para probar si tiene asidero ese discurso que vienen repitiendo desde comienzos de las negociaciones de paz, cuando afirman que una buena parte de las comunidades en las regiones más apartadas del país, donde se vivió la intensidad de la lucha armada, les da su total respaldo.

“Dadas las circunstancias, la Farc tendrá que competir vereda a vereda y barrio a barrio con políticos profesionales de los grandes partidos, cuyas burocracias son fuertes y que disponen de bastantes recursos, provenientes en muchos casos de la corrupción. Para triunfar en este escenario deberán presentar propuestas audaces y bien argumentadas a fin de transformar la cultura política tradicional en las distintas regiones del país”, explica Miguel Antonio Galvis, académico y consultor en Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, IIDH – Colombia.

Los retos, en su concepto, serán superar los obstáculos que implican esa transición de fuerza militar a partido político de carácter ciudadano, de tal manera que no se repita la historia del M-19, que tras la firma de la paz y de su participación en la Constituyente de 1991, terminó diluyéndose en el tiempo. Riesgo innegable en un país tan polarizado y donde los del “No” del plebiscito se niegan a abrir espacios y prefieren seguir viendo los defectos, que los hay, en la negociación que hizo el gobierno Santos.

“Aunque por ahora no se percibe o no se anticipa que la emergencia del nuevo partido de las Farc conlleve un cambio significativo en el escenario político colombiano, a largo plazo sus impactos podrían ser mayores, dependiendo del talante de sus dirigentes y de la sintonía que logren con los diferentes sectores sociales, económicos, culturales, étnicos y políticos en cada uno de los territorios. Su credibilidad y consolidación dependerán en buena parte de lo que ocurra con el proceso de Justicia Especial de Paz, y del avance en los procesos de reconciliación y consolidación de la cultura de la paz en los territorios”, concluye Galvis.

El trasegar de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común apenas comienza. El actual contexto político de Colombia es de suma complejidad y a estas alturas no se sabe qué caminos tomarán las fuerzas políticas y sociales de cara a las presidenciales del próximo año. Ellos saben que el ingreso a la vida política implica la obligación de la participación en las elecciones de 2018, no solo a Congreso sino también en las presidenciales.

De ahí la insistencia en la propuesta de un gobierno de transición, que no es más que insistir en garantizar que su implementación cuente con condiciones favorables, sobre todo en materia de seguridad. De las señales que vean dependerá la búsqueda de alianzas y definir el apoyo para las presidenciales del próximo año, aunque falta ver quién o quiénes estarán dispuestos a aceptarlo. Ya no hay vuelta atrás. Los próximos meses serán fundamentales para saber si la paz será estable y duradera, y ello no depende solo de la Farc sino también de que el Estado sea capaz de garantizarles la vida a quienes cambiaron las armas por la palabra.

Tomado de El Espectador.