Marchan los estudiantes

Rafael Nieto Loaiza. Columnista de Río Noticias.

Marchan los estudiantes para presionar por más recursos para la universidad pública. Varias reflexiones:

Marchar y protestar son derechos ciudadanos que deben ser protegidos en un estado de derecho.

Pero deben ejercerse con pleno respeto de los derechos de los demás. Las marchas paralelas por distintas vías principales de la ciudad y sin límite de horas, como ocurre en Bogotá, hacen que la movilidad colapse, con enormes costos económicos y la vulneración de los derechos al trabajo y la libre circulación de la mayoría. Deberían restringirse a ciertas áreas específicas y a horarios determinados.

De ninguna manera son aceptables los grafitis. Dañan los buses, los espacios públicos y la propiedad privada y su limpieza cuesta mucho dinero.

Aún más reprochable son los ataques, sistemáticos, contra las instalaciones de RCN. Muestran la tendencia totalitaria de un sector de estudiantes, alimentado por las irresponsables declaraciones de Petro y sus aliados.

¿Por qué la Policía no actúa para impedirlo? No se trata solo de rescatar el principio de autoridad sino de cumplir la ley y proteger a los ciudadanos en sus bienes y derechos. Y de enseñar a los jóvenes que se puede reclamar sin vandalismo y que las conductas ilegales conllevan sanción.

Es claro que las marchas están altamente politizadas, en el peor sentido de la palabra. Se hacen contra un gobierno que apenas empieza y que no tiene ninguna responsabilidad en el estado actual de cosas. Se basan en un discurso ideológico de izquierda, en algunos casos radical. Y son utilizadas por los dirigentes de esa tendencia.

No es cierto que la educación no sea una prioridad. Para este Gobierno claramente lo es. Duque ha decidido incrementar la partida de educación en un billón y medio de pesos. Santos había radicado un presupuesto que disminuye en un 40.2% la inversión en educación, pasando de 3.345 mil millones de pesos (2018) a 2.058 mil millones de pesos (proyecto 2019).

Duque corrigió esa propuesta y lo ha aumentado un 22.4%, para alcanzar 4.217 mil millones. Como el gasto de funcionamiento es de 37.258 mil millones, el total será de 41.475 mil millones.

El presupuesto total para educación será entonces de 41,5 billones, el mayor de todos los sectores, y mucho más alto que el de defensa (33,4 billones) y salud y protección (32,3 billones), por ejemplo.

¿Es suficiente la partida para educación? Ningún dinero lo es en un país como Colombia. Además, en medio de la apretada crisis fiscal que heredamos de Santos, el aumento para educación supone también salir a conseguir esos dineros, por vía de más endeudamiento o con nuevos impuestos.

Posiblemente será por este último camino porque el presupuesto actual, de 258,9 billones, está desfinanciado en 14 billones, aún después de que el Ministerio de Hacienda lograra reprogramar parte de la deuda pública.

Aún así los estudiantes dicen no estar satisfechos y pretenden seguir en paro, con el argumento de que el aumento no basta para resolver el déficit de las universidades públicas. A ellos muy seguramente se sumarán los maestros cuando FECODE vote su huelga el martes. La respuesta fácil sería aceptar las pretensiones. Es políticamente correcto y consigue aplausos sin esfuerzo. ¿Pero es eso lo que debe hacerse? Y si es lo debido, ¿cómo habría que hacerlo?

Primero, la discusión no debe hacerse en medio de los paros. El aumento de billón y medio que ha hecho este Gobierno ha sido interpretado no como prueba del compromiso de Duque con la educación pública sino como debilidad. La izquierda le está midiendo el aceite. Y ya sabemos que busca llevar la oposición a la calle.

Segundo, es indispensable examinar la naturaleza del gasto. La educación en nuestro país es de pésima calidad. Si se aumenta el presupuesto sin hacer los cambios que se necesitan, solo se estará echando dinero a un barril sin fondo.

La clave está en la calidad de los maestros, pero estos se niegan a dejarse examinar. El mayor esfuerzo gubernamental en el presupuesto debe negociarse a cambio de compromisos del sector en bajar los gastos de funcionamiento y mejorar la calidad.

Tercero, es indispensable definir con claridad los énfasis en el sector: ¿Más universidad pública o mayor cobertura de cero a siete ańos? ¿Más universidad pública o acceso pleno a primaria y secundaria en el sector rural? ¿Más licenciaturas o muchas más técnicas y tecnológicas?

¡El debate de la educación en Colombia no puede ser solo presupuestal!