Ministerio de educación ordena irregularmente ajustes a calendario académico 2020

Artículo de opinión de: Gustavo Garnica.

El artículo 2.4.3.4.2. del Decreto N° 1075 de 2015, establece que “la competencia para modificar el calendario académico es del Gobierno nacional”, pero solo puede hacerlo cuando es solicitado “previamente por la autoridad competente de la respectiva entidad certificada mediante petición debidamente motivada”.

El Ministerio de Educación Nacional mediante Circular N° 20 del 16 de marzo del 2020, por iniciativa propia y sin que mediara solicitud de las entidades territoriales certificadas para la administración de la educación, ordenó a las secretarías del ramo en todo el país, realizar “Ajustes al calendario Académico de Educación Preescolar, Básica y media”, basados en la Emergencia Sanitaria decretada por el Ministerio de Salud y Protección Social mediante Resolución N° 385 del 12 de marzo del 202; en el marco de la cual las “Autoridades Sanitarias del Sistema de Vigilancia en Salud Pública”, con base en el artículo 69 de la Ley 1753 de 2015 pueden adelantar acciones y tomar las medidas que se requieran para superar las circunstancias que generaron la emergencia y/o eventos catastróficos, pero no pueden modificar normas; como si es posible hacerlo por parte del Gobierno Nacional, bajo el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, como el que fue declarado posteriormente a la orden de modificación del calendario académico, mediante el Decreto N° 417 del 17 de marzo del 2020; pero siempre a través de decretos con fuerza de ley, suscritos por el Presidente y todos los Ministros y nunca un ministerio mediante una circular.

Adicional a lo que hemos señalado, la mencionada circular, de facto modifica el artículo 86 de la Ley 115 de 1994, y el 2.4.3.4.1. del Decreto N° 1075 de 2015 los cuales determinan que el calendario académico que consta de cuarenta (40) semanas de trabajo académico con estudiantes, debe ser distribuido en dos períodos semestrales, siendo especifico el artículo 86 de la Ley 115 de 1994 al indicar que en cada uno de esos periodos deben desarrollarse veinte (20) semanas. En vez de esto el Ministerio de Educación ordenó tres (3) semanas como periodo de vacaciones de los educadores y por lo tanto de receso estudiantil, entre el 30 de marzo al 19 de abril del 2020, retomando las semanas de trabajo académico a partir del 20 de abril, con lo que ya se dio un primer periodo desde inicio de año hasta el 28 de marzo, el cual no corresponde a seis (6) meses sino a 2 meses y 29 días y en el que no se alcanzaron a desarrollaron veinte (20) semanas de trabajo académico; quedando un periodo final que comienza el 20 de abril hasta finalizar el año; el cual excede los seis(6) meses establecidos en las normas antes referenciadas y en el que se va a exceder de las veinte (20) semanas que se deberían desarrollar en un periodo semestral.

Leyendo la Circular 20 del 16 de marzo que venimos comentando, encontramos que en el numeral 4° se indica que: “La semana de receso escolar señalada en el Artículo 2.3.3.2.11.1. del Decreto 1075 de 2015, no podrá ser ajustada en su fecha, salvo modificación del decreto que de manera expresa la estableció”. Pues bien, esta misma razón es la que impide que se ordene la modificación del calendario académico en aspectados que están regulados expresamente, como los dos periodos semestrales en que se deben repartir las cuarenta (40) semanas de trabajo académico, lo cual imposibilita su modificación por la circular del ministerio, como imposibilitó la modificación de la semana de receso referenciada.

De este tema encontramos un antecedente durante la presidencia de Juan Manuel Santos, en el cual se declaró un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica mediante Decreto N° 4580 del 07 de diciembre de 2010, motivado por el fenómeno de la niña; y bajo ese marco el Presidente con la firma de todos sus ministros expidió el Decreto N° 4827 del 29 de diciembre 20101 , con el cual se flexibilizó – temporalmente – el calendario académico, indicando que las cuarenta (40) semanas podrían distribuirse por periodos diferentes a los dos (2) semestrales. Esto significó una modificación temporal del artículo 86 de la ley 115 de 1994 y del artículo 14 del Decreto N° 1850 de 2002 (ahora compilado en el 2.4.3.4.1. del Decreto N° 1075 de 2015), pero también de la norma con la que inició este escrito, en la que se indica que tal modificación solo procede por parte del Gobierno Nacional a petición de las autoridades territoriales.

Nótese la diferencia entre una actuación ajustada a la Constitución (Art, 215) y la Ley, como lo es la modificación del calendario académico que acabamos de reseñar. Efectuada en el marco de un estado de excepción, mediante un decreto con fuerza de ley suscrito por el Presidente y todos sus ministros, en el que se asume de manera temporal, directamente la competencia de hacer tal modificación sin que mediara solicitud de las autoridades territoriales y modificando también, temporalmente las normas que antes hemos señalado; frente al ajuste ordenado mediante una circular por parte del Ministerio de Educación Nacional, con anterioridad a la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.

Es clara la falta de competencia de la señora ministra de educación para ordenar la modificación del calendario académico, tanto por elementos de carácter formal como lo hemos resaltado, pero además por alterar de fondo las normas que regulan la distribución de las semanas de trabajo académico tanto de los docentes como de los estudiantes. Resulta cuestionable en igual medida, la minoría de edad de las entidades territoriales certificadas en educación que salieron ciegamente a acoger lo ordenado irregularmente por el Ministerio de Educación en la desafortunada Circular 20 del 16 de marzo de 2020, con la consecuencia de que esos calendarios modificados son totalmente ilegales.

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