No se cayó Uré, Pero sigue sin mina

MONTERIA. Las dudas de los magistrados del Tribunal Administrativo de Córdoba sobre las pruebas aportadas, por el abogado Willian Quintero, para pedir la nulidad de las ordenanzas que crearon el Municipio de San José de Uré fue lo que salvó a la entidad territorial.

Como se recordará Willian Quintero expuso en su demanda que la Certificación sobre la población que tendría el municipio a crear era falsa y que estaba dando una cifra irreal, además aportó pruebas sobre la falta de ingresos que tendría la nueva entidad territorial para funcionar-

Sin embargo nada fue aceptado por los magistrados, quienes incluso cuestionaron a la funcionaria del DANE que a través de certificación dijo que la firma que aparecía en la proyección poblacional no era la suya pero nunca la llamó falsa.

“El contenido del certificado del de agosto del 2006 con el que se sustentó la creación territorial, fue contradicho por su supuesta signatura que explicó las inconsistencias que adolecía. Sin embargo no se atrevió a tacharlo de falso ni a poner en conocimiento de las autoridades de las debilidades encontradas” dicen los magistrados en el análisis del fallo que emitieron.

Y fue precisamente la falta de claridad lo que llevó a los Magistrados a tomar la decisión que salvó al municipio de San José de Uré

“Por lo que es señalar actualmente que el certificado atribuido al DANE es inconsistente, más no falso” indica el fallo conocido en la las últimas horas

Uré sigue Igual

Hay que indicar que la sentencia que salvó a Uré indica que no prosperó la demanda que contra las Ordenanzas 11 de 2007 creo y delimito al nuevo municipio, colocando la mina de Cerromatoso en territorio de San José de Uré y la Ordenanza 24 de 2008 que corrigió los líderes del nuevo Municipio y devolvió la mina de Niquel a Montelibano.

Así las cosas, nada cambia: San José de Uré sigue siendo municipio y la Mina de Cerromatoso sigue perteneciendo a Montelibano.

Apelará decisión

El abogado William Quintero anunció que se encuentra leyendo exhaustivamente el fallo del Tribunal Administrativo de Córdoba para organizar la apelación, para lo cual tiene diez hábiles para presentarla con el fin de que el proceso pase a competencia del Consejo de Estado para la segunda instancia.

El abogado demandante insistirá en la falsedad de la certificación del DANE, la falta de ingresos económicos que según él está demostrada con certificaciones del Ministerio de Hacienda y la CAR CVS y además la falta de consulta previa a las comunidades afro e indígenas.

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