Opinión: Vivienda y cohesión social

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Córdoba es uno de los departamentos más pobres del país y según cifras del Dane este indicador se ubica en el 45,8%, muy por encima de la media nacional que es del 27%. Por eso, apuntarle a una política pública de inclusión social y equidad debe ser una de las estrategias para superar la pobreza.

Las líneas más gruesas de pobreza se encuentran especialmente en la zona rural y en aquellos municipios que han sido afectados por la violencia y por economías ilícitas, siendo estas poblaciones dos veces más pobres que el resto. Además de esto, el rezago en cobertura se hace más evidente en la población rural, pues los esfuerzos del Gobierno Nacional históricamente se han centrado en los perímetros urbanos por cuenta de que les representa un gasto menor y la construcción de viviendas, acueductos o alcantarillados es mucho más fácil.

Una estrategia clara para superar todas estas dificultades es disminuir el déficit habitacional y las malas condiciones de las viviendas en nuestro departamento, pues según el Dane el 60% de la población habita viviendas con pisos y paredes en mal estado y el 24% vive en hacinamiento crítico. Pero esto claramente debe garantizárcele a los cordobeses tanto en la zona rural como en la zona urbana.

La mejor manera de lograr este propósito es a través de la elaboración de una política pública de vivienda en armonía con las metas que se ha trazado el gobierno del presidente Iván Duque, quien propuso en su plan de desarrollo 600 mil cupos de mejoramiento de viviendas, beneficiar a 500 mil colombianos con viviendas de interés social y poner en marcha el programa “semillero de propietarios” para favorecer a 200 mil familias con arrendamiento social.

Las alcaldías y la Gobernación tendrán el duro reto de trazar conjuntamente un plan ambicioso de vivienda dirigido a gestionar el mayor número de estos subsidios para la población, especialmente la más vulnerable de Córdoba: madres cabeza de familia, discapacitados, comunidades afro, desplazados por la violencia y en general víctimas del conflicto.

Pero lograr la construcción de miles de viviendas de interés social en el departamento también necesita que con suficiente antelación se gestionen y se habiliten las hectáreas de suelo urbanizable, y se pongan en marcha estrategias de microgerencia que identifiquen los predios y adelanten la gestión predial, legal o urbanística. Esta ha sido la principal talanquera de muchas administraciones municipales que, pese a tener la buena voluntad, se les dificulta por múltiples razones gestionar el lote; mientras que las que sí lo consiguen, terminan descalificadas en las convocatorias públicas que adelanta el Ministerio Vivienda porque el terreno conseguido no cumple con las normas de urbanismo.