Renuncia masiva de presidentes de JAC en Córdoba por amenazas de grupos armados

El representante legal de la Asociación Campesina del Sur de Córdoba, Arnobis Zapata Martínez, denunció que la mayoría de los presidentes de Juntas de Acción Comunal en municipios como Puerto Libertador, Montelibano y San José de Uré en Córdoba, renunciaron y otros anunciaron la entrega de sus cargos por amenazas de grupos armados ilegales

Según el vocero comunitario que lidera a través de la organización el programa de sustitución de cultivos ilícitos en el sur de Córdoba, las nuevas organizaciones criminales quieren acaparar ese manejo comunal y tener hegemonía territorial con personas que “les hagan el juego” y les sirvan, entre otras actividades, para resembrar áreas cocaleras.

Arnobis Zapata, quien ha sido objeto de amenazas e incluso de ser blanco de un atentado criminal, afirmó que quienes están al frente de las organizaciones comunitarias “no les sirve a los nuevos grupos armados ilegales y por eso amenazan y matan para que renuncien quienes ejercen resistencia desde lo legal”.

Reveló que en el municipio de San José de Uré, pueblo afrodescendiente, en zona de influencia del complejo iquelero de Cerro Matoso y de alta complejidad montañosa, el 80% de los presidentes de JAC renunciaron.

Lo mismo ocurre en Puerto Libertador y Montelibano donde el 30% renunció y un 60% de la región esperan terminar su periodo para no volver a aspirar a esa representación comunitaria.

“En Montelibano hemos sostenido el liderazgo dándole esperanza a la gente y confiados del Gobierno, pero hay temor”, agregó Zapata.

También las organizaciones políticas

Según la denuncia del representante legal de la Asociación
Campesina del Sur de Córdoba, Arnobis Zapata Martínez, en esa disputa de control comunitario quieren entrar grupos políticos que con dinero quieren comprar el liderazgo territorial para convertirlos en votos, mientras sus líderes se ponen al servicio de grupos armados ilegales.

Calificó de lamentable esa situación porque después de avanzar y construir tejido social y comprometiendo a la comunidad con la legalidad, sean coaccionados por políticos y grupos armados para intereses particulares, mientras el Gobierno Nacional, que conoce el problema tampoco logra hacer nada para protegerlos.