Reproches a la justicia por el caso Edwin Besaile

Todo ciudadano tiene derecho a un juicio justo dentro de los conceptos de una pronta y ágil justicia.

Al indiciado de delitos deben hacer una investigación que conlleve a la denominada audiencia de imputación de cargos, la cual debe ajustarse al debido proceso y por ende la controversia de las pruebas recopiladas. Eso significa que la defensa tiene el Derecho a conocerlas, debatirlas y aportar otras. Las partes, fiscalía y acusado o indiciado deben conocerla previamente para alegar de fondo en la audiencia.

En el caso del gobernador de Córdoba, lo que no es de buen recibo y merecedor de reproche, es que a última hora y después de varias audiencias fallidas, la fiscal que lleva el caso renuncie como funcionaria pública. En este episodio, administrativamente la Fiscalía debió no aceptar esa renuncia hasta tanto se produjera los resultados de la audiencia.

Aquí surge en ambos casos un reproche disciplinario, porque esa actitud hará que el nuevo Fiscal y con plena razón solicite un tiempo prudencial, que en Derecho equivaldría varios meses, para conocer el proceso y a partir de esa fecha se programaría de nuevo la audiencia.

Eso conlleva a pensar que en este año el gobernador Besaile no tendría una decisión sobre los hechos que le imputan.

El otro panorama aún es controvertible. La Procuraduría General no le fue suficiente 3 meses para recaudar pruebas documentales para revocar la decisión de suspenderlo disciplinariamente. La prórroga de esa suspensión se hace innecesaria y con evidente tinte político (dirían algunos).

No es justo mantener en la picota pública a un funcionario que no se le ha podido comprobar nada y a una administración paralizada por la demora injustificada de los entes de Control.

Si algún delito le hubiese comprobado al gobernador Besaile, seguramente y con las ganas de tenerlo fuera de circulación pública-política, estuviese preso.

En Colombia hay alcaldes, gobernadores y cientos de funcionarios púbicos investigados, pero desarrollando sus funciones mientras se les vence en juicio, pero en el caso Besaile no aplica por ‘sospechas’ de la Procuraduría.

¿Por qué la justicia con todos los elementos de pruebas se ha demorado en decidir judicialmente sobre el caso de Edwin Besaile si comprobó que durante su administración se pagó un millonario recurso, presuntamente irregular, por atención de pacientes de hemofilia?.

¿Tiene razón la defensa de Besaile cuando asegura que la responsabilidad del caso recae sobre la Secretaría de Salud que de forma desconcentrada pagaron la factura por la cual se culpa hoy al gobernador?.

La defensa del mandatario suspendido basa su defensa en dos líneas:

1) que por una ordenanza departamental aprobada por la Asamblea en gobiernos anteriores, se ordenó la desconcentración presupuestal de las secretarías de salud y educación.

Con base en ello, aseguran que hay decisión autónoma del secretario de turno para disponer de recursos y pagar lo que considere debe hacerse, sin necesidad de pasar por el visto bueno del gobernador. ¿ Eso ocurrió en este caso?.

El secretario de salud de turno José Jaime Pareja Alemán, está huyendo de las autoridades, al ser señalado por la Fiscalía de haber presuntamente entregado dineros al fiscal Daniel Fernando Díaz Torres para manipular la investigación en la que estaba inmerso por el denominado ‘cartel de la hemofilia’.

2) A diferencia del testimonio del exgobernador Alejandro Lyons, que señaló a Besaile de haberse beneficiado con una ‘tajada’ del escándalo de corrupción al haber pagado su administración una cuenta por 1.500 millones de pesos, no existen testigos que corroboren o respalden la sindicación.

Mientras el nuevo fiscal asume, pide un tiempo prudencial para estudiar el caso y su voluminoso expediente, pasarán entre otras, las elecciones presidenciales, se posesionará el nuevo jefe de Estado, asume el nuevo Congreso, pasarán y es posible que este año no resuelvan el lío judicial del exgobernador. Ah y pasarán los tres meses de prórroga de suspensión de la Procuraduría que por sospecha, sin nada probado, y sin sancionar al gobernante lo mantiene fuera de las funciones que democráticamente se ganó en las urnas.

Si existen tantas pruebas como desde la capital de la república se advierte, ¿por qué la Fiscalía no ha ordenado su detención y antes por el contrario aceptó la renuncia del fiscal del caso?
Por qué si existe material probatorio, como lo reseña la Procuraduría para justificar la prórroga de suspensión del gobernador Besaile, ¿no lo ha sancionado disciplinariamente con destitución?.

Condene o absuelvan. Lo único que piden los cordobeses es que resuelvan ese caso y no se mantenga en vilo una administración que funciona por inercia generando un daño incalculable para el departamento.

Vía- Montería Radio.