Responsabilidad de los funcionarios públicos y «Desastres Naturales»

José Javier De La Hoz. Columnista de Río Noticias.
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la Fiscalía General de la Nación hace un par de meses anuncio que le imputaría cargos por el delito de homicidio culposo entre otras conductas al alcalde del municipio de Mocoa, a un exalcalde, y a la actual gobernadora del Putumayo, esto como consecuencia de los hechos ocurridos el 31 de marzo de 2017 donde resultaron muertos 336 personas, aunque cifras extraoficiales hablan de más víctimas.

La avalancha sucedida en Mocoa enluto a todo el país, un episodio triste, doloroso, pero sobre todo indignante, hoy día no se puede hablar en tragedias como la de Mocoa de fuerza mayor, caso fortuito o de algún tipo de evento imprevisible.

Revisando documentos sobre gestión del riesgo nos encontramos que desde el año 2009 los geógrafos de la Universidad Nacional de Colombia Kim Robertson y Miguel A Castiblanco vienen hablando del tema, esto en el marco del VII ciclo anual de conferencias del departamento de geografía amenazas y riesgos naturales y antropogénicos de la Universidad Nacional de Colombia, finalmente el artículo de investigación en su versión final fue publicado el 30 de septiembre del 2011, se tituló “Amenazas Fluviales en el Piedemonte Amazónico Colombiano”.

En el año 2015 la investigadora Zaira Patricia Romo trabajo su tesis de Maestría presentada en la Universidad de Salzburgo la cual título “Estimación del Riesgo Por Inundación en la Ribera del Rio Mulato (Mocoa Colombia)”.

Sumado a lo anterior Luis Alexander Mejía Director de Corpoamazonia manifestó que “Hace 9 meses advertimos que esto podía pasar en Mocoa”, ojo lo está diciendo la autoridad ambiental de la zona!

Por estas y otras razones es que no se puede hablar en el caso de Mocoa de un evento imprevisible, estaba más que previsto, estaba anunciado, se sabía que algo sucedería, culpar al cambio climático por las muertes causadas por la avalancha es un acto que causa vergüenza, la pregunta es, ¿Qué paso con la gestión del riesgo?

En el año 2011 como consecuencia del fenómeno de la niña fueron afectados el 96% de los municipios de Colombia, se inundaron más un millón y medio de hectáreas, se  afectaron más de 300 edificaciones institucionales, resultaron damnificados 4 millones de personas y murieron 486 personas, si alguien duda de estas cifras puede consultar la página web de la CEPAL.

Es Colombia donde todo se soluciona con comisiones de alto nivel, leyes y gerentes de reconstrucción se expidió la ley 1523 del 2012 a través de la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el sistema nacional de gestión del riesgo de desastres, ley reglamentada por el decreto ley 019 del 2012, norma esta que específicamente obliga a que la gestión del riesgo se incorpore a los planes de ordenamiento territorial.

En este punto estimado lector le invito a que visite la página web de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y revise el presupuesto que maneja, pero antes tome asiento para evitar un colapso cuando observe las cifras.

En nuestro país de leyes rimbombantes en el año 2014 se expidió el decreto 1807 (compilado en el decreto 1077 del 2015) a través del cual se incorporaron las escalas y señala como se debe hacer la gestión del riesgo, pero también y como no podía faltar en la galería de normas que exhibimos con orgullo en el ámbito internacional también se expidió el documento CONPES 3700 del 2011 a través del cual se trazó la estrategia interinstitucional para la articulación de políticas y acciones en materia de cambio climático en Colombia, tremendo nombre!!!

No podemos seguir visionando ciudades sin planes de ordenamiento territorial adecuados, los POT no son simples dibujos, en Mocoa tomaron este instrumento de planificación como un libro que quien sabe en qué despacho público lo estarán usando de pisapapeles y hoy día estamos viviendo el resultado de esa irresponsabilidad.

Un llamado a los señores Alcaldes, es su obligación incorporar el concepto de cambio climático a la ordenación del territorio, y esto se hace a través de la gestión del riesgo, no es un simple capricho, existe expresa disposición legal que así lo dispone, articulo 39 de la ley 1523 del 2012. “Integración de la gestión del riesgo en la planificación territorial y del desarrollo.

 Los planes de ordenamiento territorial, de manejo de cuencas hidrográficas y de planificación del desarrollo en los diferentes niveles de gobierno, deberán integrar el análisis del riesgo en el diagnóstico biofísico, económico y socio ambiental y, considerar, el riesgo de desastres, como un condicionante para el uso y la ocupación del territorio, procurando de esta forma evitar la configuración de nuevas condiciones de riesgo.”

Señores, dejemos de nombrar comisiones de alto nivel, gerentes de reconstrucción, comisiones de verificación, etc., y más bien porque no hacemos uso de los instrumentos de planificación que la ley nos señala hoy día a efectos de evitar tragedias anunciadas como la que nos enluto.

De prosperar la tesis de la Fiscalía se creará un importante precedente que se debe tener en cuenta.