Revelan nuevos detalles del carrusel de niños con Síndrome de Down

La Contraloría General de la República evidenció nuevos hallazgos en la Gobernación de Córdoba, relacionados con los recursos de la salud, por pagos de supuestas terapias ABA y terapias basadas en neurodesarrollo.

A pesar de las denuncias presentadas en el pasado, y que involucraron a la IPS Funtierra Rehabilitación Ltda., por pagos recibidos durante 2013, 2014 y 2015, la actual Gobernación del departamento de Córdoba le giró a la misma beneficiaria más de $174 millones de pesos, sin la debida verificación de la prestación del servicio.

Se trata de pagos efectuados, al igual que en la administración anterior, por supuestas “terapias ABA” y “terapias basadas en neurodesarrollo”, con recursos de la salud del Sistema General de Participaciones.

Pago por servicios no prestados
En una auditoría adelantada por la Contraloría General de la República a los recursos del Sistema General de Participaciones ejecutados por la Gobernación del departamento de Córdoba durante la vigencia 2016, se evidenció que en el mes de abril de 2016, la Gobernación pagó el total de un valor facturado por supuestos servicios prestados durante los meses de febrero, marzo y abril de 2015.

El concepto facturado era “Paquete Integral de Neuro- rehabilitación”, que consiste en la realización de una terapia física basada en neurodesarrollo, cuya financiación se ejecuta con cargo a los recursos del SGP – Sector Salud.

La beneficiaria del pago, al igual que en el pasado, fue FUNTIERRA REHABILITACIÓN IPS LIMITADA, pudiéndose constatar que no se habían prestado la totalidad de las terapias ordenadas.

La Secretaría de Salud Departamental de Córdoba autorizó el pago, sin observar los procedimientos establecidos para el reconocimiento de servicios NO POS de afiliados y beneficiarios del Régimen Subsidiado.

Inadecuada supervición por parte de la Gobernación
La Secretaría de Salud Departamental de Córdoba no aplicó los procedimientos establecidos para el reconocimiento de servicios NO POS y tampoco implementó los controles necesarios para detectar deficiencias y cobros inconsistentes, especialmente si se tiene en cuenta que la Contraloría ya había evidenciado en el pasado, pagos irregulares por servicios de terapias que habían sido practicadas a los pacientes.

Por mandato legal, no está permitido que con recursos de la salud, se financien servicios y tecnologías de las cuales no exista evidencia científica sobre su efectividad clínica, como es el caso de las terapias ABA y las basadas en neurodesarrollo. Sin embargo, y pese a la ausencia de evidencia científica de las mencionadas terapias, estas se siguieron pagando por la actual administración, sin que se evidenciara la efectiva prestación de los servicios terapéuticos.

Presuntos responsables
De conformidad con la información reportada por el equipo auditor de la Gerencia Departamental Colegiada de Córdoba, se registraron como presuntos responsables de los mencionados hallazgos, al actual Gobernador del departamento, Edwin José Besaile Fayad, en su condición de representante legal de la Gobernación, así como al auditor médico de la Secretaría de Salud Departamental, Juan David Nader Chejne, quien en su condición de contratista de la entidad territorial, tuvo a su cargo la verificación de las facturas y los servicios prestados, y no objetó el pago.

Además de los anteriores servidores públicos, fue igualmente vinculada las IPS beneficiaria del pago, FUNTIERRA REHABILITACIÓN IPS S.A.S., representada legalmente por Tania Margareth Otero Arroyo, toda vez que según el informe de la Contraloría, presentaron cobros y facturas por servicios de terapias incompletos, facturando paquetes integrales de neurorehabilitación.

Fuentierra Rehabilitación IPS S.A.S. nuevamente implicada
En auditoría realizada a los recursos del Sistema General de Participaciones en el departamento de Córdoba, vigencia 2015, esta misma IPS ya había resultado implicada en las irregularidades que generaron múltiples hallazgos fiscales, por las mismas prácticas que hoy nuevamente la Contraloría investiga.

La señora Tania Otero Arroyo, en su condición de representante legal de FUNTIERRA REHABILITACIÓN IPS, y el asesor jurídico de la referida IPS, Eduardo Padilla Hernández, interpusieron en su momento ante la Gerencia Departamental de la Contraloría en Córdoba, así como ante el Despacho del Contralor General de la República y la oficina de Participación Ciudadana de la entidad, derechos de petición, además de numerosas solicitudes y denuncias ante el Ministerio Público, así como acciones ante instancias judiciales, sin que ninguna de ellas hubiera prosperado.

Todas esas actuaciones buscaban obstaculizar y dilatar el Proceso de Responsabilidad Fiscal que hoy se adelanta en la Gerencia Departamental Colegiada de Córdoba, funcionarios que fueron igualmente denunciados, tanto del nivel directivo, como la sustanciadora del proceso, para luego solicitar que se declararan impedidos, como en efecto lo solicitó la representante legal de Funtierra Rehabilitación IPS.