Vergüenza urbanística en Cartagena

José Javier de la Hoz, columnista.

Por: JOSE JAVIER DE LA HOZ

 

El 20 de abril del 2016, cuando aun la polémica no se hacia tan evidente,  el Curador 1 Urbano de Cartagena manifestó lo siguiente ante medios de comunicación nacional “No hay ninguna norma dentro del POT que impida la construcción, no hay nada que hable de visibilidades, además hoy desde el centro no se puede ver el Castillo. La constructora tiene licencia, puede empezar a edificar cuando quiera”. Se refería en ese momento el señor curador al denominado proyecto Aquarela.

Foto: El Universal

 

Luego el 17 de octubre de 2017 y cuando ya la polémica estallo el mismo curador declaro ante medios lo siguiente: “Todo esta en regla desde la licencia hasta la normatividad para levantar allí un edificio de esa altura, una serie de cambios en la reglamentación del área de influencia de estos monumentos, que sumados al POT desactualizado de Cartagena permitieron expedir esta licencia sin mayores inconvenientes”.

Al revisar las declaraciones de este caballero que funge como Curador Urbano en la amada Cartagena de Indias no sabe uno que pensar; no obstante en Colombia existe algo que se llama presunción de inocencia y aun ante actos tan evidentes el debido proceso debe ser respetado.

La pregunta es ¿dónde estaban las autoridades, los organismos de control mientras el señor curador tramitaba la cuestionada licencia del proyecto aquarela en Cartagena de Indias?.

El señor Curador Primero de la heroica manifestó que no existía norma que impidiera la expedición de esa licencia de construcción, sin temor a equivocarme debo decir, que , o el curador miente o desconoce la normatividad que debe tener en cuenta al momento de expedir las licencias que a diario estudia, no puede ser que el encargado de verificar los licenciamientos urbanísticos se limite a revisar sencillamente norma urbana, no señor!!! Las normas urbanas se erigen sobre unas determinantes ambientales que deben ser aplicadas e interpretadas en forma sistemática, aplica este curador una premisa de un abogado “urbanista” a quien tuve la oportunidad de conocer y quien  se atreve a decir que urbanismo nada tiene que ver con medio ambiente, hágame el favor!!!.

 

Ahora bien; el decreto 2811 de 1974 conocido como el código nacional de recursos naturales en su articulo 3 numeral 10 incluye como recurso natural renovable los recursos del paisaje, desarrollando este concepto y su protección en los artículos 302, 303 y 304  reconociendo el paisaje como un derecho.

Por su importancia me permito transcribir lo que nos enseña el articulo 304 del decreto 2811 de 1974; norma vigente a la fecha: “En la realización de las obras, las personas o entidades urbanizadoras, públicas y privadas procurarán mantener la armonía con la estructura general del paisaje.”.

La ley 9 de 1989 en su articulo 5 incorpora el paisaje como parte integral del espacio publico, norma esta vigente a la fecha, así mismo la ley 99 de 1993 en su articulo 1 numeral 8 establece claramente como uno de los principios generales a seguir en la política ambiental el de proteger el paisaje.

La misma ley 99 de 1993 en su articulo 49 nos enseña lo siguiente “La ejecución de obras, el establecimiento de industrias o el desarrollo de cualquier actividad, que de acuerdo con la ley y los reglamentos, pueda producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje requerirán de una Licencia Ambiental.

 La ley 388 de 1997 en su articulo 8 Numeral 11 consagra las áreas de conservación y recuperación paisajística, la misma ley en su articulo 12 numeral 2.2 señala como contenido estructural de los POT la definición de áreas de reserva y defensa del paisaje, el articulo 13 numeral 3 señala que el componente urbano del POT deberá contener la delimitación de las áreas de conservación paisajística.

Una norma de trascendental importancia para el caso “Aquarela” es el articulo 15 de la ley 388 de 1997 por cuanto se clasifica como normas estructurales las que definan áreas de protección y conservación paisajística, esta clasificación implica que las mismas solo pueden modificarse a través de la revisión del POT o excepcionalmente a iniciativa del alcalde con base a estudios técnicos debidamente sustentados. La licencia del controvertido proyecto se entrego sustentada en una circular normativa que “”Aclaro” el perímetro de influencia del Castillo San Felipe.

 

En fin; el otorgamiento de la licencia urbanística para el desarrollo del proyecto en Cartagena de Indias desconoció abiertamente normas del orden nacional las cuales debían ser aplicadas por el Curador y no tratar de escudarse en vacíos normativos inexistentes.

 

Abogado Especialista En Derecho Ambiental Territorial y Urbanístico –  Magister En Derecho Ambiental y Urbano Territorial

josedelahoz@lawyersenterprise.com