Castigos deshumanizados por delitos cometidos en la edad media

Artículo de opinión de: Jesús Fernández Dix.

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En esta columna trazare algunas de las sanciones severas a las que eran sentenciados quienes cometían conductas punibles por delitos tan basicos como el hurto o blasfemar contra Dios y contra la Corona real.

Grandes autores, filósofos e influyentes del Derecho penal antiguo como Cesare Beccaria y Pietro verri criticaron fuertemente el sistema de justicia primitivo y sus métodos radicalmente medievales con los que se ejecutaban las penas hacia los victimarios, toda vez que se trataba de sanciones que conllevan a torturas físicas infringidas por un verdugo experto en causar dolor o por instrumentos letales como la guillotina o la horca.

Entre principios del siglo XVIII eran comunes las sentencias de muerte, ademas de predominar una extraña semejanza/relación entre los delitos, los vicios y el pecado, lo que significaba claramente que había una estrecha unión entre las decisiones de la iglesia y el Estado monarca.

Durante el siglo XVIII (aproximadamente a mediados) militaba una división de clases sociales.

En aquel entonces la sociedad estaba dividida por tres grandes clases sociales las cuales fueron: la Nobleza, la Iglesia y el tercer estado donde se situaba la gente más humilde y la burguesía, el sistema político era la monarquía absolutista donde se decía que el monarca era elegido por Dios; En la clase social constituida por la iglesia existían privilegios los pertenecientes a la nobleza y a la iglesia en atención a que tenían unos privilegios que los ciudadanos del tercer estado nunca llegarían a alcanzar, no existía una división de poderes que se concentraban en el monarca.

En los estados señoriales los propietarios mantenían el control jurídico de sus tierras quienes además tenían potestades extraordinarias para condenar incluso a muerte a sus siervos mal portados y mantener el orden dentro de sus propiedades.

Por otro lado, el panorama relativo a la ejecución de penas por delitos que muchas veces se trataba de blasfemias o maledicencias contra Dios, el soberano o la nobleza, resultaban ser atroces y superaban el agravio de la falta cometida por el desdichado.

Existía en aquel tiempo un gran abuso de la pena de muerte, un sistema de justicia desalmado que utilizaba la tortura y sevicia como de prueba y castigo; los jueces dictaban las sentencias sin suficientes elementos materiales probatorios, sin constatar que la información fuese obtenida de forma legal o conducentemente correcta; los procesos penales contenían pruebas secretas y delatores pagados o aun incluso premiados con monedas de oro y otras dadivas; los jueces sometidos al poder absoluto del monarca; los cargos como juez se compraban y se transferían a modo de herencia; un gran poder de la inquisición se ejercía, confundiendo, como ya mencione antes, los delitos, con los vicios o los pecados.

Se tenía el errado concepto de que la pena era sinónimo de causar sufrimiento, accionar sadismo hacia el condenado.

Otro de los castigos más frecuentes en aquella época era el de las mutilaciones. Este tipo de castigo era un claro atentado hacia la dignidad humana pero aun así se convirtió en una práctica común y permisible ante los ojos de los nobles y de la iglesia. Las mutilaciones, si bien fueron bastante usuales, también es cierto que variaban en determinadas épocas: se cortaba al condenado la mano, la nariz, las orejas, la lengua, pero en el siglo XVIII empezaron a caer en desuso.

La pena de muerte se aplicaba incluso para delitos en los que hoy se condenaría con varios meses o semanas de reclusión o trabajos comunitarios a la ciudadanía.

En los crímenes ordinarios se condenaba a la horca a los plebeyos o a la decapitación a los nobles, para crímenes como: envenenamientos, incendios y delitos contra natura (incesto, relaciones entre individuos del mismo género) se quemaba vivo al delincuente o se le enterraba vivo, se le cortaba en trozos o se le cocía en aceite.

La variedad de muertes era tan infinita y solo era comparable con las torturas que sufría el condenado antes de la ejecución de la condena. La tortura era de dos tipos: la ordinaria que procuraba obtener información del condenado como la confesión del crimen y la extraordinaria que se administraba antes de la ejecución de la pena con el fin de que el condenado denunciara a sus cómplices. Cabe decir que estos procedimientos de justicia fueron utilizados hasta finales del siglo XVIII.

Tal era la situación de fanatismo inquisitivo mezclado con la soberanía religiosa extrema, que incluso hubo momentos en los que se dieron rezagos a los juicios de Dios como por ejemplo: cuando se sometía el sospechoso a prueba de fuego, se entregaba al sospechoso un hierro caliente, si se quemaba era culpable, si no se quemaba, era inocente; la prueba del agua hirviendo: se vaciaba agua hirviendo a las manos del Sospechoso, luego a los tres días miraban nuevamente las manos del indiciado, si estaban despellejadas era culpable y si estaban sanas era inocente.

Dichas pruebas en efecto no conducían a descubrir la verdad sino a llenar los vacíos doctrinales y el poder absoluto y morboso de la monarquía. Las penas resultaban ser mucho más horribles que los delitos o supuestas conductas punibles que cometía la población, mostrando el lado expiatorio y torturador de la iglesia y el sistema de justicia que era ambiguo y deshumanizado, en aquel tiempo.

Por lo anterior, autores influyentes en el Derecho penal como el ilustre Cesare beccaria, se enfocaron en arrollar con argumentos contundentes estas formas inhumanas de penalización, dando a entender que el fin fundamental de la pena, como función punitiva estatal, es el control social, y quien lo ejerza, deberá hacerlo invocando la preservación de los derechos fundamentales para la sana convivencia social.

El control social implicaría también a una limitación del poder, por ende, la libertad de los ciudadanos se limita a través de la norma y por ello el derecho penal es represión; no obstante la norma del mismo modo es libertad en la medida que indica cual es la órbita de actuación del Estado y del ciudadano, señalando en todo caso, la libertad de hacer lo que se desee siempre y cuando el actuar del ciudadano no sea contrario a la ley o al derecho ajeno.

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