Tras el paro nacional del 28 y 29 de mayo en Colombia, que fue convocado en respaldo a las reformas del Gobierno de Gustavo Petro y en protesta por la caída de la consulta popular en el Senado, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) anunció nuevas jornadas de movilización. Aunque las protestas anteriores fueron mayoritariamente pacíficas, en ciudades como Bogotá se presentaron bloqueos y algunos disturbios, afectando a más de dos millones de personas, especialmente por la interrupción del sistema TransMilenio.
Fabio Arias, presidente de la CUT, informó en rueda de prensa que el próximo 11 de junio se llevará a cabo una nueva convocatoria nacional, con caravanas organizadas hacia Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, consideradas capitales clave en la lucha social. Arias afirmó que la meta es una movilización masiva y aseguró que no cederá ante las advertencias del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, con quien mantiene un conflicto abierto por la legalidad de los bloqueos durante las protestas pasadas.
El alcalde Galán anunció acciones legales tras las declaraciones de Arias, quien admitió que los bloqueos habían sido planeados como una forma de presión legítima. Arias respondió defendiendo esa táctica como parte del derecho a la protesta social, amparado, según él, por organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la OIT. A pesar del riesgo judicial, el líder sindical ratificó su postura y cuestionó lo que considera un intento de criminalizar la protesta ciudadana.
