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Drones con explosivos, niños en riesgo y familias desplazadas: la grave alerta de la Defensoría en el Catatumbo

La confrontación armada entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Frente 33 de las disidencias de las FARC mantiene bajo amenaza a las comunidades rurales del Catatumbo. Esta vez, la Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana de Inminencia 030-2026, con fecha del 17 de noviembre, para advertir sobre los graves riesgos que enfrentan los habitantes de los corregimientos de Luis Vero y San Martín de Loba, en jurisdicción de Sardinata, Norte de Santander.

Uno de los aspectos más preocupantes señalados por la entidad es el uso de vehículos aéreos no tripulados, conocidos como drones, adaptados para transportar y lanzar artefactos explosivos en sectores habitados. La Defensoría advierte que esta modalidad aumenta la posibilidad de que la población civil resulte afectada, junto con sus viviendas y espacios comunitarios.

Ataques cerca de escuelas y espacios comunitarios

De acuerdo con la información divulgada sobre la alerta, durante septiembre de 2026 se reportaron al menos cinco hechos relacionados con drones explosivos en las veredas La Fría, Chiquinquirá y La Mesa. En octubre también se registraron episodios en el parque principal de Luis Vero, cerca del templo parroquial San Martín de Porres y en la vereda Corino.

Entre los hechos que generan mayor preocupación está la caída de un dron cerca de la Institución Educativa La Divina Esperanza, mientras se desarrollaban actividades escolares. Además, estudiantes de la escuela de Planadas dejaron de asistir presencialmente a clases ante la identificación comunitaria de posibles artefactos explosivos en el sector.

La alerta también recoge que el 19 de octubre cinco civiles resultaron heridos en hechos asociados a la confrontación. Asimismo, algunas familias tuvieron que abandonar sus viviendas después de que estas resultaran afectadas por explosiones y ante el temor de nuevos ataques.

Cerca de 5.400 personas estarían expuestas

La advertencia comprende una población estimada de 3.000 personas en Luis Vero y 2.400 en San Martín de Loba. Entre los escenarios que podrían agravarse están los desplazamientos forzados, el confinamiento de comunidades, las restricciones a la movilidad y las dificultades para acceder a alimentos, servicios básicos y asistencia humanitaria.

La Defensoría también advierte sobre amenazas y estigmatización contra líderes sociales y defensores de derechos humanos, posibles riesgos de reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes, así como la eventual presencia de minas antipersonal y municiones sin explotar en zonas rurales.

El origen de esta situación está en la disputa por el control territorial entre el ELN y el Frente 33. Según el documento, el ELN ejercía previamente dominio sobre estos sectores, pero el ingreso de la estructura disidente intensificó las confrontaciones y las acciones armadas para disputar las áreas de influencia.

Autoridades deberán adoptar medidas urgentes

Frente a este panorama, la Defensoría formuló 15 recomendaciones dirigidas a entidades nacionales y territoriales para prevenir nuevas vulneraciones. Entre las acciones planteadas están fortalecer la coordinación institucional, activar mecanismos de alerta comunitaria, proteger a las comunidades educativas, atender psicosocialmente a las personas afectadas y brindar acompañamiento a las familias que han tenido que salir de sus hogares.

La advertencia se conoce en medio de nuevos episodios de violencia en San Martín de Loba. El 17 de noviembre, Caracol Radio informó sobre la activación de un Puesto de Mando Unificado (PMU) por parte de las autoridades de Sardinata, con el propósito de coordinar la atención de la emergencia y establecer medidas de protección para la población.

La crisis también debe entenderse dentro de un escenario regional más amplio: la Defensoría ha advertido que la confrontación armada en el Catatumbo ha provocado desplazamientos masivos e individuales que superan las 100.000 personas desde enero de 2025.

La Alerta 030-2026 pone nuevamente el foco sobre la población civil, que permanece expuesta a una confrontación en la que los ataques con explosivos lanzados desde drones han extendido el peligro hasta viviendas, escuelas y lugares de encuentro comunitario.

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