El colmo, ‘Cartel de la Cuarentena’

Una red que estaría integrada por un funcionario de la Procuraduría Regional, un exprocurador, un concejal de Montería y un exalcalde de Tierralta, viene presionando a varios alcaldes de Córdoba, exigiendo millonarias sumas de dinero a cambio de frenar o no abrir investigaciones en su contra.

Cada vez que se destapa un acto de corrupción en Córdoba se piensa que será el último, pero cuando este se gesta desde un organismo de control se pierde la fe en que algún día los corruptos pagarán por todo el daño que le han hecho al departamento.

Desde hace poco más de un mes, cuando varios municipios cordobeses decretaron la urgencia manifiesta, los alcaldes estuvieron en la mira de todos y los contratos que firman están bajo lupa para evitar la malversación de recursos en medio de una emergencia sanitaria por el Covid-19.

Sin embargo, todo parece indicar que desde el interior de la Procuraduría Regional en Córdoba se habría montado un cartel, del que presuntamente hace parte un alto funcionario de esa entidad, quien junto a un exprocurador, un concejal de Montería y un exalcalde de Tierralta se han dedicado a llamar a varios alcaldes a ofrecer sus ‘buenos oficios’ para evitar que sean investigados y sancionados por el Ministerio Público.

El Meridiano conoció que alcaldes de Planeta Rica, Pueblo Nuevo, Sahagún, Momil y Buenavista fueron contactados, pero ninguno de ellos aceptó las presiones. Lo cierto es que casualidad o no, hoy todos aparecen investigados por la Procuraduría. Aunque esto no significa que no se hayan cometido posibles irregularidades en la compra de los mercados de la emergencia, sí deja un sin sabor por el accionar de los individuos que integran este cartel.

Aunque ya venían recibiendo llamadas de los cuatro personajes presionándolos a cambio de millonarias sumas de dinero, la primera amenaza en firme que sintieron los mandatarios locales se registró el pasado 4 de mayo, cuando se conoció una resolución de apertura de investigación a varios de ellos y casi que de inmediato salió la suspensión del alcalde de Tierralta, Daniel Montero Montes. Algunos de ellos en privado señalaron que “de vaina no lo suspendieron el 3 de mayo”.

Pero el tema se fue convirtiendo en una pesadilla. El miércoles pasado al grupo de WhatsApp que tienen los alcaldes llegó un mensaje intimidador que advertía de “un complot en la Procuraduría contra ustedes” señalaba. 

El modus operandi

Los cuatro personajes que harían parte del ‘Cartel de la Cuarentena’ tienen una manera muy particular de actuar. Mientras el concejal de Montería contacta a los alcaldes cercanos a su partido, el exprocurador lo hace con los que son de su filiación pública.

Desde que Nicolás Barguil asumió como procurador Regional relegó a un segundo plano a la Procuraduría Provincial, que hoy parece más un adorno de mesa. Super-poderes que habría recibido de su amigo de vieja data, el Procurador General.

Algo muy similar acontece con un exalcalde de Tierralta. De este se supo que llamó a un mandatario de la sabana a pedirle 400 millones de pesos.

Pero lo más aberrante de todo, es que el propio funcionario de la Procuraduría Regional estaría llamando a los alcaldes a exigir gruesas sumas de dinero. El Meridiano conoció que en este caso hay una grabación en manos de varios alcaldes quienes están dispuestos a presentarla ante las autoridades una vez sean requeridos por estas.

Las exigencias dependen de la categoría de los municipios. La más baja está en 200 millones de pesos y la más alta en 500 millones.

¿Y los alcaldes?

Este medio dialogó con varios alcaldes, que incluso, el sábado anterior se reunieron para tocar el tema y alistan las respectivas denuncias. Sin embargo, ya pusieron al tanto a la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República de esta irregular situación.

Señalan que inexplicablemente la Procuraduría Regional asumió la competencia de investigarlos, cuando hasta hace un par de meses esta era de la Procuraduría Provincial.

Además manifiestan “no nos oponemos a que nos investiguen, pero que lo hagan con transparencia” y solicitarán que las investigaciones se adelanten, pero en Bogotá.

Estos hechos son de mucha gravedad y solo se espera conocer si el procurador Regional, Nicolás Barguil Flórez tiene conocimiento de lo que está pasando al interior de su despacho. Si la actuación de su funcionario es a sus espaldas y las acciones que tomará ante esta denuncia.

Así mismo, se espera un pronunciamiento del procurador General, Fernando Carrillo Flórez, sobre estos graves acontecimientos, que dejan muy malparado al Ministerio Público en Córdoba.

Con información de: El Meridiano.

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