El problema de hacinamiento carcelario en Colombia

Artículo de opinión de Jesús Fernández Dix.

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En esta columna elucubraré un poco acerca de la problemática que gira en torno al desbordamiento de prisioneros en las cárceles de Colombia así como sus posibles alternativas para mitigar vulneraciones a los Derechos Humanos, a propósito de las ponencias impartidas en el Congreso de Derechos Humanos por los distintos actores del Tribunal superior, magistrados de las altas cortes, Defensores del pueblo, representantes a la cámara y senadores, entre otros colegiados ponentes expertos en la materia, y promovido por la Defensoría del pueblo en el Centro de Convenciones de la Gobernación de Córdoba este 10 y 11 de noviembre, y sobre la cual expusieron propuestas integras y alternativas respecto a la problemática que existe en los centros penitenciarios de Colombia, debido al gran número de prisioneros que superan en gran medida la capacidad de alojamiento de los centros carcelarios.

Como en toda ilustre ponencia, dictada por diferentes jurisconsultos especialistas en el ámbito Penal y Constitucional y Honorables Magistrados y Congresistas, hubo propuestas viables, meditabundas y proposición de posibles soluciones frente a la problemática social y jurídica en proyección a la velación de Derechos Humanos de los reos, en aras a cumplir debidamente con los preceptos constitucionales que ponen en pedestal la dignidad Humana de toda persona, privada o no privada de la libertad.

Es sabido que durante décadas en el escenario punitivo y más específicamente en nuestra política criminal se ha dirigido la atención a satisfacer la demanda punitivista que tambien podría llamarse populismo punitivo, atribuyéndole funciones pacificadoras, de seguridad y de justicia, con el propósito de propender la justicia restaurativa que consiste en reinsertar a la persona que ha cometido conductas punibles a la vida social, equiparando esta política criminal al hecho de proporcionar una lección justa dependiendo la gravedad del delito, y al mismo tiempo hacer concientizar al injusto a que no vuelva a cometer los mismos errores que lo llevaron a la pena privativa de la libertad.

Como todos sabemos, las sobrepobladas cárceles de nuestro país hoy en día se han convertido en universidades de la delincuencia. Quien entra en una cárcel por un delito menor como hurto o falsificación de cheques, sale de la misma cometiendo delitos de mayor magnitud porque dentro del establecimiento penitenciario aprende, por influencia o malos tratos, a convertirse o perfeccionar su vida criminal.

En consecuencia a lo anterior, el tratamiento del conflicto social se ha focalizado hoy día en el aumento de las penas, la construcción de centros de reclusión, la creación de nuevos delitos (como los delitos informáticos) y la criminalización de poblaciones vulnerables como los migrantes, los jóvenes consumidores de drogas, los activistas y los cultivadores de coca, entre otras poblaciones marginadas de la sana estructura social.

Queda claro que la solución no es la creación de más conductas calificables como conductas punibles ni mas centros de reclusión. La solución está en restaurar, reparar los daños causados, reestablecer las cosas a su estado anterior.

Me explico: la justicia restaurativa es conocida por ser una justicia reparadora, y por tanto, una justicia compasiva, en el sentido que busca focalizar las necesidades de las víctimas de los hechos punitivos y no de los autores, entonces se puede pensar de la misma manera en quien cometió actos reprochables en la sociedad siempre y cuando no represente un peligro para el conglomerado social.

La cárcel puede ser una notable solucion para determinado tipo de personas, pero para otras puede producirse un resultado fatal. En mi opinión hacen falta más brigadas sociales, capacitaciones en los centros de reclusión, que las cárceles sean centros de reforma ciudadanía con énfasis en los valores cívicos y sociales y no escuelas donde se instruye y perfecciona la conducta criminal, toda vez que el resultado del tipo de políticas que busca añadir más delitos a la lista del código penal o más centros severos de reclusión sin garantías de derechos Constitucionales ha arrojado una serie de consecuencias que no se pueden ignorar: hacinamiento; congestión judicial; omisión en la reparación a las víctimas del delito; falta de políticas de rehabilitación para evitar la reincidencia y garantizar una segunda oportunidad al pospenado, y falta de acceso a la justicia, que han sido solo algunos de los efectos que ponen en tela de duda la eficacia de la política pública criminal.

Desde luego que, por ser propuestas contrarias a la perspectiva del castigo, resultan altercadas desde la mirada de la justicia retributiva e interpretadas como “Justicia flácida”, pues, valga indicar, muchas de estas ideas provienen de las reflexiones de las escuelas críticas en el ámbito de las ciencias sociales, y como tales, muchas rechazadas por el pensamiento político y económico tradicional colombiano, ya que tenemos la polémica idea de que quien comete un delito debe caerle todo el peso de la ley, más debemos pensar seriamente en la oportunidad de reincorporar a toda persona a la vida civil si esta se lo propone y cumple con los estándares mínimos que le confiere la ley para su reinserción.

Por último, debo añadir que a veces la cura puede salir más cara que la enfermedad, por tanto, insto a pensar en el perdón social, no en el entendido de evadir el castigo, sino en la lógica de reincorporar al injusto al tejido social que una vez quebrantó, quizá tentado por malas influencias o por circunstancias socioeconómicas que nublaron su deber ser con la sociedad, y solo si el reo está dispuesto, con las garantías que le otorga la carta magna, a reivindicarse con la sociedad.

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