El Gobierno de Estados Unidos manifestó su respaldo a los planes de Colombia para reactivar la aspersión aérea de cultivos de coca, una estrategia que permaneció suspendida durante 11 años debido a los cuestionamientos sobre sus efectos en la salud y el medioambiente. La posición de Washington quedó consignada en una carta del Departamento de Estado, fechada el 18 de noviembre y dirigida a 19 congresistas demócratas que habían solicitado al secretario de Estado, Marco Rubio, oponerse a esta iniciativa. La información fue revelada por la agencia Associated Press (AP).
En su respuesta, el Departamento de Estado sostuvo que la fumigación desde aeronaves, acompañada de la erradicación manual y las operaciones de interdicción contra el narcotráfico, tiene un potencial significativo para reducir los cultivos ilícitos y la producción de cocaína. También señaló que espera que Colombia lidere las acciones y demuestre resultados, mientras Washington está dispuesto a respaldar el enfoque que adopte el país. Según la información conocida por AP, el plan piloto contempla asistencia técnica estadounidense y apoyo con aeronaves, mientras Colombia asumiría los costos del personal, el combustible y el herbicida.
Sin embargo, la iniciativa todavía enfrenta obstáculos. El Gobierno colombiano proyecta un plan piloto en el departamento de Putumayo, con una intervención de hasta 1.000 hectáreas de cultivos de coca y el uso de glufosinato de amonio, una sustancia diferente al glifosato utilizado en anteriores programas de fumigación. El proyecto fue suspendido por un juzgado administrativo de Mocoa en septiembre y, aunque el Gobierno apeló, una decisión judicial del 3 de noviembre mantuvo frenada su ejecución por las dudas pendientes sobre los posibles impactos sanitarios y ambientales. Además, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) adelanta la revisión del estudio de impacto ambiental.
El debate también llegó al Congreso estadounidense. Los 19 legisladores demócratas, entre ellos Alexandria Ocasio-Cortez, Rashida Tlaib, Jim McGovern y Pramila Jayapal, advirtieron sobre los posibles efectos de las fumigaciones en las comunidades campesinas, los cultivos legales, los pueblos indígenas y los ecosistemas amazónicos. También cuestionaron que la estrategia pueda desplazar los cultivos ilícitos hacia zonas más apartadas, favoreciendo la deforestación. En Colombia, el regreso de esta modalidad deberá cumplir los requisitos judiciales, ambientales y sanitarios establecidos por las autoridades competentes.
La discusión se produce en medio de la preocupación por el crecimiento de los cultivos ilícitos. Según las cifras de Naciones Unidas citadas por AP, Colombia alcanzó 261.000 hectáreas de cultivos de coca en 2024, el registro más alto disponible. Por ahora, el respaldo estadounidense representa un apoyo político a la estrategia, pero no significa que las aeronaves puedan comenzar a fumigar de inmediato ni que exista autorización para restablecer un programa nacional de aspersión.
