Mal aplicación tarifaria en el impuesto de renta de Colombia

El impuesto de renta en Colombia es uno de los mayores rubros del estado colombiano, a través de éste, la nación en promedio adquiere unos 56,6 billones de pesos anuales con respecto a este impuesto. Es una cifra muy significativa, ya que este factor tributario es de vital importancia para el engranaje cabal de la economía nacional, dado a que esta cuantía representa el 6,2% del Producto Interno Bruto.

En la constituyente del 91 se reformaron todas las leyes que anteriormente no suplían con la justicia nacional en todas sus índoles, entre esas, el sistema tributario, incluyendo todos los tipos de impuestos que rigen hoy en día en Colombia. La corte constitucional en su artículo 363 resalta la EQUIDAD Y PROGRESIVIDAD que deben poseer el cobro de los impuestos a las empresas y al ciudadano.

A raíz de este artículo, paradójicamente han surgido unas discusiones de inconsistencias, resulta que economistas nacionales e internacionales han expresado la discrepancia que hay al momento de aplicar materialmente este artículo, dado a que el cobro que hoy establece el esquema tributario sobre el impuesto de renta a las empresas EN GENERALES, es una tarifa exorbitantemente alta, ubicándose en 32%.

Aquí acontece algo paradójico, según analíticos. El término progresividad hace referencia al avance, no a lo estable, y cuando hablan de que el cobro de los impuestos en generales debe ser progresivo, quiere decir que deben existir diferencias, tarifas que se amolden a las circunstancias, como lo aplica el impuesto de industria y comercio según su actividad comercial, como lo aplica a la vez el impuesto predial, según su avalúo catastral, a diferencia de cómo lo aplica el impuesto de renta a las empresas, estableciendo una única tarifa para las diferentes empresas según sus magnitudes.

Es claro, y a la vez razonable, que una multinacional que radique en Colombia, tendrá más flexibilidad económica de cancelar de sus ingresos un 32% correspondido al estado del impuesto de renta, a que una microempresa que sólo está iniciando sus actividades operarias, que no posee un robustecido músculo financiero y que le supriman de sus ingresos una tarifa demasiada alta para sus condiciones económicas.

Lo que realmente es cierto, es que se tergiversó el articulo emitido por la constitución, se malinterpretó el art 363 poniéndolo en mala ejecución que conllevó a ocasionar polarizaciones.

La propuesta equitativa que han interpuesto dirigentes políticos, consiste en reestructurar la aplicación del cobro, parametrizando tarifas diferenciales a las empresas según sus magnitudes operarias. No es equitativo, como lo resalté en el anterior párrafo, que a una multinacional se le cobre simultáneamente la misma tarifa que una microempresa.

En países como Francia, que su sistema tributario es un amoldable a la condiciones y circunstancias económicas de las empresas, en éste país de medio oriente, sus tarifas tributarias son impositivas con respecto a sus ingresos, para este 2020 estipularon una tarifa del 28% para las empresas que obtengan ingresos brutos hasta 500.000 EUROS, Y se le aplica el 31% para las empresas que obtengan ingresos brutos superiores a 500.000.

Éste país tiene un proyecto de ley vigente en el sistema tributario, sus métodos y principios de aplicación se basan en un esquema de cobra tributario progresivo, como se los mencionaba en el anterior párrafo, se le imponen tarifas a empresas según sus volúmenes de ingresos en el período de un año. A lo que corresponde, se cobra lo justo y equitativo para cada empresa dependiendo su magnitud.

Se debe impulsar con total celeridad esta propuesta, debido a que se debe proteger el tejido empresarial que hoy está emergiendo a Colombia. El 95% de las empresas que radican en Colombia son PYMES, el otro 5% son grandes y/o multinacionales empresas. ¿Por cuál se debe primar, por la de mayor porcentaje o por la de menor?