El Gobierno de Abelardo De la Espriella anunció un paquete de propuestas para modificar diferentes aspectos relacionados con el tránsito y los trámites que deben realizar los conductores en Colombia. Las iniciativas buscan reducir costos y revisar el funcionamiento de mecanismos como las fotomultas.
Entre las principales propuestas está llevar al Congreso una reforma para reducir hasta en un 50 % el valor de las multas de tránsito. También se plantea disminuir en un 25 % el costo de los cursos que permiten acceder a descuentos por pronto pago de comparendos y revisar algunos requisitos para la operación de los Centros Integrales de Atención (CIA).
En cuanto a las licencias de conducción, el Gobierno plantea reducir los costos asociados a su expedición, eliminar algunos requisitos y ampliar su vigencia a un periodo de entre ocho y diez años. Estas modificaciones, sin embargo, hacen parte del paquete de reformas anunciado y no significan que los valores o la vigencia hayan cambiado de manera inmediata.
Uno de los puntos que más atención ha generado es el relacionado con las fotomultas. De la Espriella ordenó al Ministerio de Transporte realizar una revisión de los sistemas de fotodetección que funcionan en el país, verificando aspectos como sus autorizaciones, señalización, criterios técnicos, límites de velocidad y condiciones de los corredores donde están instalados.
La medida no contempla, por ahora, la eliminación general de las fotomultas. El Gobierno busca determinar si los dispositivos cumplen con los requisitos legales y técnicos y establecer acciones en aquellos casos donde se encuentren irregularidades o sistemas que no respondan a criterios de seguridad vial.
El paquete también contempla revisar los costos y posibles cobros duplicados asociados al Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) y al Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (SIMIT), además de evaluar cambios relacionados con la revisión técnico-mecánica.
Por ahora, los conductores deberán continuar cumpliendo las normas y pagando las tarifas vigentes. Los cambios anunciados deberán avanzar mediante los procedimientos legislativos y administrativos correspondientes antes de convertirse en nuevas reglas para los usuarios de las vías.