Mínimo vital, salud y educación en contraste con la renta vitalicia inmobiliaria y la hipoteca inversa: hijos de padres diferentes

Artículo de opinión de: Gustavo Garnica.

Gustavo Garnica. Columnista de Río Noticias.

Mínimo vital, salud y educación son – entre otros – derechos fundamentales sociales. Hijos de la democracia constitucional fundada después de las dos guerras de la primera mitad del siglo pasado y la liberación de Europa de los regímenes fascista y nazista. Este segundo momento del constitucionalismo – como lo llama Ferrajoli -, fue la respuesta a la necesidad de la reconstrucción de ese continente y de expresar un “nunca más” a los horrores que vivió la humanidad – producto de la negación de su racionalidad -. Esos derechos fueron introducidos en las cartas constitucionales, de los países del viejo continente, de la postguerra, en las constituciones de nuestra región – de finales del siglo pasado e inicios de este -, y en unos, para ese entonces, nuevos instrumentos internacionales – también de postguerra -, que irrumpieron en el escenario jurídico mundial, regional y recientemente hemos visto que ya también en el de los ordenamientos jurídicos internos de los estados. Dentro de estos Instrumentos – supraconstitucionales – se encuentran, la Carta de la ONU de 1945, Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, los diferentes documentos que dieron origen a los sistemas de protección de DDHH, como el europeo, el africano y nuestro Sistema Interamericano con la Convención Americana a la cabeza y el Protocolo de San Salvador – sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales -.

Los derechos sociales contienen un mandato de acción y de ejecución de prestaciones positivas para el estado, que debe buscar la materialización y satisfacción universal de estos, y para hacerlo, – el estado – debe estar supraordenado al poder del mercado. De no estarlo, las iniciativas de promoción de esos derechos van a estar mediadas por los intereses de este – mercado -, que ubicado en posición de preminencia sobre la política y el estado, va a orientarlas hacia el único fin que en él se persigue: el lucro económico.

Por su parte, la renta vitalicia inmobiliaria y la hipoteca inversa, ofrecidas y promocionadas por el gobierno, como mecanismo o estrategia de protección – de una renta – para los mayores de 65 años; son negocios. Hijos del mercado, del capital y, por lo tanto, no buscan garantizar derechos, sino producir ganancias. Estos dos negocios, ya existentes en otros países, pueden cuestionarse – aun no siendo obligatorios -, porque acentúan la acumulación antinatural de la tierra y de los bienes inmuebles en manos del (los) acreedor (es) hipotecarios, que de seguro será el sector financiero. La hipoteca es originariamente una garantía real, constituida sobre un bien – inmueble – para garantizar una obligación contraída. Es además un contrato accesorio utilizado comúnmente en el sector financiero, como garantía de un crédito, con el cual se facilita la adquisición de inmuebles, que automáticamente quedan afectados bajo garantía real. Si entendemos que la hipoteca es – la mas de las veces – una garantía para adquirir la propiedad de un inmueble, la hipoteca inversa es, eso mismo, pero para perderla. 

La hipoteca inversa y/o la renta vitalicia inmobiliaria no pueden pensarse como sustitutas o siquiera como cercanas a la renta básica – en estos días de moda -, la cual, en sí, no es un derecho fundamental, sino la materialización de uno, que si lo es y presupuesto de otro: i) presupuesto de libertad – en sentido amplio – y; ii) materialización del mínimo vital. Presupuesto de libertad, porque no será libre quien es subordinado de sus necesidades. Para poder hacer un ejercicio de la libertad – pregonada junto a la vida y la propiedad -, como los grandes derechos del constitucionalismo clásico de finales del siglo XVII, el ser humano debe tener resueltas, por lo menos, las mínimas condiciones para su vida y existencia – mínimo vital -, como las tenía materializadas en el estado de naturaleza – donde podría tomar de ésta, lo justo y necesario para su subsistencia -, lo que hoy no es posible. De acuerdo a esto, el estado debe suplir esa ausencia de condiciones de vida y existencia, en razón a que el fin de esta organización política es precisamente abstenerse de vulnerar los derechos de libertad, vida y propiedad, pero a su vez hacer efectivo el goce de los derechos sociales, a través de prestaciones como una renta vital suficiente, que garantice la subsistencia digna de todos los ciudadanos, por el único hecho de serlo y no condicionada a que a través de una propiedad previamente adquirida obtenga a cambio, una prestación periódica a partir de los 65 años de edad.      

En esta emergencia, más que nunca, el estado está llamado a cumplir la finalidad para la cual fue creado – producto del pacto entre los hombres – que a cambio de seguridad, libertad y protección de su vida y propiedad -, renuncian a vivir en estado de naturaleza y se reúnen en torno a un sujeto político, al cual dotaron de competencias para brindarles esas garantías: el estado.

Pasando a los otros dos derechos enunciados. El de la salud, esta mediado por el mercado, que, al encontrarlo como fuente de negocio, le quita la condición de universal y por lo tanto de derecho fundamental, restringiéndolo solo a quien tiene capacidad económica de garantizárselo – derecho patrimonial -, en diferentes escalas. Los trabajadores e independientes cotizantes al Sistema General de Seguridad Social, se aseguran unas mínimas condiciones de servicios de salud – no de garantía plena de derecho -. Quienes tienen mayor capacidad económica se aseguran a cambio de un extra – pago periódico, generalmente mensual, la prestación de una medicina prepagada, la cual, como todo servicio estratificado, obedece en calidad, al pago que por él se haga. Quienes tienen mucha más capacidad de pago, pueden acceder a servicios médicos particulares, o incluso adquirir seguros médicos en el exterior.

No obstante, este panorama, en medio de la emergencia, el estado se vio obligado a resurgir como garantizador de este derecho – o por lo menos en mayor proporción que antes de la emergencia -. La Red Publica Prestadora de Salud que premeditadamente, después de la Ley 100 de 1993, se desmontó para dar paso al mercado – que hizo valer su condición de poder supraordenado a la política y al estado -, ha tenido que ser, a las carreras, no recuperado, sino suplido con hospitales y puestos de atención de campaña, en todo caso provisionales la mayoría. Porque una vez esto pase, el mercado nuevamente querrá tomar el control de la prestación del servicio – y no la satisfacción del derecho – a la salud.

En cuanto a la educación, el estado en mayor medida que en el caso de la salud, garantiza el derecho, porque igualmente en mayor medida lo asume directamente, pero está muy lejos de garantizarlo y satisfacerlo plenamente, o por lo menos acercarse a niveles ideales. Tenemos una educación estratificada, sobretodo en los niveles iniciales – preescolar -, en relación con la brindada en las instituciones privadas.  Prescolar de un solo nivel en el sistema educativo público y por lo menos de cinco niveles en instituciones de carácter privado. La media y básica es bastante precaria en términos de infraestructura, en materiales de enseñanza, en elementos didácticos, y bajo la situación actual, hemos confirmado que no posee la menor capacidad en materia de tecnologías de la información y la comunicación. Todo esto, ahondado por el recorte de transferencias a las entidades territoriales para este sector, originado con la reforma Constitucional realizada con el Acto Legislativo 01 de 2001, que por su carácter regresivo significa un verdadero proceso deconstituyente – de desmonte de garantías primarias de derechos -, en oposición a los procesos constituyentes – de establecimiento de estas -.

La educación superior pública dista mucho de alcanzar niveles de universalidad y gratuidad, a pesar de ser estos, dos propósitos progresivos de rango constitucional – artículo 67 C.P. – y supraconstitucional – PROTOCOLO ADICIONAL A LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES, art. 13 -.  Hoy las universidades publicas colombianas se ven obligadas a cobrar inscripciones, matrículas y otros conceptos, ya que esos recursos componen gran parte de sus deficitarios presupuestos de funcionamiento.  Si bien, como resultado de la política desarrollada desde abajo – por sectores sociales, estudiantiles, del profesorado y rectores a través de Sistema Universitario Nacional -, lograron que quienes desarrollan la política desde arriba, se comprometieran a incrementar el presupuesto para la educación superior, ello resulta, aún insuficiente para compensar la pérdida recurso que para el sector ha significado la implementación de la Ley 30 de 1992.

Como hemos visto, dos tipos de padres diferentes crean hijos igualmente diferentes: la democracia constitucional del siglo anterior ha creado los derechos fundamentales sociales y el estado social de derecho. Por su parte, el mercado siempre crea negocios, en búsqueda de utilidades, razón más que suficiente para que no se le permita administrar derechos, porque los termina convirtiendo en fuente de negocio. Pero para impedir que el mercado imponga su lógica, la política, el estado y el derecho tienen que estar por encima de él, con capacidad de delimitar cual es el espacio de libertad del mercado para que produzca sus ganancias y cuál es el espacio solo de la política del estado, en el que la protección de los derechos que no requieren prestaciones positivas y la promoción de los qué si las requieren, sean las únicas finalidades.    

NOTAS ADICIONALES:

  1. No soy hombre de lisonjas, pero sí de hacer reconocimientos: al rector de la Universidad de Córdoba, al gobernador de Córdoba, al alcalde de Montería y todos los alcaldes de los demás municipios de este departamento, que se unieron en el modelo de cooperación que permite a la Universidad de Córdoba anunciar gratuidad en la matrícula a los estudiantes antiguos, para el segundo semestre de este año.
  2. Ojalá se estabilice ese modelo de gratuidad y se convierta en la materialización de los mandatos del artículo 67 de la Constitución Política y del artículo 13 del PROTOCOLO ADICIONAL A LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES.
  3. Al (los) gobernador (es) y alcaldes de municipios certificados del departamento de Córdoba y de otros donde se alcancen a leer estas letras. Es su obligación hacer efectivo el artículo 18 de la Ley 115 de 1994: Ampliación de la atención. El nivel de educación preescolar de tres grados se generalizará en instituciones educativas del Estado o en las instituciones que establezcan programas para la prestación de este servicio, de acuerdo con la programación que determinen las entidades territoriales en sus respectivos planes de desarrollo”.