Nuevo escándalo en la Cámara de Comercio de Montería, salpica a uno de sus directivos

Este contrato por 738.588 millones de pesos con la firma Alliance Effort EU es solo uno de los que revisan las autoridades- Foto archivo particular- Revista Semana.

Se trata de Álvaro Segrith Sepúlveda Salgado, quien aparece como creador en 2008, de una de las empresas con las que la Cámara de Comercio realizó millonarios contratos.

En medio de las investigaciones adelantadas por los entes de control en lo concerniente con las presuntas irregularidades en millonarios contratos suscritos por la Cámara de Comercio de Montería, con cuatro empresas que tienen nombres internacionales, habría quedado al descubierto un nuevo escándalo.

Una de las empresas beneficiadas con dichos contratos, Alliance Effort, según los registros históricos de representantes legales, habría sido creada el 10 de septiembre del año 2008, por uno de los miembros de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio. Se trata de Álvaro Segrith Sepúlveda Salgado, quien actualmente, está separado del cargo por decisión de la Procuraduría Regional de Sucre.

En ese entonces, la empresa bajo el No. 20434 del libro IX, registró la constitución de la persona jurídica denominada: GESTIONES Y ASESORÍAS G-AS E.U., (Hoy Alliance Effort S.A.S), identificada con NIT 900.237.905-3, y como gerente justamente, aparecía el directivo antes referenciado. El dato hoy es materia de investigación por parte de las autoridades competentes.

De acuerdo con lo establecido en las denuncias inicialmente conocidas en este caso, Alliance Effort, en los últimos tres años, ha realizado contratos con la Cámara de Comercio de Montería, por valor de $3.398.131.500.

Cabe indicar que, el pasado 6 de Julio, miembros de la Fiscalía General de la Nación, se tomaron las instalaciones la Cámara de Comercio de Montería, atendiendo los actos urgentes, luego de que la Procuraduría Regional de Córdoba, le compulsara copias, por presuntas irregularidades en contratación por cerca 8.500 millones de pesos.

Por estos hechos fueron suspendidos del cargo por tres meses, el presidente Ejecutivo de la entidad, Félix Manzur Jattin y cuatro miembros de la Junta Directiva. Este informe fue publicado por W Radio.

Los 8.500 millones que la Cámara de Comercio de Montería asignó a dedo

Por su parte, Revista Semana también hizo pública la siguiente denuncia: Los 8.500 millones que la Cámara de Comercio de Montería asignó a dedo. En Córdoba, la clase empresarial está escandalizada con la feria de contratos en la Cámara de Comercio de Montería, con los cuales favoreció a un puñado de empresas fantasma.

La Cámara de Comercio de Montería (CCM) logró lo que parecía imposible: desplazar al coronavirus como el tema de mayor revuelo. En los últimos días, en Córdoba se habla con más preocupación del despilfarro detectado en ese ente que de la pandemia. El lío, en lo que va, involucra contratos por 8.500 millones de pesos y tiene contra la pared a Félix Manzur Jattin, presidente ejecutivo de la CCM y hermano de Jorge Manzur, exgobernador del departamento condenado por malversación. También recaen cuestionamientos contra Jorge Doria Corrales, presidente de la junta directiva de la Cámara y propietario de la comercializadora de autopartes Doriautos. A ambos los señalan de favorecer con contratos a cuatro empresas de papel.

Las firmas beneficiadas son Innovemp Korpershaft, Alliance Effort E. U., Prosjekt OG Forsk Colombia y Rechts & Steuern Corp. Todas con esnobistas nombres extranjeros pero afincadas en tierras ganaderas y desconocidas en la ciudad. Para colmo de suspicacias, dos de ellas, la primera y la última, figuran con la misma dirección. Entre 2016 y 2019 estas compañías acapararon el 90 por ciento de la contratación de la CCM. Y al preguntar qué hacen a cambio, la respuesta es “no mucho”.

Por lo general, los contratos tienen objetos vagos y con resultados poco verificables. Año tras año, sin estudio previo, han contratado charlas, encuestas e investigaciones que suelen concluir en etéreas ejecuciones, sin resultados concretos. Por ejemplo, los contratos 07/2017 y 007/2019, suscritos con Innovemp Korpershaft, ascendieron a 1.099 millones de pesos para la “asesoría, capacitación, sensibilización del comercio informal de Montería”. Nadie sabe de una conclusión, ni mucho menos si estos recursos sirvieron para formalizar un solo comerciante.

Tampoco se entiende por qué la CCM firmó contratos que terminaron en detrimento propio. En dos ocasiones le delegó a Alliance Effort E. U. el recaudo de la cartera morosa de la entidad. Los contratos 03/18 y 03/19 prueban que la compañía debía cobrar 193.371 millones de pesos, pero solo recaudó 7,9 millones de pesos. Es decir, la CCM contrató un cobrador que le hizo perder el 96 por ciento de la plata. Y, a pesar de tan mal negocio, este año la misma empresa hará nuevamente el recaudo, como estipula el contrato 04/20.

Los propios estatutos de la CCM ‘blindan’ el favorecimiento a estas compañías. El manual de contratación estipula que Félix Manzur, en su condición de presidente ejecutivo, goza de plenas facultades para contratar directamente. Montería no mueve tanto dinero como otras ciudades, pero el jefe de la Cámara de Comercio puede contratar hasta 1.000 salarios mínimos. Tres y cuatro veces más que sus homólogos de Pereira, Barranquilla, Medellín y Cali. En estas dos últimas, por ejemplo, el presidente ejecutivo puede contratar máximo 200 y 300 salarios mínimos, respectivamente.

Contactado por SEMANA, Manzur afirmó que siempre ha procedido con apego a la ley. Explicó que cada mes sube a la plataforma Sireci de la Contraloría los contratos suscritos, y que aunque tiene potestad para asignar directamente, sin más, lo hace evaluando ofertas. “Todo mi accionar operativo se ha enmarcado en los estatutos y normas”, dice. Los estatutos que Manzur menciona también disponen que él aprueba cualquier cambio a dicho reglamento.

La polémica ya escaló a los entes de control. A la Procuraduría le bastó echar un primer vistazo para tomar cartas en el asunto. Ordenó apartar provisionalmente de su cargo a Manzur Jattin, le inició una investigación disciplinaria y encontró que en al menos nueve de los contratos, las empresas adjudicatarias no tenían idoneidad ni capacidad financiera.

En una segunda decisión, el Ministerio Público suspendió también a Doria Corrales y a los demás miembros de la junta directiva, excepto aquellos designados por el Gobierno, que encendieron las alarmas. Por su parte, la Fiscalía entró a inspeccionar los papeles y ya hizo un importante hallazgo: Álvaro Segrith Sepúlveda, uno de los miembros suspendidos, fue en 2008 representante legal de Alliance Effort. Hasta donde se sabe, esa firma logró contratos por 3.398 millones de pesos. A medida que las autoridades examinan el rosario de contratos, brotan los pecados del despilfarro.

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