Prestadores de servicios de transporte ilegal serán sancionados con 700 smlv

Multas por el orden de los 700 salarios mínimos legales vigentes (smlv) serán impuestas a quienes operen vehículos particulares como si fueran de servicio público. Así lo ordenó la Superintendencia de Transporte a los alcaldes de 18 ciudades capitales, incluida Montería.

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Este requerimiento lo hace la Supertransporte debido al alza de vehículos particulares que en medio la pandemia se han sumado a plataformas como Uber, InDriver o Cabify, que a pesar de querer legalizarse ante la ley, el proyecto que las reglamentaba ha sido hundido tres veces en el Congreso.

Camilo Pabón, Superintendente de Transporte, además requirió el inicio de acciones judiciales y administrativas contra los sujetos que se vean involucrados en operaciones de transporte ilegal dentro de su jurisdicción.

“En estos 31 municipios está la mitad de la población del país, y sus alcaldes y funcionarios deben ser responsables de aplicar la ley para atacar con severidad ese fenómeno de ilegalidad que afecta dichas jurisdicciones”, dijo Pabón.

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