¿Qué ha pasado con el derecho a la vida en Colombia?

El derecho a la vida, desde generaciones remotas hasta la fecha, es el derecho  más importante y esencial de todo ser humano por cuanto es inherente a todo sujeto que hace parte de la raza humana y por ende cuenta con especial relevancia, dentro de la amplia complexidad  de derechos humanos.

 

Todos estamos de acuerdo y es además, de sentido común, afirmar que la vida es un derecho natural y en su calidad de derecho más importante ha sido protegido constitucionalmente aquí en Colombia, desde que surgió el Estado de derecho y ratificado en la convención américa de derechos humanos, en la declaración universal de derechos humanos, entre otros tratados y convenios internacionales ratificados por este país.

 

En virtud de la gran importancia del derecho a la vida, el Artículo 11 de nuestra Constitución Política de Colombia  reza: “El derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte”. Pese a la anterior normativa, desde el plano de la realidad no podemos contemplar un cabal cumplimiento de este predicado constitucional ya que constantemente se viola este precepto normativo desde formas leves hasta las formas más inimaginables por quienes entendemos la definición y el alcance del derecho innato a la vida, la cual no se trata solo de amparar la nuda vida o la integridad física de una persona, en sentido meramente biológico, sino de garantizar condiciones mínimas de dignidad en cuanto al ser humano que es, entendiéndose esto como un valor superior que el estado le atributo al derecho a la vida, ampliando  sus dimensiones, mas allá de la simple existencia biológica.

 

Se trata pues, de respetar y proteger a la persona en su integridad física, dignidad humana, y de garantizar estándares mínimos en salud y condiciones dignas que le permitan vivir una vida plena.

 

Lamentablemente, en el plano de la realidad la historia es otra.  La masiva y reiterada violación de este derecho fundamental en el País se puede deber a deficiencias en las garantías constitucionales y legales existentes  o la falta de inquisición y aplicación de los procedimientos penales deprecados en el código de procedimiento penal y demás concordantes del sistema penal acusatorio actual como también por  el aumento de bandas criminales y grupos armados al margen de la ley quienes no muestran una pizca de respeto por este derecho fundamental y están dispuestos a llevarse por delante a quien se le cruce en su camino.

 

Sin ánimo de mostrar  a fondo  la perjudicial polarización que se vive en Colombia, entre izquierda y derecha exageradas, quienes no estamos en ninguno de los extremos,  debemos procurar el equilibrio y el consenso que garantice unas condiciones mínimas de convivencia social y justa, basados en el respeto de los derechos fundamentales de nuestro prójimo; que nuestra sociedad pueda regresar a la cordura y que podamos entregar a nuestra descendencia algo imperativamente valiosos de nuestra ya decaída democracia en razón al nefasto quebrantamiento de los derechos humanos.

 

Por otro lado, existen  factores dañinos que nos afectan a todos; a la colectividad en su conjunto, con independencia de la orientación política o ideológica; y de si se estuvo o no conforme con determinados acuerdos de paz que cerrarían con broche de oro supuestamente el conflicto entre grupos armados ilegales y el gobierno Colombiano, que de todas maneras, aun para quienes no lo compartimos en todos sus aspectos, ha entrado a nuestro ordenamiento jurídico y está en vigor y debe ser cumplido por cuanto la ley, aunque sea dura y tallada de falible en ciertas circunstancias, es la ley y debe cumplirse, salvo que se demuestre su incongruencia o inconstitucional por los mecanismos legales-formales establecidos.

 

Ahora bien, ¿cómo es posible que la sociedad colombiana  (Gobierno, órganos de control, partidos, medios) no se inquieten ante la ruptura de un principio esencial de la democracia como el elemental derecho a la vida? ¿Cómo entender que no sea prioridad buscar el cese de la ola criminal desatada, en un macabro plan que se adelanta de manera sistemática, contra líderes sociales, defensores de derechos humanos, indígenas, desmovilizados y civiles en general?

Como bien se sabe, la actividad asesina en desarrollo no puede verse como algo normal en una sociedad civilizada y menos en un ESTADO SOCIAL DE DERECHO. La nuestra parece haberse acostumbrado, no solamente al diario reporte de personas muertas a manos de sicarios en distintos lugares del país, sino a la impunidad y a la vacía respuesta según la cual “se trata de hechos aislados”.

Es un hecho indudable que el Estado colombiano, por razones injustificadas,  ha perdido el control de la situación actual. El gobierno, encabezado por su actual mandatario, Es incapaz de garantizar el derecho fundamental  a la vida. Como si no existiera o como si no estuviese siendo vulnerado. Son varios los departamentos en los  que la vida de las personas está en permanente lance, y en los que la población sabe que no cuenta con la protección estatal y viven con constante miedo en su comunidad.

El artículo 11 de la Constitución proclama que el derecho a la vida -el derecho básico, sin el cual los demás son imposibles- es inviolable. Que no habrá pena de muerte, aunque la realidad indica que el liderazgo social -por ejemplo- ha pasado a ser motivo de “ejecución”, no se sabe por orden de quién o de quiénes. Hipótesis van y vienen, y el aparato criminal sigue actuando.

Adicionado a lo anterior, dice el preámbulo de nuestra  Constitución que ella fue establecida “con el fin de fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz”.

Como marco constitucional y normativo tenemos que, el artículo 2 superior señala que “son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución” y que “Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades”.

Reglas bien inspiradas, suenan amenas y están desarrolladas en la jurisprudencia, pero hoy en día: triviales; el Estado colombiano no ha podido y, como van las cosas, no las puede cumplir, dejando la anterior dogmática constitucional como letra muerta que no se aplica en la realidad colombiana como constitucionalmente debería ser.

 

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