Río Mataje: la oscura autopista del narcotráfico entre Colombia y Ecuador

Las vacunas, la obligación a sembrar coca y los asesinatos a las voces de protesta son el panorama de los cientos de habitantes que viven en las veredas alrededor de este caudaloso río, y que han sido testigos de los cientos de kilos de droga que se siembran y procesan en Colombia y llegan a Ecuador para ser vendías y emprender su recorrido a Centroamérica.

En su investigación, la revista Semana señaló que en esta zona no se distingue dónde termina un país y comienza el otro, lo único que se sabe es que “los dueños de la vida” de sus habitantes son una docena de grupos armados de la columna Oliver Sinisterra, disidentes de las Farc, quienes paradójicamente manejan establemente la económica del lugar a punta de drogas.

“La Oliver Sinisterra obliga a los campesinos al norte del departamento de Nariño, corregimiento de Llorente, a cultivar hoja de coca, a producir la base para cocaína y negociar con ellos a un precio cómodo. Un kilo de base es comprado a dos millones de pesos y vendido a los dueños de los laboratorios clandestinos en casi seis millones de pesos”, indica la investigación de la revista.

Dicha estructura criminal protege a los encargados de transformar en cocaína los insumos y luego ellos mismos se encargan de emprender los viajes a los centros de acopio en los puertos y aeropuertos del costado ecuatoriano, como Manta, Manabí y un poco más al sur, en Guayas y Puerto Bolívar, todo por el río Mataje.

De acuerdo con Semana, esta empresa de droga es financiada por los carteles mexicanos, que hacen fuerte presencia en los dos países. Según información entregada el coronel Mario Pazmiño Silva, exdirector de Inteligencia Militar de Ecuador, la droga se siembra en el lado colombiano, pero se comercializa en el lado ecuatoriano y todo el entramado de entrega para su exportación se da entre las provincias de San Lorenzo y La Esmeralda, territorio ecuatoriano.

En medio del negocio de las drogas está la población

Los cientos de pobladores han sido el escudo perfecto para que los disidentes de las Farc, la columna Oliver Sinisterra, logre su cometido delincuencial, según Semana en la vereda Puerto Rico, zona rural de Tumaco, Nariño, ellos obligan a los residentes a pagar una vacuna para construir una carretera en medio de la selva, para que los interesados en el negocio puedan entrar a comprar hasta el territorio. Uno de los interesados era Lucio Burbano Portilla, conocido como “El narco invisible del Pacífico” quien fue capturado el pasado 12 de noviembre, en Cali con una caleta de $8.744 millones de pesos en efectivo.

Un residente de la vereda le confirmó a la revista que mensualmente debe pagar cerca de $600.000 pesos para la construcción de dicha carretera, la cual según afirmó sería la opción B en caso de que los disidentes pierdan la guerra con el próximo cartel que se avecina a trabajar en la zona.

“Aquí nos citaron a todos y nos dijeron que viene un nuevo grupo y que muy probablemente haya combates”, indicó la fuente al medio.

En la frontera busca abrirse paso la estructura conocida como Los Contadores, fundada por Albeiro Arrigui, alias Contador, en zona rural de Barbacoas y que cuenta con más de 300 hombres bien armados y el apoyo económico del cártel de Sinaloa. Es la estructura más grande de narcotráfico al suroccidente colombiano.

“Los soldados, que saben del peligro de la zona, llegan hasta cierto punto, de ahí no pasan, porque el caserío Puerto Rico está sitiado con minas antipersonal y los guerrilleros lo están viendo todo y ellos saben quién ayudó y quién no y luego se la cobran”, detalló la fuente a la revista Semana.

Ya en el costado ecuatoriano, en la provincia de San Lorenzo, se ven lanchas rápidas y de embarcaciones de bajo perfil con plátano, coco y camaroneras bien selladas. “La droga está entre los camarones. Eso todo el mundo lo sabe aquí, hasta la Policía, pero nunca hacen nada”, le contó a Semana una de las personas encargadas de transportar el cargamento.

Por su parte, el periodista ecuatoriano, investigador y analista en temas de seguridad Arturo Torres plantea que en los 586 kilómetros de frontera terrestre entre ambos países operan más de 20 grupos armados ilegales, entre disidencias de las Farc, ELN, células narcotraficantes y herederos de los paramilitares. “Esa zona no está controlada por ninguno de los dos Estados, hay un control simulado que no logró diezmar el negocio del narcotráfico.”

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