Sobre el régimen de carrera y pensional de los docentes oficiales

Gustavo Garnica. Columnista de Río Noticias.

En la actualidad en nuestro país subsisten tres regímenes laborales o de carrera para los docentes oficiales de la educación media y básica, pues otro es el régimen de quienes se desempeñan al servicio de la educación superior. El primero representado por el Decreto N° 2277 de 1979, que fue una de las grandes conquistas del magisterio colombiano, cuyo origen y fundamento se remonta a la marcha del hambre, que este 24 de septiembre cumplió 54 años, cuando en 1966 los profesores marcharon 1.600 km entre Santa Marta y Bogotá.

El otro régimen de carrera lo encontramos en el Decreto 1278 del 19 de junio de 2002, que cobija a todos los docentes vinculados a partir de la publicación de este; con el cual, sin duda, el gobierno de la época buscaba entre otras cosas, romper la unidad del magisterio y por lo tanto de la FECODE y de los sindicatos regionales de profesores, y ahora de trabajadores de la educación en general.

Existe un tercer régimen laboral docente que no ha sido completado a nivel regulativo, y es el de los educadores ubicados en territorios indígenas que atienden a esta población.

Son diversas las diferencias entre uno y otro régimen de carrera, en cuanto a su ingreso, permanencia y causales de retiro, que por su especificidad resulta difícil detallar en este escrito, por lo que solo señalamos que cada uno de los regímenes trae un escalafón docente, que en el caso del Decreto 2277 de 1979 se compone de catorce grados (14°), de los cuales en la actualidad solo son funcionales desde el séptimo (7°), siendo posible los ascensos por tiempo (dependiendo de los grados en que se produzca), estudio (cursos específicos que confieren créditos requeridos para ascensos entre ciertos grados, estudios de pregrado o posgraduales que confieren mejoramiento académico), o producción académica.

En el régimen contenido en el Decreto 1278 de 2002, hay un escalafón compuesto por tres grados (3°) verticales, entre los que se asciende de acuerdo a tiempo de servicio, título académico posgradual y concurso; y también, de cuatro niveles horizontales –A, B, C, D– por cada grado entre los que se permite una reubicación salarial.

Es de anotar que en el régimen de carrera del Decreto 2277 de 1979 podemos encontrar en su mayoría docentes nombrados en propiedad y muy escasamente docentes provisionales, mientras que entre los educadores indígenas la provisionalidad aún se impone. En el caso de educadores regidos por el Decreto 1278 de 2002, encontramos docentes provisionales, nombrados en periodo de prueba y propiedad.

Estos son regímenes específicos de carrera, diferenciados del régimen de carrera administrativa, en los cuales no se incluyen regulaciones prestacionales, lo que se regula a través de otras normativas.

En materia de cesantías, la Ley 91 de 1989 ha distinguido entre los docentes nacionales –quienes fueron nombrados directamente por el Ministerio de Educacion Nacional o por medio de convenios en los que se determinaba que la naturaleza de los docentes nombrados sería esa-, a los que se les aplica el régimen de liquidación anualizada, esto es, se le liquidan de conformidad con el salario de cada año, y se les reconoce intereses sobre estas, de acuerdo con el acumulado del DTF (que es la tasa para depósitos a término fijo), cuyo porcentaje resulta siempre inferior al 12% con el que se liquidan los intereses de cesantías a la generalidad de trabajadores cobijados por el mismo régimen de anualidad. Esto representa un trato discriminatorio para con estos docentes, pues la existencia de un régimen, ya sea especial, especifico o excepcional se justifica en tanto en cuanto contenga regulaciones más favorables respecto del régimen general que aplica a la mayoría de los trabajadores, pero no en lo que respecta a previsiones cualitativa o cuantitativamente menos favorables.

A los docentes nacionalizados –que son aquellos acogidos por el proceso de nacionalización de la Ley 43 de 1975 y los nombrados con posterioridad con el visto bueno del Ministerio de Educacion Nacional– el régimen de cesantías les varía dependiendo de la fecha de vinculación. Si es hasta el 31 de diciembre de 1989 – inclusive -, se les aplica régimen de liquidación retroactiva, esto es, se liquidan con el último salario devengado o con el promedio del último año si aquel ha variado durante los últimos tres (3) meses, y al ser un régimen ampliamente más favorable que el anualizado, no se le liquidan intereses. Los nacionalizados con vinculación desde el 1° de enero de 1990 son regidos por el régimen de liquidación anualizado, ya comentado en el caso de los docentes nacionales.

Hay una categoría de docentes, los territoriales, que surgieron luego del proceso de nacionalización de la educación, cuando las entidades territoriales los vincularon sin el visto bueno del Ministerio de Educacion Nacional, la mayoría de las veces bajo formas defraudadoras de los derechos laborales de estos, a través de Ordenes de Prestación de Servicios –OPS-, por espacio de diez –10– meses al año, sin el pago de prestaciones y con salarios inferiores al que se indicaba en los decretos de salarios, de acuerdo con el  grado del escalafón que ostentaba cada docente.

Esta forma de vinculación irregular se extendió hasta el año 2003, a pesar de que la Corte Constitucional mediante sentencia C –  555 de 1994 la había prohibido y establecido una presunción en favor de los docentes contratados, indicando que debajo de esos contratos se escondía una autentica relación laboral que si bien no les otorgaba la estabilidad como empleados públicos, si les hacía merecedores al reconocimiento de todos los derechos y prestacionales laborales por su labor docente en el sector oficial, lo que incluye la validación de ese tiempo para efectos pensionales.

A estos docentes, en materia de cesantías se les viene aplicando el régimen anualizado, sin importar que para la generalidad de los empleados y trabajadores del sector publico territorial, ese régimen solo se estableció para quienes se vincularon a partir de la entrada en vigencia de la ley 344 de 1996, que se produjo el 31 de diciembre de esa anualidad. Sin embargo, algunas decisiones judiciales, como en el departamento de Bolívar, han sido favorables para los docentes territoriales vinculados antes del 31 de diciembre de 1996, en reconocerles el régimen de liquidación retroactiva, aun en contra de las últimas sentencias proferidas por el Consejo de Estado que han sostenido la tesis contraria.

En materia pensional, vamos a indicar, que lo que determina el régimen aplicable es la fecha de vinculación al magisterio oficial, sin importar su tipo –contratado, OPS, provisional, en periodo de prueba, en propiedad-. El artículo 81 de la Ley 812 de 2003 y la jurisprudencia del Consejo de Estado al respecto, han determinado que los docentes vinculados a partir de la entrada en vigencia de esa ley, el 26 de junio de 2003, se rigen por el régimen pensional contenido en la Ley 100 de 1993 –reformada por la Ley 797 de 2003-, con la única especificidad de que la edad para que hombres y mujeres puedan acceder a su derecho pensional, es de 57 años, más las 1300 semanas de cotizaciones requeridas.

Por su parte, los docentes con vinculación, como docentes, antes del 26 de junio de 2003, se rigen de acuerdo con el régimen pensional anterior que le sea aplicable, que generalmente es la Ley 33 de 1985, cuyos requisitos para cumplir el estatus pensional son 55 años de edad –hombres y mujeres– y 20 años de servicios en el sector público, que puede incluir tiempo laborado en otras entidades en actividades no docentes.

Pero también puede ocurrir, que un docente con vinculación anterior al 26 de junio de 2003 complete los veinte –20– años de servicios con tiempo o cotizaciones derivadas de un vínculo laboral con particulares –sector privado-, caso en el cual, ya no es la Ley 33 de 1985 la que gobierna su situación pensional, sino la Ley 71 de 1988, ya que se trata de una pension por aportes, en donde se produce una variación en cuanto a la edad pensional para los hombres. Mientras se mantienen los 55 años como requisitos para las mujeres, para los hombres la edad requerida es de sesenta –60– años – en esta modalidad de pension por aportes.

Las claridades que se deben hacer y las diferencias que se deben remarcar entre los docentes que por su vinculación anterior o a partir del 26 de junio de 2003 son las siguientes:

  • Docentes con vinculación anterior al 26 de junio de 2003:
  • Se pensionan de acuerdo con la Ley 33 de 1985, a los 55 años de edad –hombres y mujeres-, siempre que acumulen veinte –20– años de tiempo laborado sea con el sector público; y el sustento normativo es la Ley 33 de 1985.
  • También puede ocurrir que completen los veinte –20– años de servicios con tiempos laborados al sector privado o con cotizaciones a fondos de pensiones surgidas con ocasión de esos vínculos laborales particulares; caso en el cual la pension se denomina por aportes –Ley 71 de 1988–. La edad pensional para las mujeres se mantiene en cincuenta y cinco –55- años, y para los hombres se aumenta hasta los sesenta –60– años.
  • En ambos casos la pension se liquida con el 75% del promedio salarial del último año de servicios, sin incluir las primas de navidad y vacacional recibidas por los docentes.
  • Tienen la compatibilidad entre pension y salario –Decreto 224 de 1972-, por lo que pueden pensionarse y seguir laborando hasta cumplir la edad de retiro forzoso, que es de setenta –70– años -.
  • Docentes con vinculación a partir del 26 de junio de 2003:
  • Se pensionan de conformidad con la Ley 100 de 1993, a los 57 años de edad, indistintamente mujeres y hombres.
  • La pension se liquida con el promedio del salario sobre el que se ha cotizado durante los últimos 10 años.
  • El monto de la pension inicia con el 65% por las primeras 1300 semanas cotizadas y puede incrementarse en un 1.5% por cada 50 semanas adicionales, hasta llegar a un máximo del 80%.
  • No hay compatibilidad entre pension y salario, por lo que el disfrute de la pension solo comienza cuando el docente se retira del servicio.

NOTAS FINALES:

  1. Lo anotado no es ninguna novedad, está establecido desde el año 2003 en la Ley 812 de 2003, y son muchos los docentes del país, incluyendo el Departamento de Cordoba, los que ya gozan de su pension con las características anotadas.
  2. Si bien se ha conseguido en algunos casos el reconocimiento de este tipo de pension por vía administrativa, la generalidad es que se debe adelantar dicho trámite inicial – que demora aproximadamente cuatro (4) meses– desde que se radica la petición, y luego acudir al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, cuya duración es incierta, debido entre otros factores, a la morosidad de la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
  3. Hay también múltiples decisiones judiciales ya proferidas, a nivel local, por juzgados y Tribunales administrativos, además por parte del Consejo de Estado.
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