Tutela de Andrés Felipe Arias desde lo jurídico a lo político

Artículo de opinión de: Gustavo Garnica.

Desde 1948, con la creación de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la suscripción en abril de ese año, de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, encontramos los antecedentes del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos (SIPDH), cuyo origen podemos ubicarlo en 1959 con la creación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El documento jurídico más importante de este sistema es la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), conocida como Pacto de San José de Costa Rica por haber sido suscrita en esa ciudad el 22 de noviembre de 1969; en la cual se consignó un listado de derechos a proteger y se creó un órgano judicial para hacerlo a nivel continental. Ese órgano es la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).

Nuestro país aprobó la CADH mediante la Ley 16 del 30 de diciembre de 1972, norma esta que entra en vigencia el 05 de febrero de 1973, cuando es publicada en el Diario Oficial, pero la CADH solo entra en vigor el 18 de julio de 1978, fecha desde la cual estamos obligados por y a ella.

En nuestro sistema jurídico se acoge esa normativa internacional bajo la categoría de bloque de constitucionalidad, que son normas de rango constitucional que no nacieron con la Constitución misma, sino que son acogidas e incorporadas como constitucionales.
En el artículo 8° de la CADH se establecen las “Garantías Judiciales” a que tiene derecho toda persona, especificando en el literal h) uno de ellos: “derecho a recurrir del fallo ante juez o tribunal superior”.

Quiere esto decir, que desde el 18 de julio de 1978 Colombia tiene la obligación de garantizar que los fallos penales y de todo tipo, puedan ser recurridos por el destinatario de estos, ante juez o tribunal superior; o como lo dijo la CorteIDH en el caso Liakat Ali Alibux vs Suriname, ante el mismo Tribunal cuando no exista dentro de la configuración judicial de cada Estado un superior jerárquico del que profirió la decisión – Corte Suprema de Justicia en Colombia-, siempre que se establezcan salas de primera y segunda instancia.

En la Constitución de 1991 se le asignó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) – máximo Tribunal de la justicia ordinaria en nuestro país (Art. 234 C.P.) – la competencia para juzgar a ciertos funcionarios que gozan de fuero; e investigar y juzgar a los congresistas (Arts. 186 y 235 de la C.P.) quienes son igualmente aforados; pero no se estableció la doble instancia o la garantía de impugnar las decisiones que en materia penal se profirieran en su contra. Esta no previsión constitucional sin duda contraría la garantía mínima que en materia judicial se consignó en la CADH – artículo 8, literal h – aprobada por Colombia y la cual nos comprometimos a acoger y cumplir.

Nuestro ordenamiento jurídico solo con el Acto Legislativo 01 de 2018 se adecua a lo establecido en la CADH – literal h, del artículo 8° -, en materia de garantía de la doble instancia, doble conformidad o la posibilidad de impugnar decisiones penales por parte de aforados, cuya investigación y juzgamiento es competencia de la CSJ. Este Acto Legislativo – que es una reforma constitucional – modifica los artículos 186, 234 y 235 de la Constitución Política de 1991 y como ya lo habíamos indicado, nos ubica en igualdad de condiciones en materia de protección de garantías judiciales a las que establece el SIPDH.

La Corte Constitucional ya había proferido algunas sentencias de revisión de tutelas, tutelando ese mismo derecho a no aforados a quienes en primera instancia un juez o Tribunal de Distrito Judicial lo absolvió en primera instancia y en segunda instancia había sido condenado; caso en el cual, esa condena, aunque había sido proferida en segunda instancia no había podido ser apelada (Sentencias T – 792 de 2014, SU – 217 de 2019) La sentencia de tutela proferida en el caso de Andrés Felipe Arias (AFA) – cuyo contenido no conocemos, sino los detalles que se han entregado en el comunicado de la corte – no es la primera en su especie, proferida en favor de un congresista condenado por la CSJ.

Como antecedente encontramos la SU 373 de 2019, en la cual se le ordena a la CSJ dar trámite al recurso de apelación presentado por el accionante, en contra de la sentencia condenatoria proferida en única instancia.

Desde el punto de vista jurídico y con el marco de nuestro Estado Democrático y Constitucional de Derecho, las decisiones de garantía de doble instancia dadas en sede de tutela, obedecen al análisis que le correspondió hacer a la Corte Constitucional, respecto de lo determinado en la CADH, lo que se conoce como control de convencionalidad y son plausibles tales decisiones.

Lo que no resulta razonable ni jurídicamente aceptable a la luz del Derecho Internacional, es que la Corte indicara que el estándar de protección de la garantía de impugnar las decisiones penales en contra, solo se configuró el 30 de enero de 2014, cuando la CorteIDH profirió la decisión que ya anotábamos en el caso Liakat Ali Alibux vs Suriname. Esta parte de la decisión de la Corte Constitucional desconoce la Convención de Viena – Derecho de los Tratados -, en donde establece el principio de pacta sunt servanda, según el cual estamos obligados a cumplir plenamente los tratados que ratificamos. Si aprobamos y nos acogimos a la CADH mediante la Ley 16 de 1972 – sin reservas -, y esta convención entró en vigor el 18 de julio de 1978, por qué la Corte Constitucional limita los efectos del artículo 8° literal h, solo a partir de cuándo se produce un precedente, esto, cuando se resuelve un caso. Los precedentes o casos resueltos por la CorteIDH no son los que les dan vigor a las normas de la CADH.

Las decisiones de los casos contienen criterios interpretativos de las normas de la CADH, que ya se encuentran vigentes desde la fecha que hemos anotado. Hasta aquí hemos hecho un análisis jurídico de la tutela de AFA y otras decisiones similares.

Ahora analicemos desde lo político. Cómo llega la Corte Constitucional a seleccionar precisamente esa tutela, de entre miles que llegan diariamente a la corte para su revisión. Será por la importancia jurídica del tema, por influencias, por corrupción. Son respuestas que solo la Corte tiene y que no estamos en condiciones de dar.

Lo que sigue ahora es que la CSJ surta la impugnación de la sentencia proferida en única instancia, de acuerdo con lo establecido en el Acto Legislativo 01 de 2018. Esa garantía de revisión de la sentencia de ninguna manera puede suponer una garantía de absolución. Esta instancia se debe desarrollar con el respeto al debido proceso sí, pero también respetando la autonomía judicial de la CSJ, lo cual implica cero interferencias de los otros poderes.

Recordemos que la división de poderes desde las teorías contractualistas de surgimiento del Estado, constituye un límite al poder, como garantía de derechos. En ese momento de la libertad, la vida y la propiedad; y ahora de los derechos fundamentales como legitimadores del sistema democrático.

Cualquier intervención del ejecutivo en este proceso y a la vez del legislativo, con miras a garantizar una decisión favorable para AFA implica de suyo un resquebrajamiento del Estado Democrático de Derecho.

La función del ejecutivo en este caso y en todos los otros que se presenten en el mismo sentido, debe ser la de garantizar presupuestal y funcionalmente la independencia de la rama judicial y específicamente a la CSJ, para que pueda implementar en debida forma lo establecido en el Acto legislativo 01 de 2018.

Por su parte el legislativo debe expedir la Ley Estatutaria para regular los procedimientos, sin que esta pueda luego llamarse, como desde un principio se ha conocido: ley Andrés Felipe Arias, por la motivación que ha tenido.

La decisión de la Corte Constitucional y el proyecto de ley que se debate en el congreso no pueden significar el favorecimiento a una persona, a varios de ellos o a todos los aforados condenados en única instancia por diferentes actos, a costa del debilitamiento de la CSJ y del Estado de Derecho mismo.

La Ley que se debe expedir y está cursando en el Congreso, para regular la garantía de impugnación de las sentencias en segunda instancia para aforados, solo debe regular los procedimientos. Cualquier intención adicional de favorecimiento resulta tan contraria a derecho como el no establecimiento de esa garantía.

Debe tener en cuenta el Congreso, que así como se produjo la reforma constitucional para garantizar la segunda instancia en los casos antes anotados y se produjo el fallo en el caso de AFA, con fundamento en una normativa internacional cada vez más articulada con la interna, también hay instancias en ese derecho que regulan y protegen principios básicos para la humanidad como el principio democrático y son garantía para la existencia de los estados en términos de democracia y de respeto al derecho de todos y no solo en favor de un grupo privilegiado.

Ante cualquier decisión legislativa en materia de la Ley Estatutaria para regular la segunda instancia en los casos anotados, que se aparte de los principios en que se sustenta nuestra democracia, tiene la obligación la Corte Constitucional de ejercer el control judicial en abstracto, así como lo hizo en concreto en el caso de AFA.

Anotaciones finales:

  1. Hay una discusión acerca de si hay cosa juzgada en los casos fallados en única instancia y yo pienso que no, por lo menos no cosa juzgada material, pues se profirieron con un marco de protección de garantías judiciales inferior al estándar que se establece en la Convención Americana de Derechos Humanos.
  2. No solo la Convención Americana protege la doble instancia, también lo hace: i) el Pacto Internacional de Derechos Civiles y políticos: ii) el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

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