Una reactivación económica del sector construcción, una medida realmente no tan viable

Artículo de opinión de : Héctor Espitia Hernández

Cómo es bien sabido estamos atravesando una situación de pandemia, la cual por sí sola ya es demasiado grave,  adicional al tiempo que ya tenemos de “encierro”, o como dicen por ahí algún mandatario “cuidándonos”, lo cual impide salir a trabajar en busca del sustento para nuestras familias; por lo tanto, toca echar mano de los ahorros que se tienen, los cuales a estas alturas ya han mermado o en su defecto se acabaron; otros tantos se ven en la obligación de seguir contrayendo deudas con el sector financiero a través del uso de las tarjetas de crédito (Cuya tasa de interés no evidencia el famoso alivio financiero del que tanto se ha hablado). Lo que implica que el hecho de salir a trabajar ya no queda cómo una opción, sino que se convierte en una necesidad… una obligación.  Con colegas y amigos se habla acerca del tema, se busca información en noticieros, en redes sociales, incluso se leen documentos inéditos donde se manifiesta abiertamente la preocupación por la situación económica actual y el futuro del gremio de la construcción.  Tomando como base todas estas manifestaciones, me permito plantear lo siguiente:

El gobierno ha manifestado que gradualmente va a reactivar la economía, que inicialmente lo harán dos sectores;  entre esos la construcción, cómo gran impulsador de la economía nacional será de los primeros en reiniciar actividades, pero detrás de esa aprobación, o esa medida de reactivación de la economía que muchos veríamos como una tabla de salvación, si la analizamos bien, realmente es una medida que tiene muchos “micos”, que le cargan las responsabilidades económicas no contempladas directamente a los empresarios y/o emprendedores a los que les van dando luz verde para reiniciar.

En aras de proteger la salud y bienestar de la población que saldría a retomar actividades, se deben cumplir una serie de requisitos los cuales están disponibles en unas páginas WEB que el estado ha puesto al alcance de las empresas interesadas en reiniciar actividades; las empresas deben inscribir sus protocolos de bioseguridad, los cuales deberán estar a tono con las exigencias de una serie de Decretos y resoluciones expedidos.  Hasta ahí, vamos bien.

No obstante, cuando ya nos vamos a la práctica de todas estas medidas preventivas que como contratistas tenemos la obligación de acatar para proteger y salvaguardar la vida de nuestros empleados y la de todas las personas que entran en contacto con nosotros, principalmente nuestros familiares,  inevitablemente tenemos que echar una mirada a la parte económica que esto implica; acatar las nuevas normas de bioseguridad y la implementación de los protocolos, tiene unos altos costos directos y administrativos no contemplados, (esto hablando de los contratos de obra que están en ejecución), puesto que nadie proyectó un presupuesto de obras pensando en una posible futura pandemia.

 Revisando las exigencias que tiene el estado para poder reiniciar las obras, está el decreto 593 de 2020, y a resolución 666 del 24 de abril de 2020, la cual muchos municipios han copiado, donde se encuentran entre otros los siguientes requisitos:

  • En las obras no pueden estar más de 10 personas trabajando, esto para garantizar el distanciamiento social que dice que entre personas no debe haber una distancia menor a 2.0 mts.

Esto obligaría a un atraso, lo que necesariamente conlleva a una reprogramación, y por consiguiente a una solicitud de prórroga, para lo cual se debe renovar o actualizar las pólizas que al inicio de la obra se expidieron, o en su defecto, implementar más jornadas laborales, que incluyen horas extras, lo que traduce esto, más costos directos y administrativos.

  • Implementar un Profesional a cargo del PAPSO (Plan de Aplicación Protocolo Sanitario de Obra).

 Este personaje, no siempre hace parte del equipo de trabajo en las obras, ahora toca contratarlo para cumplir con los requisitos, ¿qué significa esto?… más costos administrativos no contemplados.

Si revisamos algunos de los actos administrativos originados a partir de la emergencia sanitaria que buscan regular y mitigar el contagio del Covid-19, hallamos que la Resolución 666 de 24 de abril de 2020, entre otras cosas resuelve lo siguiente:

  • “Adicional a las medidas de uso adecuado de tapabocas, lavado de manos y distanciamiento físico, y teniendo en cuenta los mecanismos de diseminación del virus (gotas y contacto), el protocolo determina que se deben fortalecer los procesos de limpieza y desinfección de elementos e insumos de uso habitual, superficies, equipos de uso frecuente, el manejo de residuos producto de la actividad o sector, el adecuado uso de Elementos de Protección Personal (EPP) y optimizar la ventilación del lugar y el cumplimiento de condiciones higiénico sanitarias.”

Estas medidas implican unos costos administrativos adicionales, los cuales van en detrimento económico del contratista.

  • Así mismo, el protocolo establece lineamientos para el manejo de residuos, interacción en los momentos de alimentación, trabajo en casa, interacción con terceros, desinfección y desplazamientos, entre otros. Todos de cumplimiento inmediato y por el tiempo que dure la emergencia sanitaria en el país.  (tomado de la resolución 666 de 24 de abril de 2020)

En lo que tiene que ver con lo resaltado en negrillas, (desplazamientos), para no colapsar el sistema de transporte público (que no debe superar el 35% de ocupación) muy “generosamente” el estado propone que el contratista proponga una solución sobre el medio de transporte para que los empleados puedan desplazarse hacia y desde la obra, sin que estos puedan utilizar el sistema de transporte público. ¿Será que estos señores gobernantes se habrán tomado el trabajo de cuantificar por cuanto le sale a un contratista hacer un convenio de transporte con una empresa, para cumplir con la exigencia de transportar todo su personal?, si piensa en un taxi como alternativa, ¿cuantas personas se permiten en un taxi con la medida del distanciamiento social?, ¿cuantos taxis debería pagar a diario el contratista para transportar a su personal? Esto es inviable, económicamente hablando.

Los ejemplos anteriores se refieren a aquellos contratistas que están “legalizados” ya sean personas naturales o jurídicas, quienes están inscritos en las respectivas cámaras de comercio de las ciudades donde residen, y que además cuenten con la capacidad económica de implementar esos protocolos.  Sin embargo, nos asalta la inquietud: ¿Qué pasa con el profesional de la construcción, aquel al que no le llega ningún tipo de ayuda estatal; es decir, el pequeño constructor que trabaja en obras de menores cuantías, de las cuales depende todo su equipo de trabajo como maestros de obra, oficiales, ayudantes, plomeros, electricistas y pintores, que tenía una remodelación, o estaba a cargo de una obra pequeña? ¿Qué opciones contempla el gobierno para que esta gran cantidad de pequeños constructores puedan dar cumplimiento a la resolución 666 de 24 de abril de 2020, a fin de darle cumplimiento e implementar los protocolos de bioseguridad, siendo que no cuentan con los recursos económicos para tal fin?

Así las cosas, nace la pregunta: ¿A quién se le cargan todos estos altos costos adicionales? ¿Los podría asumir el contratista? ¡En definitiva y por lo anteriormente descrito, no es una opción! ¿los asume el contratante? ¿Los asume el estado por tratarse de una situación de salud pública?

Los involucrados a toda costa lucharán por no asumir estos costos y buscarán que los[CNT1]  asuma el otro, …Nadie quiere esa papa caliente!!!


 [CNT1]